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La Justicia cubana condenó este miércoles a 127 personas a un total de 1,916 años de cárcel por hechos relacionados con las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en La Habana.
El Tribunal Supremo de la República informó en una nota de prensa de seis sentencias relativas a los hechos acaecidos en los municipios capitalinos de Diez de Octubre y Arrojo Naranjo, donde se produjeron algunos de los incidentes más violentos de las manifestaciones de ese día, que fueron en general pacíficas.
De hecho, el único muerto reconocido oficialmente en estas protestas se registró en La Güinera (Arroyo Naranjo), donde un hombre fue abatido por disparos de un policía.
El proceso del Tribunal Provincial Popular de La Habana, celebrado entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero, contaba con 129 imputados, de los que 128 han sido condenados.
Un total de 127 han recibido penas de cárcel -de entre 6 y 30 años- y una persona recibió una pena de 4 años «de trabajo correccional sin internamiento». Solo un encausado fue absuelto.
La nota del Supremo no hace referencia a las edades. Según la ONG Prisoners Defenders, entre los condenados hay siete jóvenes de 16 y 17 años, que han recibido penas de entre 7 y 19 años de prisión, y otro más, que es el que recibió la pena de trabajo correccional.
En Cuba la edad penal mínima son 16 años. El Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas de 16 y 17 años.
Los enjuiciados, investigados principalmente de sedición y hurto, estaban acusados de «graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana», según el Tribunal Supremo.
DOS CONDENAS DE 30 AÑOS
Las penas máximas son dos condenas de 30 años, seguidas por una de 26, tres de 25, ocho de 23, tres de 22, tres de 21, 11 de 20, cuatro de 19, once de 18, seis de 16 y 9 de 15 años de cárcel.
Además, diez personas fueron condenadas a 14 años de prisión, seis personas a 13 años, 17 personas a doce años, cinco a once años, diez a diez años, cuatro a 9 años, ocho a ocho años, cuatro a siete años y dos a seis.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, calificó en declaraciones a Efe de «barbaridad» la sentencia, consideró que tienen un carácter ejemplarizante y subrayó que «la grandísima mayoría se manifestaron pacíficamente».
JUZGADOS DOS SUCESOS CONCRETOS
Los hechos juzgados son los sucesos de Esquina de Toyo (Diez de Octubre) y La Güinera, dos de los más citados por el Gobierno cubano y los medios oficiales por haber registrado incidentes violentos. La mayor parte de las protestas del 11 de julio fueron pacíficas.
En el caso de Esquina de Toyo, el tribunal consideró «probado y demostrado» que el 11 de julio los condenados «intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta» obedeciendo «instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior».
Aseguró que «lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios» e «instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros; voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales».
En el caso de La Güinera, «lanzaron piedras, palos, botellas y cocteles molotov contra agentes» y «otros trabajadores de instituciones estatales (…) a quienes causaron lesiones», además de asediar «por varias horas» una «Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria».
El Tribunal Supremo destaca que los jueces «tuvieron en cuenta el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos».
También destacó «la situación excepcional que vivía el país producto de la pandemia», en particular en La Habana, donde «se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos, que incluían, entre otras, la limitación de movimiento y el aislamiento social».
El tribunal dispuso asimismo que los condenados están obligados a «indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades».
Tanto a los acusados sancionados como a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular contra la sentencia dictada por el órgano judicial que realizó el juicio en primera instancia, recuerda el comunicado.
La nota de prensa subraya que los juicios se realizaron «con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales».
Indica asimismo que al proceso » asistieron varios familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias».
