Ecuador, del oasis de paz al infierno

La desmovilización de las FARC y el «efecto mariposa»

Los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, en 2016, abrió un proceso de desarme y desmovilización de sus integrantes; para 2019 ya se habían reintegrado a la sociedad a más de diez mil guerrilleros, que renunciaron también a seguir «trabajando» para el narcotráfico.

Sin embargo, esta buena noticia ocasionó un daño colateral del tipo «efecto mariposa» (el suave aleteo se convierte en huracán en otra parte) que acabaría degenerando en la actual tragedia en Ecuador.

La ruptura de la cadena de distribución de la droga desde Colombia a Centroamérica y México, con destino final en EU, hizo que los cárteles mexicanos empezaran a rastrear nuevas salidas de la cocaína hacia los mercados del norte del continente y encontraron en Ecuador la plataforma ideal.

De no figurar en el mapa con los puntos negros del narcotráfico, la pujante ciudad de Guayaquil se convirtió en el principal puerto sudamericano de salida de la cocaína a México y EU, y en el principal puerto de llegada desde China de los precursores de la droga de más rápida expansión, el fentanilo, para su posterior envío al mercado estadounidense, líder mundial en el consumo de esta letal droga.

Extradición a EU del Pablo Escobar ecuatoriano

En 2017 es capturado en Colombia Édison Washington Prado Álava, alias Gerald o el Pablo Escobar ecuatoriano. De inmediato fue extraditado a EU y condenado por el envío de más de 250 toneladas de cocaína. Este golpe al narcotráfico binacional (Gerald controlaba el negocio en Ecuador y en el sur de Colombia) ocasionó un vacío de poder que ocuparon grupos criminales ecuatorianos (más pequeños, pero más difíciles de vigilar por las autoridades) que rápidamente empezaron a disputarse la plaza a tiros y navajazos.

No tardó mucho en que el empuje y ambición de grupos como Los Choneros o Los Lobos llamaran la atención de los poderosos cárteles mexicanos para ver con quienes querían asociarse. Los primeros sellaron una alianza con el cártel de Sinaloa, mientras que los segundos lo hicieron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El error de Lenín Moreno

Durante los diez años de mandato de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador presumía de ser uno de los países más seguros de América Latina, una especie de oasis en medio de la violencia que azotaba con dureza a países vecinos y de la región, como Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala o México.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que en 2017, al final del mandato de Correa, “la tasa de homicidios de Ecuador estaba en 5.78 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de la región”. En comparación, la de México fue ese año de 25.24 y la de El Salvador (antes de la llegada al poder de Nayib Bukele) de 63.33.

Sin embargo, desde la llegada al poder en 2017 del aliado de Correa (y luego su enemigo), Lenín Moreno, la tasa de homicidios se triplicó al 26.99, mientras que su sucesor, Guillermo Lasso llevó esta cuota de la vergüenza a un nivel insoportable, 45 homicidios por cada 100,000 habitantes al cierre de su gobierno, a finales de 2023, la más alta del continente.

Si tomamos de referencia el tramo de cuatro años, las cifras son aterradoras: del primer semestre de 2019 al primero de 2023, el número de muertes violentas en Ecuador se disparó un 528%, un porcentaje sólo comparables a países en guerra, como Ucrania.

Pero, ¿qué pasó para que Ecuador dejara de ser ese oasis de paz a convertirse en un infierno de violencia? Básicamente que el gobierno de Lenín Moreno, en su empeño por “descorreizar” el país, aplicó duros recortes en el presupuesto a seguridad nacional, uno de los pilares del anterior gobierno, obviando las primeras alertas sobre un incremento de la violencia, especialmente en las descuidadas cárceles, pese a los avisos de que estas se estaban convirtiendo en bombas de relojería.

La pandemia abonó el terreno

El estallido de la pandemia, en marzo de 2019, y los duros confinamientos en Ecuador, uno de los países de la región donde causó más estragos, llevaron a las autoridades a centrarse en que no colapsara el sistema sanitario nacional.

Con el Estado ecuatoriano distraído, grupos armados como Los Lagartos, Los Tiguerones, pero sobre todo Los Lobos, bajo el liderazgo de Fabricio Colón Pico, y Los Choneros, comandado por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, emprendieron una campaña por el poder territorial, que acabaría provocando guerras internas, primero en las calles y luego en las cárceles, con sangrientos motines.

La crisis carcelaria

El punto de inflexión de esta violencia carcelaria ocurrió en febrero de 2021, bajo el gobierno de un debilitado presidente Lenín Moreno, más preocupado en perseguir judicialmente a su antiguo padrino político, el expresidente Rafael Correa, que en perseguir a las empoderadas y enriquecidas bandas criminales, gracias al nuevo maná del narcotráfico internacional.

El 23 de febrero de 2021 estallaron simultáneamente motines en cuatro cárceles del país, dejando un saldo de 79 presos fallecidos entre miembros de seis grupos criminales enfrentados. Conscientes del impacto terrorífico en la sociedad y en el gobierno, los presos grabaron con celulares cómo eran descuartizados y decapitados rivales de otras bandas que estaban encarcelados en áreas supuestamente de máxima seguridad.

El magnicidio del candidato presidencial

La gravísima crisis de violencia carcelaria y callejera, que suma más de cuatro mil muertos en los últimos tres años (apróximadamente 300 de ellos en las cárceles) tuvo su momento más trágico el 9 de agosto de 2023, cuando fue asesinado delante de las cámaras de televisión el candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuya campaña la basó en guerra sin cuartel contra el crimen organizado.

Fue una muerte anunciada… con nombre y apellido: Fito y el cártel de Sinaloa. “Si yo sigo mencionando a Fito y mencionando a (su banda) Los Choneros me van a quebrar”, advirtió de forma premonitoria Villavicencio.

Fue también una muerte en vano, ya que, ni el presidente saliente, Guillermo Lasso, ni el entrante, Daniel Noboa, entendieron que decretar una y otra vez el estado de excepción y el toque de queda no eran la fórmula más eficaz de combatir la ola de violencia en el país, sino centrarse en controlar a los capos que controlan el narcotráfico desde sus lujosas celdas en las cárceles, protegidos por funcionarios de prisiones a sueldo, mientras las autoridades hacían la vista gorda.

El papel estelar del fugitivo Fito

La crisis de violencia en Ecuador no se entendería sin el papel protagónico de Fito, el hombre del cártel de Sinaloa en Ecuador, quien se encuentra en paradero desconocido luego de su rocambolesca huida de la cárcel, descubierta por las autoridades el domingo, cuando llegaron a su celda (llena de privilegios) y se encontraron con que no había nadie. “Fito entraba y salía de su celda como Pedro por su casa”, declaró el martes con amargura el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a quien le ha estallado la peor crisis de seguridad apenas dos meses de haber llegado al poder.

Consciente de que la primera batalla en la guerra contra el crimen organizado es detener al principal sospechoso de la ola de violencia desatada el martes y desmantelar su organización criminal, el presidente Noboa lanzó a cinco mil agentes a la calle para dar con el paradero del capo a las órdenes del cártel mexicano.

Tenga éxito o no, la estrategia del presidente Noboa parece encaminada a seguir los pasos de Nayib Bukele en El Salvador: tolerancia cero con los narcocriminales.