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La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin.
La CPI alega que es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
El tribunal indicó que los crímenes se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este.
Moscú niega las acusaciones de crímenes de guerra durante la invasión.
La CPI acusa a Putin de estar involucrado en la deportación de niños y dice que tiene motivos razonables para creer que cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas.
El tribunal también indicó que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros que deportaron menores.
La CPI también emitió una orden de arresto contra la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
A pesar de la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte.
Rusia no es signataria del acuerdo, por lo cual es poco probable que ninguno de los dos sea extraditado.
Pero la orden convertirá al presidente ruso en un paria internacional y le dificultará viajar, especialmente a cualquier país que esté inscrito en la CPI.
Los miembros de la CPI están obligados a arrestar a cualquier persona acusada por el tribunal.
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El resumen:
La Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin
Lo acusa de ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania, incluida la deportación ilegal de niños.
Rusia ha negado repetidamente que sus fuerzas hayan cometido atrocidades en Ucrania.
También se emitió una orden contra el comisionado de Rusia para los derechos del niño.
Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI y una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que su decisión «no tiene importancia».
«Como papel higiénico»
En respuesta a la orden de arresto contra Putin, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que «no tiene ningún significado».
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal», dijo la portavoz Maria Zakharova en su canal de Telegram.
«Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles órdenes de arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin valor para nosotros».
Por su parte, el expresidente ruso Dmitry Medvedev comparó la orden de arresto contra Vladimir Putin con «papel higiénico».
Medvedev ha apoyado la guerra en Ucrania. Mientras, en una breve conferencia telefónica con periodistas este viernes, el portavoz Putin, Dmitry Peskov, dijo que la orden emitida por la CPI es «inaceptable».
«Rusia, junto con varios otros estados, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal y, por lo tanto, cualquier decisión de este tipo para Rusia es nula y sin efecto desde un punto de vista legal».
Peskov se negó a responder más preguntas sobre el tema.
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Un desarrollo extraordinario en la guerra de Ucrania
Por Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC
Lo anunciado este viernes es un desarrollo extraordinario en la invasión rusa de Ucrania.
De los supuestos crímenes de guerra, muchos bien documentados, cometidos por las fuerzas rusas, la Corte Penal Internacional (CPI) ha elegido centrarse en el aparente secuestro forzado de niños ucranianos que son trasladados a Rusia.
Para la Corte, la responsabilidad recae en el presidente Vladimir Putin y la comisionada para los derechos de los niños, Maria Lvova-Belova.
Los pedidos de arresto son una respuesta al supuesto crimen de guerra de transferir ilegalmente a Rusia a niños ucranianos que se encuentran en zonas de Ucrania ocupadas por Moscú.
Según la CPI, la orden de arresto iba a ser secreta para proteger a víctimas y testigos, pero dijo que era interés de la justicia hacerla pública para poder prevenir nuevos secuestros.
