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La Justicia en El Salvador ordenó la detención provisional del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y un grupo de exdiputados de la Asamblea Legislativa, todos acusados de encubrir a los responsables de la masacre de 1,000 campesinos en El Mozote en 1981, un trágico episodio durante la guerra civil que azotó al país entre 1980 y 1992.
La jueza Mirtala Portillo, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, emitió la orden de detención por el delito de «encubrimiento personal» de los militares procesados, declarando este acto como un crimen de lesa humanidad. La magistrada ha sido objeto de críticas por la opacidad que algunos sectores atribuyen al proceso.
Según informes locales, la jueza Portillo ha decretado la detención provisional contra Cristiani y la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, acusándolos de haber contribuido a la evasión de la justicia mediante la promulgación de una ley de amnistía.
El Diario El Salvador (DES) informa que esta ley fue promulgada con la aquiescencia del expresidente Cristiani, quien entonces ocupaba el cargo máximo del país.
La resolución indica que la mencionada ley de amnistía, promovida por Cristiani, hizo «imposible que las autoridades judiciales pudieran hacer justicia a las víctimas mediante una sentencia ejemplarizante».
Este instrumento jurídico se convirtió en un obstáculo para la persecución legal de los responsables de la masacre en El Mozote.
Además de Alfredo Cristiani, la lista de acusados incluye a Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores, Alfredo René Flores Aquino, Reynaldo Quintanilla Prado y Ernesto Taufik Kury Aspridis. También se hace mención de los fallecidos Ciro Cruz Zepeda Peña y Mercedes Gloria Salguero Gross en el contexto de este proceso judicial.
Un proceso con «opacidad»
En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional dicha ley de amnistía, que impidió por dos décadas procesar a los mandos militares señalados de dirigir la masacre. En ese mismo año se reabrió el proceso.
En una reciente entrevista con EFE, el abogado querellante David Morales dijo que la jueza gestionaba el proceso con «opacidad».
«La gestión de la nueva señora jueza a cargo del caso ha sido una gestión que se ha caracterizado por la opacidad, y por la realización de una serie de diligencias que están violentando el debido proceso», afirmó Morales.
Portillo asumió el caso tras la destitución del juez Jorge Guzmán a raíz de un polémico decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que retiró en 2021 a los juzgadores mayores de 60 años o con 30 años de carrera.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.
Por este hecho está siendo procesado un grupo de militares, entre ellos el exministro de Defensa Guillermo García, por cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.
La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares.
