Aprueban proyecto de ley que permite a maestros portar armas en escuelas públicas

Los manifestantes corearon ‘sangre en sus manos’ ante los republicanos de la Cámara de Representantes de Tennessee el martes después de que aprobaron un proyecto de ley que permitiría a algunos maestros y personal portar armas de fuego ocultas en las escuelas públicas, y prohibiría a los padres y otros maestros saber quién está armado.

La votación, que quedó 68-28 a favor, envió el proyecto de ley al gobernador republicano Bill Lee para su consideración, pues ya había sido aprobado por el Senado.

Si lo promulga, sería la mayor expansión del acceso a armas en el estado desde el tiroteo mortal del año pasado en una escuela primaria privada en Nashville.

La protesta contra el proyecto y los legisladores republicanos tuvo lugar después de la votación, en la que se opusieron cuatro republicanos y todos los demócratas.

¿Qué incluye este proyecto de ley?

La medida prohibiría revelar qué empleados portan armas a los padres de los estudiantes e incluso a otros maestros. Solo lo sabrían los administradores escolares y la policía. El director, el distrito escolar y una agencia policial tendrían que aceptar permitir que el personal porte armas.

Un trabajador que quiera portar un arma de fuego necesitaría tener un permiso de porte de arma de fuego y una autorización por escrito del director de la escuela y de la policía local. También necesitarían pasar una verificación de antecedentes y someterse a 40 horas de entrenamiento con armas de fuego. No podrían portar armas en eventos escolares en estadios, gimnasios o auditorios.

Tennessee aprobó una ley en 2016 que permite trabajadores escolares armados en dos condados rurales, pero no se implementó, según WPLN-FM.

Los republicanos de Tennessee han flexibilizado periódicamente las leyes sobre armas, incluido en 2021 para que no requerir permiso para el porte, respaldada por Lee. La ley original permitía a los residentes mayores de 21 años portar armas de fuego en público sin permiso. Dos años más tarde, el fiscal general Jonathan Skrmetti llegó a un acuerdo en medio de una demanda en curso para ampliar la elegibilidad a los jóvenes de 18 a 20 años.

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