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La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Juicio Político y Desafuero.
El dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se aprobó por 20 votos a favor, 6 en contra, y cero abstenciones.
La discusión comenzó con los cuestionamientos de los partidos de oposición del PRI, Movimiento Ciudadano y PAN, sobre la urgencia de Morena por retomar los trabajos de la Comisión de Gobernación, cuando habían finalizado, ante el reciente llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores para aprobar las leyes reglamentarias sobre revocación de mandato y fuero presidencial.
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El diputado por el PRI, Cruz Juvenal Roa, manifestó que se trataba de “una bola rápida” desde Palacio Nacional para apresurar la discusión de un dictamen que apenas conocieron este jueves y que requería de la opinión de expertos convocados a parlamento abierto. En la misma sintonía, el diputado panista Jorge Arturo Espadas expresó que no había prisa de aprobar un dictamen que no había sido analizado.
“Creemos que no tenemos prisa por regular este tema tan trascendente para México, en un periodo tan corto y con un dictamen que no ha tenido la suficiente discusión”, señaló.
En defensa de la convocatoria del dictamen y aprobación, la diputada guerrerense de Morena, Araceli Ocampo argumentó que se requiere de normatividad para llevar a juicio político a los integrantes del Poder Judicial y órganos electorales, replicando el discurso oficial desde el jefe del Ejecutivo.
La legisladora lanzó en su intervención una advertencia en contra de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante su reciente crisis.
“Es vergonzoso que no exista una Ley que incluya llevar a juicio a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura federal, integrantes de la Fiscalía General, jueces de distrito y magistrados de circuito, así como consejeros electorales o magistrados del Tribunal Electoral, que, cabe mencionar recientemente han sido exhibidos en casos de corrupción y pugnas internas por su ambición de la lucha de poder, llevando a una de la crisis políticas nunca antes visto en este instituto”, expresó.
Con voz crítica al dictamen, la diputada por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, enfatizó que se quiere utilizar la nueva Ley de Juicio Político para perseguir a actores políticos y ésta es sumamente parecida a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Esta nueva Ley con marca “Bienestar” la quieren usar para perseguir actores políticos contra los que están, para eso la quieren, pero no quieren que venga del antiguo régimen, aunque sea la misma, aunque sea modificada solo en nombre, y en algunos artículos para utilizarla para juzgar a actores políticos con los que no están de acuerdo, y eso no es justicia, eso se llama actuar por consigna política”, advirtió.
La diputada por Morena, María Del Carmen Almeida Navarro expresó que no tenían prisa, sino “urgencia” por aprobar el dictamen ante el hartazgo que padece la población de México, con el riesgo de un estallido social de no hacer algo al respecto.
“Tenemos urgencia, no prisa, urgencia, el pueblo de México está harto, y la alternativa social es el estallido social, como que no dimensionamos el hartazgo del pueblo de México, de la burla a la que fuimos sometidos los mexicanos especialmente el sexenio pasado”, enfatizó.
