Cada año entran al país 700 mil armas

A unas horas del histórico fallo legal en Estados Unidos contra la comercializadora de armas Remington, la cual deberá pagar 73 millones de dólares a familias de nueve de las 26 víctimas de la matanza en una escuela de Connecticuc (2012), y de la propuesta del presidente Joe Biden de implementar nuevas medidas para el control de armamento, Wilma Gandoy, uno de los principales cerebros de la inédita demanda del gobierno mexicano contra siete armerías estadounidenses, comparte con Crónica detalles del litigio desconocidos hasta ahora, así como la estrategia a seguir.

México, por ejemplo, contrató a Lucy Allen, una renombrada economista especializada en tráfico de armas, quien determinó -mediante progresiones estadísticas- los alcances del trasiego a nuestro país: según el estudio, cada año ingresan a territorio mexicano 700 mil armas en cuya manufactura están involucradas las siete compañías demandadas; 250 mil, casi el 36 por ciento, provienen de Massachusetts.

“Es un cálculo científico, no hablamos al tanteo”, dice Gandoy, directora de litigios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Esa es la base de esta batalla contra las prácticas de negocio de las armerías, que no tienen control y favorecen al mercado negro: finalmente sus armas llegan a México vía contrabando”.

La demanda fue promovida por la SRE el pasado 4 de agosto, en una Corte de Boston, Massachusetts.

-¿Por qué ahí? -se le cuestiona.

-Ahí está asentada Smith & Wesson, una de las principales productoras, pero también Interstate, que es una importante distribuidora a la que llegan armas de distintos fabricantes estadounidenses y desde ahí comienzan a distribuirse a pequeños vendedores de aquel país. Nos teníamos que enfocar a la fuente grande del problema.

La reciente resolución en contra de Remington, abona luz a la demanda mexicana. La armería fue acusada de vender rifles de asalto con características militares a compradores civiles y, además, de privilegiar sus ganancias por encima de la seguridad pública. Y en esa misma sintonía, va México…

“La discusión siempre se había centrado en qué hace o qué no hace el gobierno, o en perseguir a los traficantes, pero nunca se había apuntado hacia las empresas, como responsables y generadoras de condiciones que permiten el tráfico de armas. Ellas son parte central de la ecuación, porque se pueden detener a muchos traficantes, pero siempre se reproducirán y el efecto cucaracha se vuelve imparable”.

-La industria del armamento en Estados Unidos es un monstruo, tiene mucho peso…

-Sí, y las empresas cabildean, y allá eso es legal. En 2005 lograron la aprobación de una ley, conocida como PLCA, que les da inmunidad. Por eso, nosotros argumentamos que esa ley fue avalada por el Congreso considerando las condiciones estadounidenses y no aplica extraterritorialmente a México, que el daño reclamado no ocurre allá, sino aquí, y el uso criminal no es bajo leyes estadounidenses, sino mexicanas. Es posible llevar un caso de negligencia y actos ilícitos de carácter civil en contra de esas empresas.

El 22 de noviembre, más de tres meses después de la presentación del litigio, las armerías invocaron ante el juez (Dennis Saylor) esa ley de inmunidad. El 31 de enero el gobierno mexicano contraatacó, con el argumento de la no aplicación extraterritorial, y a mediados de marzo -conforme a una prórroga concedida hace unos días- las empresas deberán responder. Posteriormente el juzgador deberá determinar si México tiene la oportunidad de contestar de nuevo a las compañías o procede ya una audiencia, para definir la viabilidad o no de un juicio. Esta fase inicial contempla varios niveles de apelación, antes de analizar el caso de fondo.

-Quizá no se conozca un dictamen definitivo en este gobierno de la 4T…

-Es posible, porque se trata de un caso que puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

-¿Por qué el gobierno mexicano acusa a estas empresas de favorecer el mercado negro?

-Por distintas cosas: está prohibido en Estados Unidos que se vendan armas a prestanombres, y es algo que ocurre; pasa mucho que llegan personas a comprar armas para fines recreativos o las van comprando en la modalidad hormiga: de 2 a 3 armas. Son artimañas que están completamente documentadas, porque cuando esas armas son encontradas en escenas del crimen, se analiza su trazabilidad para saber de dónde vinieron y las empresas pueden saber quiénes son estos compradores que están participando en actividades irregulares y aún así les están suministrando armas, y eso es un acto negligente.

-No les importa…

-Claro que no, porque dicen que mientras estos compradores tengan una licencia vigente, ellos pueden venderles. Y hay otra irregularidad: es ilegal y anómalo que digan que su publicidad es para el mercado civil, porque sus armas también están fabricadas para el combate y para escenas criminales como las que tenemos en México.

-¿Qué medidas podrían implementar?

-Está, por ejemplo, el acuerdo al que llegaron con el gobierno estadounidense en el año 2000: que las armas tuvieran un lector de huellas y así no pudieran ser usadas por otras personas que no sean los compradores legales, no cuesta mucho, es fácil de hacer y aun así no la aplican. Ese año Smith & Wesson había aceptado esa medida, y el resto de la industria se puso de acuerdo para ahorcarla y llevarla a la bancarrota. Otra medida es el número de serie, que fácilmente lo lijan y el origen de esa arma ya no se puede trazar. Se les ha pedido que utilicen tecnología en el registro de esos números, para que no se puedan borrar tan fácil, pero tampoco lo han hecho.

En la historia de los juicios contra armerías, no hay precedentes: hasta antes del caso mexicano, ningún gobierno las había demandado de manera directa. Sí se habían conocido litigios de particulares contra las compañías, no sólo en Estados Unidos, sino en otros países europeos, como Alemania, donde el argumento primordial de los abogados ha sido el “actuar responsable de las empresas”. Pero han sido, todos, luchas emprendidas por particulares… Este es el primero.

“Nuestro objetivo último es que las empresas realicen modificaciones en sus prácticas de negocios, con la idea de obstaculizar que sus armas paren en el mercado negro y empoderen a grupos del crimen organizado”…