Novedades de Tabasco El diario mas fuerte de Tabasco
El presupuesto asignado por el gobierno lopezobradorista para atacar la corrupción ha sido de 54 mil millones de pesos, “pero lamentablemente todavía hoy no se han alcanzado los resultados que merece el país”, aseguró Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ex titular de la Secretaría de la Función Pública en el primer tramo de la 4T.
De hecho, el gasto anual anticorrupción se ha incrementado 16 por ciento al pasar de 8 mil 196 millones de pesos en 2019 a 9 mil 491 millones de pesos en 2014.
“Es un cliché decir que la falta de avance en la materia es porque faltan instituciones, al contrario, lo que tenemos es un exceso de instituciones, no se necesitan más, sino menos”, señaló la ex funcionaria, hoy investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia en la UNAM.
Las cifras de lo gastado en el presente sexenio, con escasos resultados, fueron presentadas en un Congreso Nacional de Ciencias Sociales.
“Las instituciones que se tienen son muy costosas, y están además sobrereguladas y sobreburocratizadas, lo que implica una gran telaraña”.
Habló, en específico, de cinco grandes dependencias abocadas en el papel a atacar la corrupción a nivel federal: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC, a la cual se le comenzaron a inyectar recursos a partir de 2020), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoria Superior de la Federación, y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Además de lo derrochado para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
ONEROSO. La SFP ha sido la institución más onerosa durante la presente administración, con un incremento presupuestal de casi 82 por ciento: de 901.8 millones de pesos en 2019, pasó a mil 636 millones de pesos en 2024. También se disparó lo gastado en el SNA (cerca del 3%, al pasar de 132 a 136 millones en el mismo lapso), y la ASF (alrededor del 15%, al pasar de 2 mil 726 millones a 3 mil 111), la cual se encuentra inmersa en la polémica por el sospechoso despido de auditores incómodos y las acusaciones internas de proteger las malversaciones del actual gobierno, en especial en las llamadas mega obras.
“La corrupción y la impunidad son hermanas siamesas, una permite que la otra crezca, y viceversa”, apuntó Sandoval.
“Cada una de las instituciones tiene una legalidad muy sofisticada, no sólo respaldo constitucional sino leyes federales y locales que en apariencia robustecen el andamiaje, pero no han dado resultados. En términos de costos es gravísimo, nos marea. Implican onerosos gastos, recursos humanos, materiales y presupuestales, además de tiempo, pero hay falta de coordinación y los encontronazos legales eclipsan los objetivos de todas las instituciones”.
PROPUESTAS IGNORADAS. Según la investigadora, mientras presidió la SFP hizo una serie de propuestas al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, las cuales no caminaron ni fueron respaldadas.
“Nosotros propusimos que este costoso, contradictorio e ineficaz pentágono anticorrupción fuera sustituido por un heptágono de integridad administrativa, donde pudiéramos tener subsistemas más focalizados y centrarnos en temas como la transparencia y rendición de cuentas y las compras públicas, enfocándonos con todo este arsenal normativo, para analizar entre todos las compras desde el derecho penal, desde el derecho administrativo, con sus controles interno y externo, y auspiciando la transparencia para evitar conflictos de interés. Lo planteamos incluso en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción”.
“Sugerimos la misma lógica en el sistema de la deuda pública, que es una de las aristas muy poco observadas y controladas, hay un debate público actual sobre si ha crecido o no ha crecido, había que enfocar los ojos de todos en ese tema, control interno, externo, academia, sociedad civil, para ver realmente el presupuesto junto con el avance de la deuda pública”.
Hoy, señaló, “el meollo del asunto está en la impunidad. Y en la Función Pública el reto está en la profesionalización, tendríamos que avanzar más”.
¿AUSTERIDAD? Sobre la llamada “austeridad republicana” enarbolada por López Obrador, expresó: “Se avanzó en términos normativos, pero en términos de acción sólo en ciertas esferas del gobierno, no en todas ni en el gobierno en su conjunto, debíamos avanzar más, incluso achicando al gobierno”.
“Le propusimos al propio presidente fusionar las secretarías de Estado, pero esta propuesta jamás se concretó, la queremos seguir empujando, al menos que se debata, y pasar a 12 secretarias modernas, que empujen sus objetivos, sus contenidos. En países desarrollados los gobiernos trabajan bien con ocho, nueve, diez secretaría como máximo”.
-¿Cómo sería esa fusión?
-Podríamos trabajar fusionando Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación, fusionar lo que tiene que ver con la seguridad nacional en Sedena y Marina, tener un eje muy robusto de Educación Pública con la Secretaría de Cultura, y a la Secretaría de Economía darle un contenido más directo con otras secretarías como la de Energía, que tienen un eje económico fuerte. Estuvo a consideración del presidente, incluso aterrizamos una propuesta legislativa, espero que se recupere.
La investigadora Diana Vicher García, quien también participó en el Congreso, reprochó: “Hay un mal funcionamiento de la administración pública por la falta de capacidad de los servidores públicos, no se prepararon para esa tarea. Ahí están los costos de la corrupción. ¿Cuánto nos cuesta que una persona que no está preparada entre a la administración pública, los que llegan a aprender o a echar a perder?”.
“Si no se usa adecuadamente el poder regulador del Estado nos lleva a excesos como el caso de Aduanas: se crea un impuesto, pero tenemos a los agentes aduanales con un montón de corrupción. El lugar de resolver, generamos un mayor problema”, dijo la doctora en Ciencias Políticas y Sociales.
“Como dice el politólogo estadounidense Francis Fukuyama, y se relaciona con lo sucede en nuestro país en estos tiempos: los partidos políticos clientelistas, en lugar de beneficiar de manera general a los desfavorecidos, sólo departen fondos que en la práctica son sobornos abundantes. Cualquier cambio invariablemente afectaría a quien ostenta el poder”.
