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La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) anunció este lunes que ha solicitado a los jueces permiso para emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. El fiscal jefe, Karim Khan, tiene “motivos razonables para creer” que son “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Gaza, tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 de Hamás, para cuya cúpula también solicitó el arresto.
“Israel tiene derecho a defender a su población, pero ello no exime al país de cumplir el derecho internacional humanitario”, señaló el fiscal Khan en su petición a los jueces, que supone la ofensiva internacional más dura contra Israel desde que declaró la guerra, hace siete meses y medio.
Israel no es miembro del TPI, pero Palestina sí, por lo que La Haya puede investigar y perseguir tanto los delitos cometidos por Hamás en territorio israelí, como los perpetrados por Israel en suelo palestino.
La autorización para emitir las órdenes de arresto compete a los jueces del TPI, que disponen de varios meses para pronunciarse.
También a la cúpula de Hamás
El fiscal Khan ha solicitado también a los jueces que se detenga a tres dirigentes de Hamás por los mismos delitos. Entre ellos figura el líder del movimiento de resistencia, Ismail Haniyeh, exiliado en Qatar; y Yahia Sinwar, jefe en Gaza del grupo terrorista y considerado el autor material del ataque en el sur de Israel que dejó 1,200 muertos.
A principios de mayo, el fiscal Khan advirtió de que las presiones contra el TPI desde Israel y Estados Unidos —ante una posible orden de detención contra israelíes por la guerra en Gaza— podrían constituir actos punibles.
“Matar de hambre a civiles”
El jurista británico investiga el comportamiento de ambas partes en este conflicto desde hace siete meses y, en el caso de Israel, su solicitud de arresto se abre con un crimen de guerra poco mencionado en otros casos del TPI hasta la fecha: “matar de hambre a civiles”.
El Gobierno israelí reitera que su objetivo en este conflicto es acabar con Hamás y hace todo lo posible por proteger a los gazatíes. Pero, luego de 35 mil muertos, casi la mitad de ellos niños, y el bloqueo inhumano impuesto a la Franja para que no entre ayuda humanitaria, el fiscal de La Haya tiene una versión radicalmente distinta.
Además, en la petición de arresto contra Netanyahu y Gallant figuran otros seis cargos más: tres crímenes de guerra —causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física y la salud; homicidio intencional o asesinato; y dirigir intencionadamente ataques contra una población civil—; y tres por crímenes contra la humanidad —exterminio y/o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, persecución y otros actos inhumanos—.
Incide en que las pruebas recabadas —incluyendo entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de video, fotografías y audio autentificados e imágenes de satélite— demuestran que Israel “ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.
Añade que los efectos del uso de la inanición como método de guerra, junto con otros castigos colectivos contra civiles, “son agudos y visibles”, y la hambruna “está presente en algunas zonas de Gaza y es inminente en otras”.
Petición de arresto a los países miembros
El TPI no cuenta con policía para efectuar las detenciones, pero sus 124 estados miembros están obligados a arrestar a las personas buscadas por la Fiscalía, en caso de que los jueces del tribunal finalmente ratifiquen la orden internacional de arresto.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que acusa directamente a los Estados, el TPI juzga a personas consideradas máximos responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Violencia sexual de Hamás contra los rehenes
En el caso de Hamás, se repiten los “motivos razonables” para creer que tres de sus dirigentes “son plenamente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Los dirigentes señalados son Yahia Sinwar, jefe de la milicia en Gaza, Mohamed Diab Ibrahim al Marsi, conocido como Deif, que es el comandante en jefe del ala militar de Hamás, e Ismail Haniyeh, líder político de estas milicias. En su caso, son ocho los cargos denunciados y reflejan el “exterminio”, “asesinato” y “actos inhumanos”, como crímenes contra la humanidad. También, la toma de rehenes, trato cruel y ultrajes a la dignidad, como crímenes de guerra.
La Fiscalía estima que los civiles capturados en Israel “han sido mantenidos en condiciones inhumanas y algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida la violación”. De ahí que haya otros dos delitos que reúnen ambos conceptos de crímenes de guerra y contra la humanidad juntos: los de violación y violencia sexual y tortura.
En el caso de Hamás, el contexto del conflicto es el mismo mencionado en el caso de Israel, y la Fiscalía señala que cree que Sinwar, Deif y Janiyeh son “penalmente responsables” de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamás —en particular su brazo militar, las Brigadas Ezedín al Qasam— y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023, y de la toma de al menos 245 rehenes.
Para argumentar las órdenes de detención, el fiscal Khan se ha asesorado con un grupo de expertos en derecho internacional, y recalca que “nada o nadie puede justificar que se prive deliberadamente a seres humanos de las necesidades básicas de la vida”. “Nada puede justificar la toma de rehenes ni los ataques contra civiles”. Son dos frases que señalan a ambas partes por igual en la guerra de Gaza.
Putin, el criminal de guerra más famoso
El TPI abrió sus puertas en 2002 como única instancia permanente para procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión cuando los Estados miembros no quieren o no pueden hacerlo por sí mismos.
Su perseguido más famoso es el presidente ruso, Vladímir Putin, acusado del crimen de guerra de deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania, por lo que se emitió una orden de detención contra Putin en marzo de 2023.
Aunque el tribunal cuenta con el apoyo de muchos miembros de Naciones Unidas y la Unión Europea, tanto Estados Unidos como China y Rusia no son miembros: temen que pudiera usarse contra sus ciudadanos para juicios por motivos políticos.
