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Con relación al segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial.
Jorge Antonio “S” fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro “G”, quien en ese momento era Subdirector Operativo del CISEN, y lo rescató en Tijuana. Las pruebas presentadas por la FGR demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el momento del crimen; en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima; y hay pruebas de que disparó un arma. Ninguna prueba de descargo lo han podido favorecer.
El juez llegó al extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es inadmisible, demostrando que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance.
La testigo a la que se refiere un diario que hoy expone el caso, nunca estuvo en el lugar de los hechos, y no atestiguó nada de lo ocurrido; y dicho diario oculta pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa la nota periodística.
A pesar de los obstáculos, la FGR irá al procedimiento de apelación, y confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el cometido en contra de la vida de Luis Donaldo Colosio.
