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En medio de los señalamientos sobre presuntas violaciones a la ley electoral, la dirigencia nacional de Morena defendió su proceso interno del cual saldrá el candidato presidencial de ese partido y aseguró que ese mecanismo aprobado por su consejo nacional se encuentra constitucional y legalmente blindado, y es un hecho inédito en la historia de nuestro país.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que las medidas cautelares mandatadas por el Instituto Nacional Electoral el viernes pasado ya estaban previstas en el acuerdo del Consejo Nacional aprobado el 11 de junio para definir al Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo al 2024.
“Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna, no estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidaturas o candidaturas, entonces ahí nosotros apelamos a la Constitución, que establece los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos”, estableció
Recalcó que las personas aspirantes contarán con un monto de 5 millones de pesos que será absolutamente comprobable y fiscalizable; es decir, sólo se podrán destinar a viáticos: transporte, comida y hospedaje, y a la logística de eventos (sillas, carpas, audio, los backs).
Delgado estableció que las seis “corcholatas” se comprometieron a cumplir y respetar los principios de la Cuarta Transformación, así como llevar a cabo recorridos de trabajo austeros y privilegiar el contacto con la gente, al igual que llevar a cabo una contienda fraterna y sin denostar a ningún compañero o compañera aspirante.
«Está claro el mandato del Consejo Nacional, que no se trata de promover personas y está prohibida la promoción personalizada. También hemos hecho explícito de que no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura. Estamos en la organización de nuestro movimiento para informar sobre los avances de la Transformación», reiteró.
El dirigente morenista rechazó sanciones por parte del partido a las ”corcholatas” que cometan alguna falta previa a la realización de la encuesta, la cual se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre, y cuyos resultados se darán a conocer el próximo 6 de septiembre.
No obstante, dijo, será el pueblo quien los juzgue y sancione.
“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico sino un proceso interno de organización, si lo infringen será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada. Todos se comprometieron a que primero el proyecto y luego la persona, entonces la sanción será por parte de la gente, no del partido”, señaló.
