Columna: ENFOQUE MÉDICO

Por: Dr. Elías Córdova Sastré

Entendiendo el gasto social

Hace unos días en algunos grupos de redes sociales se compartían imágenes que hacían alusión al gasto en materia social del actual gobierno y lo comparaban con sexenios anteriores, la tendencia de quienes lo hacían era más en relación a criticar el aumento del mismo comparado con años anteriores; algo que me llamó la atención, dado que parte de ese gasto, se destina al rubro de salud, además de educación y vivienda, entre otras cosas.

Para analizar un poco y saber sobre este concepto debemos recordar algunas cosas, como es el hecho de que en el 2015 los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG-ONU) adoptaron una serie de objetivos globales cuyo fin fue erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una agenda la cual se conoce como “Agenda 2030” en la que se incluyen 17 objetivos globales u objetivos de desarrollo sostenible (ODS), mismos que están interconectados y diseñados para lograr un mejor futuro y más sostenible.

Estos objetivos se orientan a problemas actuales y futuros como el aumento en la desigualdad mundial (pobreza vs riqueza), la rápida urbanización y los nuevos modelos de migración entre otros. Para conseguirlo, la ONU asegura que todos debemos participar y hacer la parte que nos corresponda (gobierno, sector privado y sociedad), por lo que se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en cada rubro en particular. Un empleo decente, un hogar seguro, un medio ambiente sano, y un futuro mejor para los hijos, son deseos en general de las personas y son parte de los objetivos de esta Agenda 2030.

En el informe sobre el comercio y el desarrollo de la ONU del 2017 (UNCTAD) se hace mención sobre el impacto de la llamada hiperglobalización en el aumento del desempleo y el aumento en la desigualdad en estos últimos tres decenios. Se hace mención sobre las dos tendencias socioeconómicas dominantes: la explosión masiva de la deuda pública y privada y el ascenso de las llamadas superélites (definidas como el 1% más rico); y se hace hincapié en que la desigualdad es inherente al funcionamiento de la hiperglobalización. En este documento igual se cuestiona sobre la orientación económica establecida, por lo que la Agenda 2030 vino a ser un impulso político necesario para un cambio donde se promueven resultados mundiales y nacionales más inclusivos y sostenibles, a través de estrategias reguladoras y redistribuidas.

En México, desde el 2004 se establece la Ley General de Desarrollo Social donde en el artículo 18 se propone que los programas y fondos sociales son prioritarios y de interés público por lo que se debe dar seguimiento y evaluarse, no pueden sufrir modificaciones en sus montos establecidos; en su artículo 20 menciona que el presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior, y que se debería incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto (PIB); por otro lado, en el 2005 se establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)el cual evalúa y mide la pobreza en México. Y es precisamente este rubro el que preocupa y ocupa dado los niveles actuales de pobreza tanto en México como a nivel mundial.

En artículos publicados donde se evalúa la experiencia mexicana sobre el gasto social, la austeridad y el combate a la pobreza del 2000-2018, se documenta cómo estos programas se insertaban en los planes nacionales de desarrollo (PND) y se pasó de “combatir la pobreza” a “asegurar igualdad de oportunidades” hasta un “México incluyente”, pero es desde los años setenta que en México se establecen los primeros programas sociales dirigidos a la superación de la pobreza, casi a la par que organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) daban inicio a su postura en contra de la pobreza y otorgaban créditos para el financiamiento de diversos programas (Pide, Coplamar, Pronasol, Oportunidades, Prospera), todos encaminados a combatir la pobreza, la cual durante todos estos sexenios anteriores no se redujo, sino al contrario se ha incrementado. El gasto ejercido si bien ha crecido ininterrumpidamente, el aumento había sido cada vez menor.

En general la pobreza ha disminuido en zonas rurales pero ha aumentado en zonas urbanas por lo que actualmente vemos este tipo de programas en estas zonas. Los principales componentes de estos programas sociales han sido tradicionalmente alimentación educación y salud, de ahí que las principales secretarías que ejercen el presupuesto o gasto en estos programas sean las Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública y Secretaria de Salud. Los rubros se han modificado pero actualmente los componentes del gasto social son educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios a la comunidad, protección ambiental, recreación cultura y otros asuntos sociales.

Los componente educación y salud han tenido cada vez menor participación que el rubro de desarrollo social, y el de mayor crecimiento ha sido el de seguridad social el cual pasó de 1.6% en los años noventa a 23.9% en 2017. Aún así, México es uno de los países de América Latina con menor gasto social, hasta el sexenio pasado mantenía una participación menor al 11% de PIB, a la par de Guatemala o Nicaragua, pero muy por debajo de países como Costa Rica, Uruguay o Brasil donde el gasto social es tres veces mayor al mexicano (Cepal).

En estos casi 4 años del actual gobierno, este gasto social ha aumentado un 26% al ejercicio fiscal de este año, este aumento es significativo ya que es el más pronunciado si se compara con sexenios anteriores.

Por otro lado mucho se ha mencionado sobre los Bancos del Bienestar, pero existe un detalle en relación a ellos que me parece interesante, en foros internacionales se comenta sobre la inclusión y la conectividad en favor del desarrollo sostenible, incluso el Banco Mundial habla sobre el término de inclusión financiera ya que alrededor de 2,500 millones de personas no usaban servicios financieros formales y el 75% de los pobres no tenían cuenta bancaria; por tal motivo se han desarrollado foros internacionales sobre este concepto de inclusión financiera ya que se menciona es un elemento facilitador clave para reducir la pobreza y promover la prosperidad ya que facilita la consecución de 7 de los 17 ODS, por lo que se establece el Programa de Acceso Financiero Universal (UFA2020) cuyo fin fue facilitar este acceso a cuentas de transacciones e instrumentos electrónicos para almacenar dinero, enviar y recibir pagos por parte de las personas adultas a nivel mundial.

El 7 de septiembre de 2017 se llevó a cabo en Palacio Nacional el III foro internacional de Inclusión Financiera y se lanza en México la “Estrategia Nacional de Educación Financiera” (ENEF) diseñada por el Comité de Educación Financiera (CEF). Por tal motivo no es de extrañar que se haya creado en este gobierno el Banco del Bienestar dado los ODS y las directrices en materia de seguridad social que siguen la ONU y el Banco Mundial.

Es por lo anterior que considero que, quienes hacen señalamientos en relación a rubros como el gasto en materia social o la creación del Banco del Bienestar, o quienes argumentan que este gobierno se ha fusilado programas anteriores señalando que es lo mismo que los programas llamados Solidaridad, Prospera, etc, simplemente no saben o no se han dado cuenta que estos programas han existido y seguirán existiendo ya que son visiones internacionales de organismos que vigilan y regulan factores de bienestar social, económicos y ambiental de las presentes y futuras generaciones.

Es por ello que basados en los ODS y en cómo define la ONU, debemos sumarnos a las propuestas y participar de forma proactiva en beneficio de estos programas para vigilar su cumplimiento y funcionamiento y con ello se facilite el objetivo primordial de reducir los niveles de pobreza en México. Considero se vale argumentar, pero debemos hacerlo con base en conocimiento de lo que se ha demostrado sirve y no sirve en esta materia de bienestar social y con lo que se sabe y se ha documentado en lo que se conoce como “las buenas prácticas” en materia administrativa.

“Que nadie se quede atrás” es el llamado mundial de la Agenda 2030 para los gobiernos, un llamado a favorecer el círculo virtuoso de protección social e inclusión.

En palabras de Kennedy: “Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”.

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