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En una fructífera reunión de trabajo, el presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, ofreció a los integrantes del Colegio de Abogados Tabasqueños continuar las acciones de coordinación para beneficiar a los justiciables y mejorar el servicio de administración de justicia, lo cual reconoció la dirigente Zulima Zavala Montejo, quien planteó impulsar la bioética en el desempeño de la abogacía para garantizar una defensa jurídica adecuada a víctimas e imputados.
El magistrado Priego Oropeza anunció que se dispone de un presupuesto de 13 millones 400 mil pesos para construir el juzgado de control del sistema penal acusatorio de Frontera, con lo cual se acercará la justicia a los habitantes de Centla, y se implementará el Centro de Acceso a la Justicia Alternativa de Macuspana, de manera que se complementará la labor desarrollada en los municipios de Centro y Comalcalco.
Explicó que están en proceso de cumplimiento de requisitos de la Federación para inmediatamente proceder a la licitación de la obra, y reiteró su determinación de hacer todo lo posible, sin escatimar recursos, para que quienes acuden ante los juzgados, abogados litigantes y sus representados, así como el personal de la institución, dispongan de inmuebles dignos y reciban atención de calidad.
“Fui litigante en mis inicios, el licenciado Gregorio Romero Tequextle –presidente de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia, presente en el encuentro– fue litigante, y todo lo que estamos haciendo lo hacemos con el mayor de los gustos”, indicó al dar a conocer que se firmará un convenio de colaboración con la agrupación gremial para que sus cerca de 300 integrantes obtengan descuentos de hasta 50 por ciento en las capacitaciones, cursos, seminarios, diplomados y maestrías que imparte el Centro de Especialización Judicial.
La respuesta puntual a 17 propuestas de los integrantes del Colegio de Abogados Tabasqueños mereció el reconocimiento de la dirigente Zavala Montejo, quien comentó que es la segunda ocasión en que se reúnen con el titular del Poder Judicial, y de la abogada Beatriz Peralta Arias, quien destacó la labor de los juzgados civiles y familiares de Centro durante la pandemia y los laborales, que han agilizado la tramitación de juicios.
Sobre el particular, el magistrado Enrique Priego refirió que pese a la pandemia –que no ha concluido– se mantuvieron abiertos los juzgados debido a que se trata de un servicio esencial del Estado mexicano, pese a la pretensión de un abogado que se ostenta como dirigente sindical quien buscó el amparo de la justicia federal para detener la marcha del Tribunal Superior de Justicia.
Y se hizo con el objetivo de que “ustedes litigaran, porque a nosotros nos pagan el salario”, ya que muchos litigantes padecieron la situación e incluso algunos despachos cerraron, por lo que ofreció que mientras esté al frente del Poder Judicial tendrán todas las facilidades para desempeñar su función. “Respetamos los derechos de los litigantes y con estrictas medidas sanitarias protegemos al personal, pero también el trabajo de ustedes”, enfatizó.
Respecto a los juzgados laborales, puestos en funcionamiento el 18 de noviembre de 2020, recordó la recomendación a la directora general de Administración del sistema, Beatriz Galván Hernández, porque “estamos cuidando a un niño, a un bebé y no queremos que se corrompa”.
En ese propósito, recientemente se brindaron pláticas a miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para abonar al interés de privilegiar la conciliación con la que “gana el patrón y gana el trabajador”.
En la reunión, celebrada en la sala de juntas del TSJ, la consejera de la Judicatura, Lilí del Rosario Hernández Hernández, invitó al foro jurídico para hacer uso del sistema de Consulta de Expediente Judicial Electrónico y Notificación (CEJEN).
Con ello, se dio respuesta a la inquietud del abogado Roberto Hernández Recinos para contribuir a ahorrar insumos y dar celeridad a la tramitación de juicios, para lo cual deben acreditarse en la página oficial www.tsj-tabasco.gob.mx y posteriormente la Secretaría General de Acuerdos de la institución validará la información para que tengan acceso a los expedientes en los que tengan interés jurídico.
A la espera de Código Nacional
El magistrado Priego Oropeza detalló que en materia civil debemos permanecer atentos a la determinación del Senado de la República que ha ofrecido emitir el próximo 30 de abril el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a propuesta de Olga Sánchez Cordero Dávila, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), proceso legislativo que data de 2011, lapso durante el cual se han realizado hasta cinco propuestas.
Una vez aprobado, se procederá a someter el código nacional a la consideración de los congresos estatales, con lo que dejarían de regir 32 códigos de procedimientos civiles en el país y entraría en vigor uno nacional, como ocurre actualmente en el ámbito penal.
Ante la propuesta del magistrado Romero Tequextle para aplicar rigurosamente la ley a los funcionarios judiciales que denieguen el servicio de administración de justicia, lo obstruyan o retrasen, pero también a los abogados que no ejerzan una defensa técnica y adecuada en detrimento de los justiciables, Zulima Zavala Montejo resaltó la importancia de la bioética.
Y puntualizó:
“Nos llevamos el compromiso de concienciar a los abogados de que debemos hacer el trabajo con calidad, de manera honesta. Realmente trabajar y no nada más obtener un recurso económico, porque ellos buscan solución a sus problemas y debemos estar comprometidos con nuestros clientes para que sus asuntos se resuelvan conforme a Derecho”, dijo al reconocer que “existen abogados que hacen más lentos los procesos o simplemente dejan tirados a los clientes”.
Señaló que en el encuentro quedó de manifiesto la apertura no nada más del presidente del Tribunal, sino del equipo con el que trabaja, y recordó que en la reunión anterior se logró la ampliación del estacionamiento del Centro de Justicia Civil y Familiar de la colonia Atasta.
Los integrantes del Colegio de Abogados Tabasqueños plantearon la necesidad de mantener el programa de dignificación de servicios sanitarios implementado a instancias del magistrado Priego Oropeza, así como habilitar la grabación de convivencias y escuchas de menores en el Centro Estatal de Convivencia Familiar, lo cual se atenderá, manifestó el titular del Poder Judicial.
Finalmente, la magistrada Martha Patricia Cruz Olán subrayó las restricciones que conlleva privilegiar el interés superior del menor, ya que si un infante pide en una audiencia que no se comuniquen sus dichos a sus padres en litigio por su guarda y custodia el juzgador deberá atender este requerimiento.
A la reunión de trabajo acudieron también los abogados Mariel Arroyo Maldonado, Natividad Domínguez Morales y Agustín Pastor Castillo, así como la administradora general del Sistema Penal Procesal Acusatorio Adversarial, Trinidad López Estrada, y el magistrado Óscar Pérez Alonso.
