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A raíz de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (controversia constitucional 137/2022), y cuya sentencia debía cumplirse desde el 1 de enero pasado, la Secretaría de Marina-Armada de México retirará de las filas de la Guardia Nacional a 3 mil 671 elementos que estaban en áreas estratégicas como vías de comunicación terrestres y seguridad aeroportuaria.
Un total de 102 de estos marinos eran los mandos superiores responsables de la buena operación de la corporación de seguridad pública en sitios como los señalados. Esos altos cargos pasarán a manos de elementos de la Secretaría del Defensa Nacional.
Los marinos “veteranos” destacan de entre las milicias mexicanas por un buen nivel académico y de formación, espacialmente los que han ascendido en la escala de mando.
La Defensa ha previsto que en algunos lugares donde los marinos serán retirados no tendrá personal de buen nivel para sustituir a los elementos de la Armada de México, por lo que instruyó (mediante orden escrita de la que Crónica posee copia) a que se “realice un reajuste de los efectivos (…) para cubrir los cargos que dejará vacante el personal (de Marina) que será concentrado y, en caso de no contar con suficientes cuadros de mando, designe personal con menor jerarquía”.
La resolución de la Corte nace de una controversia constitucional interpuesta por senadores de oposición, esto luego de que con leyes y lineamientos se hiciera a un lado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se instaurara un organigrama en el que todas las operaciones de la Guardia Nacional dependían directamente del alto mando militar.
La Corte analizó la militarización de facto que se estaba realizando en una instancia presuntamente civil, relegando a Rosa Icela Rodríguez, quien es formalmente la Comisionada a cargo de la Guardia. Finalmente, en abril de 2023, resolvió que la controversia constitucional era válida y le dio la razón a los senadores inconformes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha debido asumir desde esta resolución que su papel es transitorio y formativo, es decir, que interviene para permitir que la Guardia Nacional y su estructura civil maduren. La Marina, a raíz de la misma resolución, optó por dar un paso de costado y dejar a la Sedena en control de ese proceso.
La separación de mandos militares cuya participación en labores de seguridad pública no esté plenamente justificada debió darse desde el 1 de enero de 2024, esto para acatar al pie de la letra lo dictado por la Corte. No obstante, el proceso apenas inició.
La entrega de los puestos de vigilancia en carreteras, aduanas, aeropuertos y otros que hoy están bajo control de marinos deberá darse a más tardar el 30 de mayo próximo.
