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El Gobierno de Estados Unidos mantiene que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un “dictador” y, por tanto descarta que pueda haber un “contacto directo” con su Administración a corto plazo, entre otras razones porque considera que el opositor Juan Guaidó es el “presidente interino” del país.
Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como mandatario ‘encargado’ de Venezuela -en enero de 2019- y, pese a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, seguirá en la misma línea. Así, tampoco considera válidas las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo en diciembre y sostiene que Guaidó y su Asamblea Nacional -“la última institución democrática que queda”- siguen siendo los poderes legítimos.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, señaló a la “represión, corrupción y mala gestión” de Maduro como responsable “de una de las crisis humanitarias más graves que ha visto el hemisferio” occidental, y que Washington sigue defendiendo una “transición democrática pacífica” en Venezuela.
Esta transición pasa por “elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas”, “para ayudar a los venezolanos a reconstruir sus vidas y su país”, en palabras de Price. “Los venezolanos tienen derecho a la democracia y a un gobierno que la promueva y defienda”, dijo en rueda de prensa.
Según Price, Biden prometió protección para los venezolanos huidos y sanciones contra los dirigentes chavistas “implicados en corrupción y abusos de Derechos Humanos”, lo que invita a descartar, al menos por ahora, que pueda haber contactos directos con las autoridades venezolanas.
Maduro ha planteado esta posibilidad tras el cambio presidencial en Estados Unidos, pero el Departamento de Estado ha subrayado que por ahora la estrategia seguirá siendo trabajar junto a los “aliados”, tanto en la región de las Américas como en Europa. En este sentido, Price citó foros como la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Grupo de Lima.
El posicionamiento de Estados Unidos dista del de la Unión Europea, que opta por hablar de Guaidó como un “interlocutor privilegiado” y por dejar cualquier consideración adicional en manos de cada uno de los Estados miembro
