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RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE
Con el objetivo de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y evitar su enésima reelección, Francisco I. Madero en 1910 proclamó el Plan de San Luis, cuyo lema Sufragio efectivo, no reelección se convertiría con el paso del tiempo en uno de los dogmas fundamentales del constitucionalismo mexicano.
En el año de 1933 —años después del asesinato de Obregón, quien ya había sido reelecto— se modificó la Constitución para determinar de nuevo la no reelección absoluta del Presidente, se amplió el mandato presidencial a seis años y se ordenó el impedimento a la reelección de los legisladores para periodos inmediatos y el mandato de los diputados se amplió de dos a tres años.
El impedimento constitucional para la reelección de los legisladores para el siguiente periodo permitió durante años una mayor capilaridad social y la renovación de cuadros en los partidos políticos, porque obligaba a que las dirigencias buscaran una militancia más amplia.
Fue hasta 2014 en que se abrió la posibilidad de volver a reelegir a los legisladores de forma inmediata. En el caso de los senadores hasta por dos periodos y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos. Es decir, pueden llegar a permanecer en la curul o el escaño hasta por doce años.
La reglamentación de la reelección legislativa inmediata quedó inconclusa, ya que los legisladores jamás aprobaron una norma secundaria y ante la omisión, a finales del año pasado el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos sobre reelección de diputaciones para el Proceso Electoral 2020-2021.
Este acuerdo aprobado señala que no será necesario que las diputadas y diputados que busquen la reelección en este año se separen del cargo para ser electos por un periodo adicional.
Esta situación llama la atención, ya que estamos ante la presencia de una evidente falta de equidad en la contienda, pues seguirán percibiendo su sueldo y los diferentes apoyos económicos que disfrutan, así como la protección que el fuero legislativo les confiere.
Lo anterior compromete el principio de equidad en las elecciones —uno de los valores más buscados por la democracia mexicana en su historia reciente—, pues los ciudadanos que busquen la diputación no contarán con ninguno de estos apoyos.
Las noticias de prensa señalan que 448 de los 500 diputados federales buscarán reelegirse, es decir el 92 por ciento. Esto significa que volverán a ser postulados por los mismos partidos políticos para distritos de mayoría o también de listas por circunscripciones plurinominales.
La presión que debe haber resentido el INE se debe a que las campañas políticas para las elecciones que se realizarán el 6 de junio de este año, se empalman con el último periodo ordinario de sesiones del Congreso, que se deberá celebrar del 1º de febrero al 20 de marzo.
Los estudios de opinión señalan que los ciudadanos no sabemos o recordamos el nombre de los legisladores por los que votamos en la pasada elección ni conocemos cuál fue su desempeño en el Congreso, lo que hace dudar de manera seria la conveniencia de su reelección. Parece más bien que será una canonjía de las dirigencias de los partidos políticos para eternizar a sus militantes preferidos.
El principio emanado de la Revolución Mexicana de la no reelección tendrá un nuevo capítulo en la historia electoral del país, que mal empieza porque parece un retroceso en la lucha democrática del sistema electoral mexicano.
Como Corolario la frase irónica del escritor norteamericano Ambrose Gwinett Bierce. “El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros”.
