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La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, lamentó la ausencia de los jóvenes como aspirantes a un cargo de elección popular en el actual proceso para renovar a más de 20 mil servidores públicos en los que se incluye a gobernadores, diputados y senadores.
Otálora Malassis participó en la clausura de la Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales, en Mérida, Yucatán, donde convocó a provocar la opinión de los jóvenes para conocer si están a gusto con los políticos de siempre.
«La ausencia de jóvenes, de las juventudes es notoria hoy, ha sido notoria en diversas marchas. Y entonces uno podría pensar y decir que las cosas se hicieron tan bien, estas generaciones mayores, y las juventudes ya están muy tranquilas. ¡No! Me parece que, además de preparar relevos, porque muchos ya vamos de salida, los relevos tienen que ser la gente joven», dijo la magistrada.
Se pronunció por organizar diálogos en las universidades, procurar una vida armoniosa, intergeneraciones, a que dialoguen con los que ya hicieron la mitad del camino.
«Provoquemos este reto, para que también se cuestione sobre qué políticas y qué político quieren para las generaciones venideras. Políticas y políticos incluyentes, abiertos, que fomenten la participación de todas, todos y de todes, o quieren seguir como están las cosas. Habría que escucharlos».
Otálora Melassis reconoció la labor de la defensoría pública en materia electoral, y aseguró que las instituciones públicas sí funcionan.
«Si la defensa de los derechos humanos no se extiende a que esa defensa sea un beneficio para que todas y todos lleguen a la igualdad, entonces esto se traduce sólo en una lucha por beneficios muy personales».
Por ello exhortó a que “hagamos justamente que esta democracia paritaria, igualitaria e incluyente sea cada día mayor”.
Dijo que las juezas y los jueces lo que tratan de hacer al pronunciarse sobre un recurso es que esta letra tan fría que tiene la ley se convierta, realmente, en una historia de vida”.
La magistrada electoral dijo que hoy en día en el que se cuestiona tanto a las instituciones, la Defensoría Pública Electoral es un ejemplo perfecto de que estas sí funcionan y son de la ciudadanía”.
“Da gusto saber que se cree y hay confianza en esta Defensoría; nada más recordar que si la defensoría, su equipo, su titular, las y los defensores y quienes los apoyan, han podido cumplirle a la sociedad mexicana y entregar cuentas claras y resultados positivos, es porque ustedes acudieron a ella, porque sin ustedes la defensoría es nada, no tendría casos”, abundó.
Otálora fue la primera directora de la Defensoría Pública Electoral, y recordó que este organismo se amplió para defender a personas afromexicanas, de la diversidad sexual, con alguna discapacidad, adultos mayores y migrantes, lo que fue posible gracias a que estos grupos en situación de vulnerabilidad la hicieron fuerte. En su intervención, Lissette Guadalupe Cetz Canché, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, destacó la importancia de este evento ya que abre más el panorama sobre los avances, retos y oportunidades a los que se enfrentan las autoridades electorales en el ejercicio del sistema democrático mexicano. Asimismo, refrendó el compromiso de ese órgano jurisdiccional de actuar de manera firme y con apego a la ley ante cualquier injusticia que pretenda violentar o vulnerar los derechos de estos sectores vulnerables. En ese sentido, reconoció a la Defensoría Pública Electoral que, dijo, se ha consolidado como una institución que realmente le sirve a la población. En su mensaje de clausura, Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPCY) celebró estos trabajos y señaló que hace falta acercar a las juventudes, quienes han demostrado que pueden unirse a esta idea de país que se está construyendo, hacer que se interesen y vuelvan a creer en las instituciones, y que, involucrarse en la política, es la manera de generar un espacio comunitario para todas y todos. Antes, la Defensoría desarrolló una mesa de análisis sobre las problemáticas que enmarcan el proceso electoral de este año, destacando las que afectan a poblaciones discriminadas históricamente. Al respecto, se habló sobre las acciones para fortalecer una democracia incluyente; la violencia política en razón de género contra las mujeres y su dimensión simbólica; y los retos de la Defensoría Pública Electoral para acercarse a los grupos de atención, como es el caso de las personas en prisión preventiva y la representación indígena, entre otros. En el panel participaron Delta Alejandra Pacheco Puente, consejera del IEPCY; Bertha Liliana Onofre González, especialista en derechos humanos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE); Juan Carlos Martínez Hernández, defensor en la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, y María del Pilar Villarreal Ramírez, activista indígena, con la moderación de Myrell Méndez Soto, secretaria de apoyo de la Defensoría del TEPJF, quienes coincidieron en destacar los avances en la protección de los derechos político-electorales de estos grupos, sin embargo, señalaron que se debe seguir trabajando para que todas las acciones hacia la protección de estos derechos sean una realidad que llegue a todos los grupos a lo largo del país.
