Con 10 votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó en lo general el proyecto de sentencia a favor de Oaxaca y con ello la defensa de Los Chimalapas, lo que fue calificado como un “acto de justicia que da la razón histórica, jurídica y ecológica” al pueblo zoque.
A nueve años de que el gobierno de Oaxaca presentó la controversia constitucional 121/2012, luego que el 23 de noviembre de 2011 el gobierno de Chiapas creó el municipio Belisario Domínguez e invadió alrededor de 84 mil hectáreas del territorio oaxaqueño, la SCJN aprobó en sesión pública ordinaria la propuesta de sentencia del ministro José Fernando Franco González Salas.
Dicha controversia constitucional fue presentada a las 23:45 del 29 de noviembre de 2012 y admitida formalmente el 20 de diciembre del mismo año por los ministros Franco González y Olga Sánchez Cordero.
En la sesión de este lunes, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, votó a favor del proyecto porque “es un asunto de enorme relevancia. Es un asunto muy atípico y particular, es de suma trascendencia. Yo creo que el asunto es procedente”.
Añadió: “Ante un asunto que implica un problema político y social muy grave, que tiene muchas décadas sin que se haya resuelto, vamos a tomar una decisión formalista, letrista, para dejar el asunto sin resolver y que está situación permanezca, con todo lo que implica, o nos tomamos en serio la responsabilidad de tribunal institucional, usamos el principio pro actione y no sólo admitimos a trámite sino resolvemos este asunto, que por fin tenemos un proyecto que presenta una solución para este tema que me parece extremadamente relevante”.
Tras la sesión, en la que únicamente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra del proyecto de sentencia, el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, consideró que se trata de un “acto de justicia que da la razón histórica, jurídica y ecológica” que favorece a Oaxaca, pero en particular al pueblo de Los Chimalapas, que siempre ha luchado por defender su territorio, conflicto que fue utilizado por ganaderos, talamontes y narcos para deforestar e invadir.
Por presiones de los pueblos de Santa María y San Miguel Chimalapa, el entonces gobernador Gabino Cué presentó la controversia firmada por los tres poderes del estado, así como por el consejero jurídico.
El gobierno de Oaxaca se encargó de documentar y recorrer el territorio para confirmar y precisar, con equipo de alta tecnología, las coordenadas geográficas de la división política, acompañado por la Comisión de Límites de Oaxaca, mientras que el arqueólogo Enrique Méndez aportó mapas y documentos del siglo XVI, resultado de sus investigaciones en el Archivo General de la Nación.