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La totalidad de los consejeros electorales, incluyendo aquellos que son más afines a los postulados de la 4T, lanzaron un rechazo a la persecución judicial contra sus integrantes. Como se recordará, la Cámara de Diputados, empujada por la mayoría morenista, estableció una controversia constitucional contra la decisión de aplazar la consulta de revocación de mandato que desea AMLO; pero, adicionalmente, fromuló una denuncia de hechos por lo que considera «delitos» cometidos por quienes tomaron esa decisión.
Como se recordará, la ejecución de la consulta de revocación (que en realidad desea efectuar el Presidente como una mera manifestación de respaldo a su gestión), fue puesta en duda por el INE al no otorgársele los recursos presupuestales para instalara casillas ni para los demás procesos previos y posteriores.
La comunicación íntegra de los 11 consejeros del INE:
A la opinión pública:
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano colegiado y máxima autoridad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato. En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público.
Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda, y el INE, como siempre, acatará esas decisiones.
Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.
Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros, y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo cuando quienes la adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.
En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión, no se persiguen como delitos.
