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La Cámara de Diputados de México aprobó el sábado una reforma legislativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que transfiere la Guardia Nacional, creada como una fuerza bajo mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), iniciativa que de concretarse fortalecerá el poder de esa dependencia y abrirá el camino para que los militares continúen en labores de seguridad pública.
La reforma legislativa pasará ahora a discusión del Senado, también controlado por el oficialismo, para su aprobación final. Aunque la reforma se apruebe en el Congreso su aplicación podría verse obstaculizada por las acciones legales que opositores anunciaron que emprenderán para detenerla.
Tras una sesión maratónica de más de 14 horas, los diputados del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados lograron la aprobación, con 264 votos a favor y 212 en contra y una abstención, de la reforma legislativa que permiten a la Sedena asumir el control operativo de la Guardia Nacional, que desde su creación en 2019 era manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Ejecutivo promovió la transferencia proponiendo la modificación de algunos artículos de leyes de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, y la de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuya reforma se votó por separado de las otras tres leyes y fue la única que apoyó la oposición —lo que permitió que fuera aprobada con 451 votos a favor.
El cambio legislativo se dio en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias y la oposición que consideraron que la reforma viola la Constitución y consolida la militarización del país, y anunciaron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnarla.
“Esta iniciativa es violatoria de la Constitución”, dijo durante la sesión el diputado del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), Humberto Aguilar, al asegurar que la reforma vulnera el artículo 21 de la Constitución. Aguilar acusó al oficialismo de abusar de su mayoría y de “violentar el proceso legislativo” para aprobar por la vía rápida la reforma.
El artículo 21 de la Constitución prevé que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
En defensa de la iniciativa habló el congresista Gerardo Fernández Noroña, integrante del pro oficialista Partido del Trabajo, quien descartó que el gobierno vaya a utilizar a la fuerza armada para reprimir al pueblo y acusó a la oposición de haber militarizado en el pasado a México.
Luego de defender por años que los militares debían retornar a los cuarteles, López Obrador cambió de posición y en los últimos meses comenzó a promover una propuesta de reforma constitucional para transferir la Guardia Nacional a la Sedena, iniciativa que fue objetada por la oposición. El gobernante al ver que no tenía los votos suficientes en el Congreso para una reforma constitucional decidió recurrir al cambio de varias leyes para lograr que la Guardia Nacional pase a control militar.
El mandatario mexicano defendió la reforma legislativa, que presentó en el Congreso a mediados de la semana, alegando que las fuerzas policiales civiles no habían logrado traer seguridad al país, que el Ejército es la institución más confiable de México y que la Guardia Nacional ya es esencialmente una institución militar.
De los más de 110.000 efectivos que integran la Guardia Nacional más de 80% proviene del Ejército y la Marina.
López Obrador sostuvo que la Guardia Nacional sólo funciona gracias al liderazgo militar que la organizó y las amplias capacidades logísticas de las fuerzas armadas.
En el informe a la nación que ofreció esta semana, el presidente descartó que busque “militarizar o ir al autoritarismo” y aseguró que sólo aspira al “crecimiento sano” de la principal institución de seguridad pública del país.
Durante su mandato, que inició en 2018, López Obrador ha asignado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de obras emblemáticas —como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país— y el manejo de las aduanas y algunos aeropuertos, lo que ha llevado a algunos analistas y opositores a acusar al mandatario de estar militarizando a México.
Las fuerzas militares han cumplido desde 2006 un papel clave en México para mantener la seguridad en las calles. Tras numerosas denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de Naciones Unidas han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional y los militares en diferentes estados del país, la inseguridad en México no se ha podido reducir. El mes pasado, grupos de delincuentes e integrantes de cárteles del narcotráfico llevaron a cabo ataques en cinco estados del país en una semana, incendiando negocios y matando a transeúntes.
El experto en seguridad Alejandro Hope afirmó que los numerosos litigios que se presentarán contra la reforma legislativa podrían acabar por paralizar a la Guardia Nacional por años y profundizar los problemas de la corporación —que carece de capacidades de investigación e inteligencia y solo se dedica a patrullar.
Hope dijo en su cuenta de Twitter que con esta reforma solo se busca “esconder el desastre administrativo que ha dejado la construcción” de la Guardia Nacional, y las fallas en las políticas de seguridad del gobierno.
Al alertar sobre los riesgos que representa que la Guardia Nacional pase al control militar, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares, dijo a un medio local que la iniciativa va a provocar más impunidad debido a que los guardias nacionales serán juzgados en el fuero militar en el caso de que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones o al amparo de las mismas, incluyendo los casos de violaciones a derechos humanos.
Olivares indicó que de acuerdo a cifras del año pasado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Guardia Nacional acumuló 61 quejas por violaciones a derechos fundamentales, mientras que la Sedena sumó 60 quejas por esta misma causa.
