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El izquierdista Pedro Castillo fue proclamado este lunes presidente electo de Perú, un mes y medio después de los comicios que ganó a la derechista Keiko Fujimori, quien retrasó su nombramiento con más de un millar de impugnaciones en las que denuncia falsamente un supuesto «fraude».
Después de declarar infundados los últimos recursos legales presentados por Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) refrendó los resultados de la votación del 6 de junio, donde Castillo obtuvo el 50.12 por ciento de los votos válidos, un estrecho triunfo por apenas 44 mil 263 votos de ventaja sobre Fujimori.
La proclamación de Castillo se dio a ocho días del cambio presidencial previsto para el 28 de julio, día en que Perú celebrará los 200 años de su independencia y el actual presidente interino, Francisco Sagasti, cederá la jefatura del Estado a Castillo, un profesor rural, originario de la norteña región andina de Cajamarca.
En la sesión del pleno del JNE celebrada a través de una videoconferencia también fue proclamada vicepresidenta la funcionaria Dina Boluarte.
A diferencia de sus predecesores, Castillo comenzará su mandato con solo una vicepresidenta, pues Vladimir Cerrón, el líder y fundador del partido marxista Perú Libre, fue invalidado como candidato al tener una condena firme por corrupción, producto de su gestión como gobernador de la céntrica región andina de Junín.
NUEVA CONSTITUCIÓN, SU GRAN META
Lo que mantiene en pie, y considera innegociable, es la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución que permita la nacionalización de los recursos naturales, algo que escama al empresariado peruano.
Desde que ganó las elecciones aún no ha concedido ninguna entrevista ni conferencia de prensa con preguntas, esquivo a ser interpelado por periodistas.
Con mucho orgullo, siempre luce su sombrero de ala ancha, tradicional de los campesinos chotanos de la región de Cajamarca, y durante la campaña tampoco soltó el lápiz gigante que hacía alusión a su profesión y al logotipo del partido Perú Libre.
MAESTRO CON «PALABRA»
En el pequeño caserío norteño de Chugur, de donde proviene Castillo, asuntos que tanto preocupan a las élites limeñas como la cotización del dólar o el desempeño de la bolsa de valores son irrelevantes para sus vecinos, más interesados en que llueva para tener una buena cosecha o en que no se enfermen sus animales.
Consciente de que esa realidad es la misma para millones de peruanos de otras zonas, Castillo siempre culmina sus discursos con la frase «palabra de maestro», a sabiendas de la gran valoración que los sectores humildes tienen por los educadores como forma de acceso al conocimiento y salir de la pobreza.
SIN EXPERIENCIA
La incógnita ahora es si «el profesor» Castillo podrá llevar por el buen rumbo a Perú cuando asuma sus riendas este 28 de julio, pues carece de experiencia previa en gestión pública.
Antes de las elecciones solo se le recordaba en Lima por liderar en 2017 una huelga del magisterio peruano que mantuvo paralizada la enseñanza pública por más de tres meses, en una protesta donde logró encabezar una facción del sindicato integrada también por algunos presuntos miembros del brazo político de Sendero Luminoso.
La duda se agiganta ante la crisis sanitaria y económica que afecta a Perú, cuya economía cayó 11.8 por ciento en 2020 y desde el inicio de la pandemia ha tenido casi 200 mil fallecidos por COVID-19, una cifra que lo convirtió en el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por coronavirus.
«ILEGÍTIMO» PARA FUJIMORI
Antes de la proclamación, Keiko Fujimori anticipó, en un pronunciamiento público donde no admitió preguntas, que respetará la proclamación del JNE pese a que la calificó de «ilegítima» por seguir considerando que hubo un fraude.
Hasta ahora ni Fujimori ni sus aliados han presentado una sola prueba de las irregularidades que denuncian, basadas esencialmente en presuntas firmas falsas cuyos supuestos afectados han salido públicamente en numerosos casos a denunciar las acusaciones y reafirmar que las firmas de las actas son suyas.
En estas elecciones, Fujimori postuló mientras afronta una acusación de más de 30 años de prisión por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.
