Para regularizar predios de propiedad social, en los que se encuentran escuelas de todos los niveles y centros de salud, y cuenten con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, así como recursos para su rehabilitación o modernización, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría Agraria Federal.
Al signar el convenio con el Procurador Agrario Federal, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, destacó que la firma de documento es un esfuerzo conjunto para reafirmar el compromiso que tienen las autoridades federales y estatales, y brindar bienestar y atender las necesidades de los ciudadanos.
“Con la firma de este convenio, les damos certeza y seguridad a los ciudadanos, y a las instalaciones educativas y de salud, ubicadas en ejidos y comunidades, que serán regularizadas conforme a derecho, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha convocado a construir un país, cuidando las riquezas y velando por nuestro pueblo”, afirmó.
El mandatario tabasqueño destacó que el acuerdo está anclado en la visión y voluntad de la Procuraduría Agraria y las secretarías de Educación y Salud, generando sinergias para atender las necesidades de los ciudadanos.
En presencia de las secretarias de Salud y Educación, Silvia Roldán Fernández y Egla Cornelio Landero, respectivamente, subrayó que son acciones interinstitucionales que permitirán atender e identificar problemáticas muy añejas que por desidia o falta de voluntad y compromiso se dejaron a la deriva, heredando problemas a ambas dependencias.
En el evento realizado en Palacio de Gobierno, Merino Campos señaló que seguramente será un instrumento de planeación territorial que llevará horas de diálogo, participación y concertación con los ejidatarios y/o comuneros, “pero como dice nuestro Presidente, nosotros mandamos, obedeciendo”.
“Estoy seguro de que nuestro pueblo noble y justo nos abrirá las puertas de sus ejidos y comunidades para que a través de los acuerdos logremos grandes beneficios para todos”, aseguró junto al secretario de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), Carlos Enrique Iñiguez Rosique.
Merino Campos dijo ser consciente de que la política es una actividad digna que obliga a trabajar conservando, preservando y defendiendo nuestro patrimonio. Por eso, aseveró, agradezco la buena disposición de la Procuraduría Agraria para coadyuvar con la regularización de escuelas y centros de salud.
Puntualizó que es una valiosa oportunidad que se tiene para revertir la indiferencia que por mucho tiempo prevaleció en temas de certeza jurídica de los inmuebles en los que se brindan servicios sociales, de salud y educativos.
“Hagámoslo con el firme compromiso de devolverle al pueblo lo que le corresponde, con calidad y calidez en los servicios públicos”, recalcó frente al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Priego Oropeza, y titulares de Despacho, encabezados por el secretario de Gobierno, Guillermo Arturo del Rivero León.
El Ejecutivo estatal reiteró que también se trabajará para empezar a regularizar la parte de los predios privados, que es extenso, y que se debe hacer para evitar la falta de seguridad y certidumbre jurídica que tanto daño causa.
Recuperación de propiedad social
A su vez, el Procurador Agrario de la Federación manifestó que fue durante el periodo neoliberal que la concepción de las tierras se trasladó a simple mercancía y significó una perdida profunda de la identidad campesina de la cohesión y la gobernabilidad interna.
“Por eso, nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido y trazado un rumbo preciso para la recuperación de la propiedad social, constituida por 32 mil 900 núcleos agrarios en el país, que ocupan 51 por ciento del territorio nacional”, resaltó Luis Rafael Hernández Palacios Mirón.
Ante Karla Cantoral Domínguez, coordinadora de Asuntos Jurídicos, destacó la importancia de que en la base del proceso se garanticen las condiciones de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y del desarrollo de los programas gubernamentales que benefician a la población, ofreciéndoles mejores condiciones de educación y de salud.
Para que los recursos federales y estatales lleguen de manera eficiente, honesta y apegada a derecho, se requiere tener la seguridad jurídica de la propiedad donde se realiza la inversión, explicó el funcionario federal.
“Estamos seguros de que la regularización de tenencia de la tierra a favor de las secretarías de Salud y Educación, facilitarán que el incremento de la inversión pública se traduzca en mejores condiciones de bienestar para los habitantes de los núcleos agrarios y los municipios donde se ubican”, expresó Hernández Palacios Mirón.
“Estamos ciertos de que las acciones que iniciaremos, serán de enorme trascendencia y beneficio para los habitantes del estado de Tabasco”, apuntó.
Por su parte, la representante de la Procuraduría Agraria en Tabasco, Luz María Armenta León, indicó que en predios de propiedad social de la entidad se encuentran numerosos centros de salud, hospitales, escuelas de todos los niveles y universidades interculturales.
“Con esta firma del convenio, esas instituciones de educación y salud se verán beneficiadas con sus documentos que les acreditan su propiedad, y con eso podrán ser favorecidas presupuestalmente para mejorar sus instalaciones”, manifestó.