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La Cámara de Diputados, demandó considerar la escasez de agua potable apta para el consumo humano como una prioridad de seguridad nacional en México, pues alertó que el 80 por ciento del país enfrenta carestía o sequía, por lo cual esta situación se puede convertir en una crisis social en el país.
“La escasez de este líquido se puede convertir en una crisis social, toda vez que afecta a los grupos más vulnerables de la población. Las familias mexicanas destinan el 16 por ciento de su ingreso mensual a la compra de agua embotellada y pipas, aunado a que pagan la tarifa pública”, advirtió, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo.
Alertó que la población de algunas zonas de la Ciudad de México no es la única que enfrenta este problema, según estudios de El Colegio de México (Colmex), el agua que se suministra en algunas partes de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, sobrepasa los límites de contaminación.
Por ello, urgió a destinar mayor financiamiento público para mejorar la infraestructura hídrica, más y mejores controles de calidad y combatir prácticas como no la factura o cobro del agua, por la deficiencia del padrón de usuarios y el clandestinaje.
“Se requiere de una nueva política de gestión que incluya actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua”, aseveró.
Recalcó que urge la toma de decisiones para que México cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el número 6 que habla de agua limpia y saneamiento, como parte de las políticas para mejorar la vida y las perspectivas de las familias mexicanas.
La priista insistió en que se requiere invertir en modernización y conservación de infraestructura para una gestión más eficiente e incluso se debe analizar la conveniencia de permitir la inversión extranjera para enfrentar esta problemática, tomando en cuenta que se necesita una inversión promedio superior a los 86 mil millones de pesos anuales, durante los próximos ocho años para enfrentar la sequía y desabasto.
Dijo que también, es momento que el sector empresarial asuma mayor responsabilidad en el tratamiento de las descargas hídricas, para luego aprovecharlas en el reúso, incluso como fuente de abasto a las redes, atendiendo así la creciente demanda en todo el país.
