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Entre el año 2015 y 2018, en tramo final del sexenio de Peña Nieto, la política del sistema penitenciario en su conjunto fue la de excarcelar todos los casos en los que esto fuera posible por el tipo de delito o a partir de los años de cárcel cumplidos, despresurizando las cárceles del país. Con esto se logró contar con 21 mil 888 lugares sin ocupar en las celdas en diciembre de 2018, al inicio del sexenio lopezobradorista.
Al cierre del primer sexenio de la 4T, esta situación se revirtió completamente, registrándose una población de 231 mil presos, cantidad que implica una sobrepoblación de 8 mil 750 reos. Si bien la política general, generada desde el órgano federal de Prevención y Readaptación Social se ha perdido, no puede achacarse esta situación completamente al Gobierno Federal, puesto que son las entidades federativas las que han incrementado el número de personas que encarcelan en calidad de procesadas (sin sentencia) y han evitado continuar con los procesos excarcelatorios.
La política de despresurización penitenciaria llevó a que del 2015 al 2018 se redujera en un impresionante veinte por ciento la población penitenciaria del país, quedando por debajo de los 200 mil reos, algo que sólo se había visto a inicios del siglo.
Si bien la distribución de los presos era otro problema e impedía tener todas las cárceles sin sobrepoblación (había cárceles muy despresurizadas y otras con población excesiva), los espacios vacíos posibilitaban al menos movimientos de reordenamiento.
Las administraciones Fox y Calderón incrementaron constantemente la población en las cárceles del país, registrándose siempre el problema de una alta población encarcelada sin sentencia. Hacia 2010, cerca del 40 por ciento de la población penitenciaria estaba encerrada sin sentencia de por medio.
En ese año iniciaba la implementación del nuevo sistema de justicia penal que, como un objetivo más entere muchos, buscaba evitar que la pena corporal de cárcel fuese el medio general para procesar un delito y que la prisión preventiva proliferara.
De ese año para acá, prácticamente todos los procuradores y fiscales, autónomos o designados, han pugnado por mantener la prisión preventiva, es decir el encarcelamiento sin sentencia, aunque en el periodo citado de 2015 a 2018 la política penitenciaria tuvo un gran impulso en sentido contrario.
La federación (el sistema judicial federal en su conjunto, contemplando FGR y juzgados federales) ha disminuido el número e cautivos que produce, al pesar de 2019 de 32 mil 650 a 28 mil 514 en este año.
Pero en el caso de los sistemas estatales, luego de lograr reducir la población penitenciaria en 2019 con 165 mil 734 reos, pasaron en los últimos seis años a 203 mil 440; es decir, los estados rebasan por sí solos la barrera de los 200 mil presos.
Contrario a la disminución de procesados y sentenciados en el orden federal, los procesados de la justicia de los estados pasaron de 60 a 75 mil, grosso modo, en este sexenio; en tanto los sentenciados pasaron del orden de los 105 mil a los 130 mil.
