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El Departamento del Tesoro de EU impusó sanciones a una red criminal en México acusada de cobrar a migrantes entre 10,000 y 70,000 dólares para facilitar su entrada irregular en territorio estadounidense.
Esta organización ha sido responsable de la entrada ilegal de miles de migrantes indocumentados a EU desde al menos 2018, según un comunicado oficial.
Como resultado de las sanciones, se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses llevar a cabo cualquier tipo de transacción con los miembros de esta red criminal. Además, se procederá a la congelación de cualquier activo que puedan poseer bajo jurisdicción estadounidense.
Líder será extraditada
En particular, la líder de este grupo criminal, Ofelia Hernández Salas, ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro. Está implicada en falsificación de documentos y corrupción en México para facilitar la entrada de migrantes a través de la frontera, y se la vincula al cártel de Sinaloa.
Actualmente, se encuentra detenida en México desde su arresto el pasado 17 de marzo en la ciudad de Mexicali, a la espera de su extradición a EU. Un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de Arizona presentó cargos en su contra en 2021.
El Departamento del Tesoro también ha sancionado a cuatro individuos presuntamente vinculados a esta organización criminal. Raúl Saucedo Huipio, Jesús Gerardo Chávez Tamayo, Fátima del Rocío Maldonado López y Federico Hernández Sánchez son los individuos señalados en las sanciones.
Saucedo Huipio, actualmente encarcelado en México, se comunicaba con personas involucradas en el tráfico de migrantes hacia EU. Por su parte, Chávez Tamayo supuestamente recibía pagos por servicios de contrabando, mientras que Maldonado López está acusado de alterar documentación y proporcionar alojamiento a migrantes en Chiapas, México.
Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, ha declarado que esta acción coordinada con el Gobierno de México tiene como objetivo desbaratar las operaciones globales de este grupo criminal. Se destaca la estrecha colaboración con las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y los socios mexicanos en esta iniciativa.
