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Por unanimidad, con 91 votos, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto para regular a los Centros de Justicia para las Mujeres, dotarlos de las atribuciones, alcances, características y lineamientos generales que requieren para operar y prevenir eficazmente la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.
El dictamen incluye dos minutas que envió la Cámara de Diputados para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de establecer un capítulo referente a los Centros de Justicia para las Mujeres.
Las y los senadores destacaron que, pese a ser una medida de política pública que se ha fortalecido desde hace más de una década, hasta el momento estas instancias habían sido incorporada dentro de la política general en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, sus hijas e hijos que establece la Ley.
Estas reformas fortalecen el marco normativo nacional de manera integral y armónica, para que estas instancias atiendan y prevengan eficazmente la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, y garanticen el acceso a la justicia a las víctimas.
Entre otros cambios a las propuestas de la colegisladora, los senadores precisaron la definición de los Centros de Justicia para las Mujeres, como espacios multidisciplinarios e interinstitucionales donde se atiende, de forma gratuita e integral, a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, las 24 horas del día.
Además, deberán estar integrados por personal capacitado y profesionalizado en atención a víctimas de violencia de género, desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Estarán a cargo de las entidades federativas y funcionarán con base en el enfoque de interseccionalidad, interculturalidad y diferenciado.
El dictamen considerará como violencia en el ámbito familiar, la ejercida por la persona que realice labores de cuidado, sin importar que tenga o no parentesco, en los casos de que se trate de mujeres con discapacidad, y establece el derecho de este sector a procedimientos accesibles, para garantizar el acceso a los distintos servicios en condiciones de igualdad.
Además, se incorpora el enfoque diferencial en las medidas de protección, ya que podrá solicitarse u ordenarse por la autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda, la suspensión de régimen de tutela o curatela que ejerza la persona agresora.
Las reformas a la ley también prevén que la Secretaría de Gobernación administre y opere el Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia, con lo que se armoniza con el Reglamento vigente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se ajusta el marco normativo a la realidad, ya que esta Secretaría es quien desde hace nueve años se encarga de la operación del Banco.
Asimismo, se brindan atribuciones a la Segob para promover la creación y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y para diseñar el Modelo de Gestión Operativa de los mismos, a fin de garantizar lineamientos comunes con los que deberán operar dichos mecanismos.
Previo de la votación del dictamen, fue avalada la reserva al artículo 59 nonies, propuesta por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, a fin de establecer que para el funcionamiento de los Centros se contará con los recursos que asigne el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos Presupuestos de Egresos.
Además, que se garantice la suficiencia presupuestaria para el funcionamiento de los Centros, y que la cantidad asignada no pueda ser menor a la otorgada en presupuestos anteriores.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, subrayó que los Centros no habían sido incorporados dentro de la política general en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres sus hijas e hijos, establecidos en la ley, por lo que es muy importante su aprobación.
La senadora subrayó el establecimiento de la suspensión del régimen de tutela o curatela que ejerza la persona agresora, pues quien violenta a niñas y mujeres es quien tiene la tutela y por eso se le quita; y también, dijo, se establece que la Federación deberá educar en materia de derechos humanos.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, señaló que los Centros son una respuesta estatal a la falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en México, y que aun tratándose de una política pública promovida desde el 2010, los gobiernos estatales no habían incorporado a la política general en materia de atención prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, conforme a la legislación en la materia.
Agregó que se incorpora un capítulo en la Ley, referente a los Centros de Justicia, con el propósito de dotar de mecanismos, atribuciones, alcances y características que los Centros requieran para su buen funcionamiento.
De Acción Nacional, la senadora Nadia Navarro Acevedo dijo que no se puede relegar la responsabilidad sólo a los gobiernos estatales, por lo que llamó al Gobierno Federal para que se comprometa con las mujeres “y que el presupuesto que hoy se apruebe muestre este compromiso”.
Por el PRI, la senadora Claudia Anaya Mota consideró importante fortalecer los recursos para construcción, equipamiento y capacitación, porque han disminuido significativamente. “Se hicieron 55 Centros de Justicia en seis años, hay que avanzar en el presupuesto para que se sigan construyendo”.
Por el Partido Verde Ecologista de México, María Graciela Gaytán Díaz, dijo que es momento de reconocer el trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y organizaciones civiles en favor de las mujeres. Señaló que apoyan y reconocen los logros asumidos en diferentes entidades federativas a través de los Centros de Justicia para las Mujeres
Miguel Ángel Mancera Espinosa consideró que es necesario dar seguridad presupuestal a los Centros de Justicia, porque si no cuentan con todos los elementos tecnológicos, con servicios periciales y con el presupuesto necesario, y se deja sólo a convenios que se pudieran celebrar, no van a funcionar y mucho menos podrán estar certificados.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Luis David Ortiz Salinas afirmó que el dictamen que se discute es un avance legislativo muy importante, para lograr que los Centros de Justica para las Mujeres del país.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo subrayó que desde el Grupo Plural seguirán acompañando las reformas que, desde una perspectiva interseccional, busquen respetar y enaltecer todos los derechos para todas las mujeres, por ello, los Centros de Justicia para las Mujeres que han funcionado a través de decretos, son una pieza fundamental para combatir la violencia de género. El proyecto se envió con cambios a la Cámara de Diputados.
