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Considerada como la punta de lanza del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la inseguridad en México, la Guardia Nacional ha registrado resultados “muy pobres” y poco relevantes en esta materia a 5 años de su creación, sin contar la opacidad y el aumento de violaciones a los derechos humanos al poner a estas instituciones en tareas de seguridad que no les corresponden.
Paralelo a ello, más de 36 mil 300 de los 133 mil integrantes de la Guardia Nacional, no cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), documento que por ley están obligados a tener todos los elementos de esa corporación y que acredita que los policías son aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública, y e cuentan con los conocimientos, el perfil y las aptitudes necesarias para desempeñar su cargo.
De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de la GN, es requisito que todos los elementos de la policía militar asignados a la GN, así como los elementos de nuevo ingreso, cuenten con el CUP y el plazo para que todos los elementos de esta corporación cuente con ese documento expiró el pasado 31 de mayo.
Así lo establece el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado de manera conjunta con la organización Causa en Común, y advierte que del 2019 al 20 de abril del 2024, se había otorgado el CUP a 96,732 integrantes de la GN. Es decir, a cinco años del inicio de operaciones, el 74% de los elementos de la GN contaría con el CUP, mientras que el resto operaría de forma irregular.
En el informe presentado en el Senado, se acusa que la creación de la Guardia Nacional no ha dado resultados relevantes en el combate a la inseguridad y violencia que azota a gran parte del territorio nacional
“La GN no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad crónicas que padece el país”, sostiene.
El documento advierte sobre el aumento en funciones y presupuestos de las fuerzas armadas que afecta o va en detrimento de las policías locales a la cuales ya no se les asignan recursos.
Además advierte que se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos al poner a estas instituciones en tareas de seguridad que no les corresponden y los riesgos de corrupción derivada de la opacidad de las fuerzas armadas, institución a la que está adscrita la GN.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, expuso que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha recibido sólo 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
No obstante, de enero de ese año a mayo de 2024, tanto esa institución como las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, acumularon cuatro mil 800 quejas, por violaciones a los derechos humanos.
Los mismos informes de la Guardia Nacional, añadió, detallan entre 2020 y 2023 no ha habido elementos sancionados penalmente por faltas, además de que, a pesar de que ha habido denuncias de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, la CNDH niega que esto exista.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, aseveró que la seguridad nacional supone políticas de Estado cuyo principio es dialogar y escuchar a los diversos actores de la sociedad; no obstante, lamentó que en este sexenio ha habido una gran dificultad para hablar sobre este tema, particularmente con las organizaciones civiles.
RECURSOS MILONARIOS
El informe alerta que el avance de la militarización de la seguridad pública se refleja, en primer término, en la asignación de recursos a las fuerzas armadas, de las cuales depende la GN.
El presupuesto de 2022 asignado a la SEDENA, SEMAR y GN ascendió a 204 mil 683 millones de pesos, en 2023 en conjunto acumulan 221 mil 616 millones, y durante el 2024 alcanzará los 383 mil 673 millones de pesos.
La suma de los presupuestos constituye el 3.4% del presupuesto total del país y se coloca como el tercero más importante en el gobierno de López Obrador, sólo por debajo del de la Secretaría del Bienestar y del de la Secretaría de Educación Pública, que administran las pensiones y las becas, respectivamente.
