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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó de manera formal al Conacyt la explicación de por qué su directora, Elena Álvarez-Buylla, hizo un señalamiento público a la institución, así como a una de sus comisionadas, sobre su “supuesta vinculación” con una supuesta mafia académica que giraba en torno al CIDE y que involucraba a diversas instituciones académicas, organizaciones civiles y dependencias autónomas.
La semana pasada, con motivo de la aprobación en “fast track” por parte de legisladores de la Ley general de Ciencias elaborada por Conacyt, en la conferencia “mañanera” de Palacio Nacional del 3 de mayo, Elena Álvarez-Buylla refirió –sin pruebas– una serie de acusaciones contra académicos del CIDE y su ex director, Sergio López-Ayllón en una red de complicidad, tras señalar además la complicidad y triangulación para el desvío de recursos de universidades e instituciones de educación e investigación a empresas trasnacionales –cifras inconsistentes y contradictorias con datos del propio Conacyt, como documentó este diario y organizaciones como ProCienciaMx.
“No solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también de intereses creados políticos. Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación [el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE] en su época neoliberal, desviando sus funciones…”, dijo la directora del aún «Conacyt».
En la diapositiva expuesta por la funcionaria, vinculaba al CIDE y su director con dicha red, que incluía al ex director de Conacyt, Enrique Cabrero, a quien vinculan a su vez con la Junta de Gobierno de la UNAM, de la que es miembro; a Mauricio Merino y Lorenzo Córdova, en el INE; José Antonio Caballero, Pedro Salazar (ex director), Javier Martín Reyes, Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes a su vez extendían sus “tentáculos” hasta personajes relacionados con la Suprema Corte de Justicia de la Nación: José Ramón Cossío, Luis Manuel Pérez de Acha y Salvador Nava Gomar.
Adicionalmente, vincula en esta “mafia académica” a López-Ayllón con la académica María Amparo Casar y la organización Mexicanos contra la corrupción; a académicos del CIDE en la red ProCienciaMx: Lorena Ruano, Catherine Andrews, Carlos Bravo, David Arellano, María Inclán y Valeria López; así como a académicos miembros del sindicato del CIDE, SIPACIDE, José Roldán, Lorena Ruano (otra vez) y Javier Aparicio.
La red llega, según la acusación, hasta la organización México Evalúa, por medio de Marco Antonio Fernández y al Tec de Monterrey, por medio de Carlos Elizondo Mayer-Sierra, ex director del CIDE. Así llega finalmente al INAI, donde la diapositiva hace referencia a la comisionada Norma Julieta del Río Vanegas y a María Marván Laborde (ex consejera del INAI y el INE). La red incluye a diarios y portales nacionales de noticias.
“Y, bueno, sin entrar a detalle podrán ver ahí nombres destacados de personas, como María Amparo Casar, el propio director general, el primero fue, bueno, el anterior, Sergio López Ayllón; el propio exdirector general del Conacyt. Y estas organizaciones de las cuales acabamos de oír, como México Evalúa, Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, aparece también ahí el TEC de Monterrey, y una habilitación de transferencias de talento a instituciones, como el INAI, el INE, en fin, inclusive, un vínculo muy estrecho con la Suprema Corte de Justicia, y aparecen también nombres destacados”, dijo Álvarez-Buylla.
El mismo día de la acusación, el INAI hizo llegar la solicitud de información a la directora de Conacyt, sellado con acuse de recibido de la dirección general. La solicitud se hizo pública a través de la red social Twitter, retuiteada por Del Río Venegas.
