En su comparecencia ante diputados de la LXIV Legislatura del Congreso local, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Jaime Antonio Farías Mora, aseveró que se han hecho innumerables esfuerzos por promover la eficiencia, integridad y transparencia en cada acción emprendida, con lo que se han alcanzado logros significativos en aras de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Resaltó que las acciones preventivas, la capacitación y el buen uso del control interno han permitido que los montos observados por entes fiscalizadores tanto federales como estatales, hayan disminuido en un 98 por ciento, esto es que en año 2018, se observó el 26 por ciento del monto fiscalizado, y en la presente fecha, solo es de 0.5 por ciento.
Farías Mora destacó que se han fijado como objetivo, la tarea de depurar las observaciones que desde el año 2012 se encontraban pendientes de solventar ante la Secretaría de la Función Pública federal y en la Auditoría Superior de la Federación, y el propósito es lograr que al final de la administración, solo queden por solventar las observaciones de la cuenta pública 2023.
Al asistir al recinto legislativo para dar respuesta a la Glosa del Quinto Informe de Gobierno de Carlos Manuel Merino Campos, dijo que, con corte al 31 de octubre de este año, el monto fiscalizado por parte de los entes fiscalizadores federales y estatales a la cuenta pública 2012, fue de 18 mil 831 millones de pesos, quedando observados 94 millones 290 mil pesos, que representan el 0.5 por ciento.
Señaló que entre el 1 de octubre de 2022 y 30 de septiembre de 2023, se desarrollaron 105 auditorías, de las cuales 73 se concluyeron, con un monto fiscalizado de 31 mil 171 millones de pesos y un monto fiscalizado de 31 mil 171 millones de pesos y un monto observado de 606 millones de pesos.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA
El titular de la Función Pública también puntualizó que entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, el 99.99 por ciento de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, cumplieron con su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación.
“De un padrón de 79 mil 493 servidores públicos, solo uno no dio cumplimiento a lo establecido en la fracción II del Artículo 33 de la ley en la materia, lo que representa un 0.001 por ciento de incumplimiento”, aseguró en el salón de sesiones del Congreso local.
Indicó que, en ese tema y derivado del incumplimiento de años anteriores, se han sancionado a 20 servidores públicos e iniciado 5 procedimientos a igual número de servidores.
Expresó que, con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de esta obligación con otros órdenes de gobierno, la dependencia a su cargo brindó el servicio de hospedaje a servidores públicos de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Jalapa, Macuspana, Paraíso y Tenosique, y a dos entes autónomos, albergando a 13 mil 111 trabajadores.
Precisó que el sistema utilizado en este rubro se donó a los diez municipios restantes y a entes autónomos, como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Órgano Superior de Fiscalización (OSFE), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Tribunal Electoral de Tabasco (TET), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).
Ante diputadas y diputados tabasqueños, el funcionario público sostuvo que, de las 105 auditorías programadas, 32 aún se encuentran en proceso, con un monto fiscalizado preliminar de 1 mil 569 millones de pesos. Y entre el 1 de octubre de 2022 y 30 de septiembre de 2023, realizaron 70 revisiones de avances físicos y financieros de proyectos, con un monto fiscalizado de 443 millones de pesos.
Enfatizó que los Órganos Internos de Control (OIC) realizaron 54 auditorías y 67 verificaciones en campo, entre el 1 de octubre de 2022 y 30 de septiembre de 2023, lo que representó un monto fiscalizado de 38 millones 185 mil 728 pesos. A la presente fecha, dijo, los OIC’s han realizado 272 auditorías a sus respectivos entes.
Estableció que se han emitido 188 resoluciones, derivadas de auditorías realizadas por diversos entes fiscalizadores, de las cuales se concluyeron 14 expedientes por auditorías de la Función Pública federal, 45 derivados de la Auditoría Superior de la Federación, 61 por pliegos de cargos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización, 38 por auditorías por la antes Secretaría de Contraloría y 30 por denuncias presentadas.
Mencionó que las resoluciones emitidas consisten en: sobreseimientos, prescripciones, inexistencia de responsabilidad y sanciones administrativas, en las cuales se sancionaron a un total de 53 ex servidores públicos, entre ellos, destaca la inhabilitación a un ex servidor público por 17 años.
Jaime Antonio Farías precisó que, durante la presente administración, se han interpuesto 25 denuncias penales derivadas de las auditorías realizadas y una más como resultado de una investigación, que en su conjunto representan un monto de un mil 240 millones de pesos.
Indicó que del año 2017 a la presente fecha, se radicaron 936 expedientes, de los cuales 421 fueron concluidos, 351 fueron declinados a los OIC, 147 se encuentran en trámite, y 17 derivaron en un informe de presunta responsabilidad administrativa.
Enfatizó que, con el propósito de coadyuvar en las tareas de vigilancia en las dependencias y entidades de su adscripción, se radicaron 527 expedientes, de los cuales se encuentran 228 en trámite y 299 concluidos, de estos, 73 generaron un informe de presunta responsabilidad administrativa.
Explicó que, en la presente administración, los OIC radicaron 2 mil 606 expedientes de investigación, de los cuales mil 362 fueron concluidos, mil 244 se encuentran en trámite y 198 generaron un informe de resunta responsabilidad administrativa. De los 198, 115 concluyeron y 83 se encuentran en trámite, sancionando a 83 servidores.
TRANSICIÓN TRANSPARENTE Y ORDENADA
En la máxima tribunal popular del estado, el titular de la SFP recalcó que con el fin de que se lleve a cabo una transición transparente y ordenada, se ha implementado un calendario de verificaciones permanentes para constatar que la información cargada en el sistema, cumpla con la normatividad aplicable en la materia, por lo que se prevé realizar 92 verificaciones a igual número de entes.
Ponderó que, con el propósito de coadyuvar con el proceso de modernización digital, se donó el sistema de entrega y recepción a la UJAT, a la CEDH, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), a los municipios de Centro, Jalpa de Méndez, Teapa y Huimanguillo y se encuentran en proceso los de Cárdenas, Cunduacán, Jonuta y Paraíso.
Subrayó que como integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco, en materia de la Plataforma Digital Nacional, lograron en el año 2021 la interconexión en el Sistema 3, denominado “Servidores Públicos Sancionados”, integrando la información de los entes públicos que pertenecen al Poder Ejecutivo.
Compartió que, en junio de 2022, implementaron el mecanismo de interconexión con el Sistema de Información del Sistema Estatal Anticorrupción (SISEA), que integra la información correspondiente a los entes del estado, que pertenecen al Poder Ejecutivo, requerida en el sistema 2 denominado “servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas”.
Asimismo, se acordó con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), desarrollar e implementar interfaces de programación de aplicaciones (API), que sirven de comunicación entre la dependencia y el Sistema de Información del Sistema Estatal Anticorrupción (SISEA).
Expuso que, como parte de los trámites que ofrece la secretaría, a través del Sistema Electrónico Integral de Registro Único de Contratistas (SIRUC) y el Sistema de Constancia de No Inhabilitación (SICONS), entre el 1 de octubre de 2022 y 30 de septiembre de 2023, se expidieron 562 cédulas de 658 solicitudes recibidas, así como 11 mil 945 constancias, respectivamente.
EVALUACIÓN EN CALIDAD DE SERVICIOS
Mencionó que, en materia de Contraloría Social, realizaron diez evaluaciones de la calidad de los servicios públicos, mediante 1,529 encuestas aplicadas a ciudadanos para conocer su opinión sobre la prestación de los servicios y trámites que proporcionan las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Añadió que se realizaron un total de 52 evaluaciones de la calidad de los servicios, con el propósito de identificar áreas de oportunidad a fin de contribuir a la mejora en la prestación de los servicios públicos, así como detectar posibles actos de corrupción.
Expresó que a la fecha se han emitido 171 recomendaciones, relacionadas con atención ciudadana, dificultad al realizar el trámite, tiempo de atención, letreros, señalamientos, limpieza, condiciones de mobiliario, satisfacción ciudadana, sugerencias, percepción de corrupción, requerimientos de los servidores públicos que brindan los servicios, de las cuales 153 se encuentran atendidas y 18 en proceso de seguimiento para su atención.
Disminución en 98% de montos observados
105 auditorías con 31 mil 171 millones fiscalizados
99.99% de servidores públicos, cumplen con su declaración patrimonial
Órganos Internos de Control realizan 54 auditorías y 67 verificaciones
Se emiten 188 resoluciones derivadas de auditorías
Interponen 25 denuncias penales derivadas de auditorías realizadas
Los OIC’s radican 2 mil 606 expedientes de investigación
Se expiden 562 cédulas de contratistas
Otorgan 11 mil 945 constancias de no inhabilitación
Mil 529 encuestas aplicadas de contraloría social
52 evaluaciones de calidad de servicios