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En el marco del Día Mundial del Internet, la ambiciosa meta de garantizar «Internet para Todos», un programa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha retrasado en un país donde casi 35 millones siguen sin acceso.
Aunque en su primer año de mandato, en 2019, prometió cobertura universal para 2021, luego aplazó su meta a 2022 y el mes pasado la pospuso hasta 2023.
«Lo queremos hacer a más tardar en el (20)23, esto es tener todo el país comunicado mediante internet, ese es el compromiso, lo hice desde que asumí el Gobierno», declaró el pasado abril.
Pero a mitad del sexenio, aún no existe «estabilidad institucional» ni «financiamiento constante» para proyectos públicos y privados que permitan alcanzar las metas, consideró Ramiro Tovar, profesor de economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
«Ya llevamos tres años de la actual Administración y todavía no vemos la implementación efectiva de metas predeterminadas y sujetas a una evaluación», expuso a Efe el experto de telecomunicaciones.
DESCONECTADOS
En México hay 80.6 millones de personas con internet, pero aún hay 34,4 millones que no son usuarias, casi un tercio de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Solo un 44,3 % de los hogares tiene computadora y 56,4 % conexión a internet, según el Inegi.
«No es necesariamente malo ponerse metas ambiciosas, es importante porque la necesidad es muy apremiante porque las comunidades sin acceso tampoco tienen otros servicios públicos y están en una situación de mucha marginación», comentó a Efe Elena Estavillo, presidenta de la agrupación Conectadas.
El diagnóstico del presidente es que solo el 25 % del territorio nacional está comunicado por internet por «los atrasos de la corrupción del neoliberalismo» y el interés económico de las empresas privadas
Por ello, en 2019 creó una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, llamada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que invertirá 11.000 millones de pesos (550 millones de dólares).
Su meta para 2025 es habilitar 200.000 puntos de acceso a internet gratuitos, extender los servicios de red y banda ancha a cerca de 130.000 localidades y adecuar infraestructura para generar «una gran capacidad de transporte de datos».
Aunque Estavillo coincidió en que «no es un secreto» que para las empresas no es rentable comunicar a las comunidades más apartadas, advirtió «acciones desarticuladas» del Estado.
«CFE no es una autoridad, es una operadora estatal y ahí pareciera haber una confusión tremenda porque no tiene facultades para hacer política pública, no es una secretaría de Estado», apuntó la también la excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Asimismo, cuestionó la desaparición de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el «debilitamiento» de otros organismos encargados de la digitalización en medio de «un momento disruptivo» ocasionado por la pandemia.
«No estamos viendo un plan integral de digitalización del país, no tenemos una estrategia nacional, aunque para algunas comunidades se cumpla la meta de llevar el internet, va a legar a un lugar donde muy probablemente la población no tenga habilidades digitales», observó.
HUECOS EN LA LEY Y EL PRESUPUESTO
El profesor Tovar señaló que las «primeras deficiencias» surgieron con la reforma de telecomunicaciones de 2013, impulsada por el Gobierno anterior.
«Fue eminentemente de carácter regulatorio y dejó un hueco enorme sobre mecanismos inmediatos para promover la penetración y la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, no se incluyó ningún esquema institucional», mencionó.
Pese a las intenciones del presidente, el académico del ITAM advirtió que «no hay lo fundamental»: presupuesto constante.
«Por más que el presidente se reúna con directivos de las principales operadores de telecomunicaciones y que se hagan convenios, la verdad es que hay una insuficiencia de fondos, la meta es ambiciosa y, por lo tanto, imposible bajo las actuales circunstancias de finanzas públicas», consideró.
NUEVOS OBSTÁCULOS
El celular es la tecnología con mayor penetración en México, con 86,5 millones usuarios, un 75,1 % del total de la población, de los que 88,1 % usan un celular inteligente o «smartphone», según el Inegi.
Pero el Gobierno de López Obrador creó en abril el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que recopila los datos biométricos de las personas, la huella digital y el iris como condición para el servicio.
«Nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 30 millones de mexicanos pueden quedar desconectados por esta iniciativa», alertó Jorge Fernando Negrete, presidente de la firma Digital Policy & Law Group.
