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Concluye la acusación falsa de delincuencia organizada contra científicos en México.
Después de tres años de procesos judicial, sentencias, apelaciones y revisiones del caso, un Tribunal del Poder Judicial determinó improcedentes las acusaciones que hizo el actual gobierno, por supuesta delincuencia organizada, contra 12 investigadores y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Esta sentencia se suma a otras que habían sido emitidas en el mismo sentido para proteger a un total de 31 personas dedicadas a la ciencia que fueron acusadas sin fundamento y sin pruebas y a las que el actual gobierno pidió recluir en el Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, donde se detiene a nacrotraficantes y otros líderes del crimen organizado.
La resolución se conoció públicamente el 1 de mayo por la noche, pero fue tomadas en la sesión del 25 de abril del Segundo Tribuna Colegiado del Segundo Circuito, del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, Estado de México.
Esta decisión significa que queda firme el sobreseimiento o suspensión de juicio que ya había determinado un juez federal por no haberse sustentado las acusaciones contra el ex Director General de Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, ni contra otras 11 personas a las que se acusó de haber cometido delitos que no pudo probar la parte acusadora: “peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”.
Este caso no sólo afectaba a las 12 personas beneficiadas con la sentencia dada a conocer ayer sino a un conjunto más amplio, que en total sumaba 31 científicos y ex funcionarios de Conacyt.
Es importante recordar que este caso surgió alrededor de la creación, operación y financiamiento de un organismo autónomo de consulta llamado Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. , que fue creado por instrucción de la Ley Federal de Ciencia de 2001, como un mecanismo para reunir, analizar y entregar a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo información y diagnósticos sobre la investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y protección a la propiedad intelectual en México.
Para la operación de ese organismo se destinaron, en 20 años, 244 millones de pesos (un promedio de 12 millones de pesos anuales). Al entrar el actual equipo de gobierno, la actual Directora General del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez Buylla, tuvo conductas erráticas y contradictorias hacia ese Foro: primero lo mantuvo y financió, después le condicionó los recursos debido a comentarios críticos de sus dirigentes, y finalmente los acusó de ilegales y de delincuencia organizaca.
Desde 2021, los ataques del actual Conahcyt hacia el Foro Consultivo y sus integrantes se judicializaron con carpetas de investigación y acusaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), con datos, documentos y argumentos aportados por Conacyt, aunque la Doctora Álvarez Buylla trató deslindarse públicamente de su responsabilidad en las acusaciones, argumentando que ella no sabía nada del caso.
La nueva resolución del Tribunal de Apelaciones respalda la decisión que ya había tomado un juez, el 17 de abril de 2023, para proteger los derechos de 12 de los acusados. Esa protección del juez fue apelada por la FGR y ahora se desechó la apelación y queda firma la protección, sobreseimiento del caso o absolución.
Además del ex Director de Conacyt, la sentencia también beneficia a María Mónica Ramírez Bernal; José Rodrigo Roque Díaz; Elías Micha Zaga; María Dolores Sánchez Soler; Miguel Adolfo Guajardo Mendoza; Mauricio Francisco Coronado García; David García Junco Machado; Víctor Gerardo Carreón Rodríguez; Luis Gabriel Torreblanca Rivera, Jesús Arturo o Alberto Borja Tamayo y Julio César Ponce Rodríguez.
