Para hacer del conocimiento a servidores públicos estatales que la Ley General de Archivos mandata una serie de obligaciones y responsabilidades a todos los sujetos obligados a nivel nacional, este miércoles se ofreció la asesoría y acompañamiento para implementar la legislación en materia de archivos.
La directora de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación (AGN), Mireya Quintos Martínez, ofreció la asesoría para explicar que aquél servidor que reciba y ejerza recursos públicos está obligado a dejar documentado su actuar como autoridad, ejercicio de funciones, atribuciones y competencias.
Ante el secretario de Función Pública, Jaime Antonio Farías Mora, dijo que todo servidor que pertenezca a una entidad, dependencia de gobierno, sindicato o partido político debe dejar sus archivos bien organizados, administrados y bajo ciertos criterios en actos de entrega-recepción y que son auditables, como lo marca la ley que entró en vigor en el 2019.
“Con esta ley se busca combatir la eliminación, sustracción y obstaculización de archivos, porque es una práctica que se ejerce en el país desde hace décadas, pero que ahora esas malas prácticas se vuelven delitos que deben ser perseguidos y observados, tener un seguimiento penal y vincularse a otras leyes”, aseguró.
La funcionaria federal del Archivo General de la Nación destacó que hoy en día, los documentos también son bienes nacionales y aquellos que tienen un valor histórico son monumentos históricos, por lo que es doble o triplemente la responsabilidad, porque se atenta en contra de un patrimonio cultural.
Frente al titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), Carlos Enrique Iñiguez Rosique, explicó que acude a Tabasco para arrancar una agenda de trabajo y dar a conocer la situación real de los archivos del país.
Mencionó que con la ayuda del Archivo General del Estado se pretende hacer cumplir la Ley General de Archivos, y elevarlo con una autoridad y personalidad jurídica y presupuesto propio, para que dentro de Tabasco sea la entidad especializada en materia de archivos, atender a los sujetos obligados y que tengan representación en el AGN.
Quintos Martínez señaló que la ley contiene una estructura similar a Transparencia, por lo que trabajan de la mano con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque la misma ley pide que los dos sistemas interactúen en conjunto con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“Entonces, es Sistema Nacional de Archivo, Sistema Nacional de Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción, los tres trabajando y dando la lectura de que si no hay archivos, no hay transparencia, y no se tengan los elementos para combatir la corrupción”, subrayó en compañía de Karla Cantoral Domínguez, coordinadora de Asuntos Jurídicos del Estado.
En su asesoría, recordó que la ley entró en vigor en el año 2019, y establece los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos; determina las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos; y fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Nación.
Enfatizó que es de orden público y de observancia general en todo el país; se aplica en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; y en personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad de la Federación, estados y municipios.
La representante del director general del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu, manifestó que los sujetos obligados de la ley se regirán por los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad; y deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
En el auditorio de la SAIG aseveró que además deberán administrar, organizar y conservar archivos; establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos; integrar los documentos en expedientes; destinar espacios y equipos para sus archivos; promover infraestructura y equipos para los archivos; y racionalizar su producción, uso y distribución.
Recalcó que los sujetos obligados deberán contar con instrumentos de control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles, y contarán con un cuadro general de calificación archivística, catálogo de disposición documental, e inventarios documentales.
La directora de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación (AGN) estableció, finalmente, que la responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto físicamente como en su contenido, así como de la organización, conservación y el buen funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado.