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Por: Raúl Contreras Bustamante
Hace unos días se dieron a conocer los resultados de algunas evaluaciones internacionales de instituciones de educación superior. La prestigiada empresa británica QS World University Rankings 2020, coloca a la UNAM como la mejor de México y una de las dos mejores universidades de toda Iberoamérica, sólo por detrás de la Universidad de São Paulo. Por su parte, en el ranking de Impacto de The Times Higher Education, la máxima casa de estudios ocupó el lugar 62 de entre 766 Universidades de todo el mundo.
Este reconocimiento es motivo de enorme orgullo no sólo para la comunidad de la universidad de la nación, sino también para el país entero, pues es un claro ejemplo de que apostar por fortalecer la educación pública genera magníficos resultados.
La noticia anterior contrasta con declaraciones provenientes de universidades autónomas de algunos estados, que han informado de las dificultades que enfrentan en materia presupuestaria. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha visto obligada a dejar de pagar sueldos, aguinaldos y prestaciones a sus trabajadores y la Universidad Autónoma de Sinaloa ha priorizado el pago de salarios y aguinaldos de su personal, pero dejará de cubrir obligaciones, como becas académicas, por citar ejemplos.
En anteriores colaboraciones hemos insistido que la educación es un derecho humano y fundamental. Por iniciativa de la presente administración, se promovió una reforma constitucional al artículo 3º, que señala que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado y que las autoridades —federal y locales— deberán velar su cumplimiento.
Esta reforma de avanzada que pone a México en un lugar primordial a nivel internacional por su determinación, debe ser fortalecida en los hechos y dar paso a acciones concretas que la garanticen.
Porque si bien han existido aumentos presupuestales en los últimos años para las universidades públicas, éstos no han superado la inflación o apenas lo han hecho, con lo cual cualquier aparente incremento se desdibuja en los hechos.
El problema de que la educación superior dependa de una condición de viabilidad financiera restringida por aspectos económicos y políticos de parte de legisladores o gobernantes, es ignorar la obligación de progresividad que como derecho humano acompaña a la educación. Y además, es un recurso que desde hace mucho tiempo se ha utilizado como factor limitante de la autonomía de las universidades públicas.
La progresividad presupuestaria en materia educativa implica mejorar las condiciones para el goce de este derecho humano y también que el Estado no puede revertir esta protección y las medidas financieras adoptadas no deben ser transitorias o sujetas al arbitrio de las coyunturas económicas, pues deben ser permanentes.
No se trata de desconocer la realidad económica de la época, sino de reiterar el hecho de que destinar recursos para la educación no debe representar uno más de los gastos gubernamentales, sino una inversión estratégica para el desarrollo de cualquier sociedad.
Sólo si se fortalecen los presupuestos de las instituciones de educación pública superior, se podrá conseguir que más universidades del país cumplan a cabalidad con su misión estratégica al servicio de la sociedad y sean reconocidas como instituciones de excelencia.
No olvidemos que el constitucionalista alemán Karl Loewenstein decía que los derechos humanos, como meras declaraciones semánticas, resultan ser sólo un disfraz de la realidad.
Como Corolario, la definición del rector Enrique Graue: “La autonomía universitaria no es sólo una libertad esencial, sino un bien público para la nación”.
