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Las relaciones con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá continúan, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador tras anunciar que la suspensión del trato es entre el Gobierno de México y las embajadas de esos dos países debido a las declaraciones injerencistas de los embajadores en México, Ken Salazar y Graeme C. Clark sobre la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial.
“La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos; es nada más con las embajadas y en especial, con el embajador de Canadá y de Estados Unidos porque no les corresponde opinar sobre asuntos que sólo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país. Además, imagínense que dice el embajador de Estados Unidos, que si se elige a los jueces —palabras más, palabras menos— se afecta a la democracia. ¿Cómo es eso, cómo se afecta a la democracia?”, expuso.
“¿Por qué intervienen tanto en este asunto que corresponde a los mexicanos? No encuentro yo una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico, suena metálico”, agregó.
En conferencia de prensa matutina detalló que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, coincide en la necesidad de la reforma constitucional al Poder Judicial a fin de limpiarlo de corrupción.
Al respecto, indicó que el proceso de revisión y discusión de la iniciativa en el Congreso de la Unión se está llevando a cabo de acuerdo con los tiempos estipulados en un ambiente económico sólido, contrario a lo planteado por el bloque conservador.
“Sí es importante el que se den los cambios en el Poder Judicial y que nadie tampoco exagere, todo esto de los expertos en materia económica, que ‘inestabilidad económica’. La economía está muy fuerte”, aseguró.
El mandatario recordó que la propuesta de reforma al Poder Judicial consiste elegir a jueces, magistrados y ministros por la vía democrática, de modo que estarán al servicio del pueblo y no de una minoría o una élite.
A los puestos podrán aspirar abogadas y abogados, profesionales independientes de Derecho e incluso quienes actualmente ostentan los cargos.
“Lo único que se necesita como requisito es que sean abogados y que sean electos por el pueblo para que actúen con rectitud. Tampoco es tan complicado, tan complejo el derecho; ya hay tesis, jurisprudencias, desde luego leyes, constituciones, derecho comparado, lo que se estudia, lo que se ve en la facultad de Derecho, con eso y con integridad, con honestidad”, señaló.
El jefe del Ejecutivo destacó que el pueblo de México tiene capacidad de elegir a las y los integrantes del Poder Judicial, tal como lo hace al votar por presidencias municipales, diputaciones locales y federales, senadurías, gubernaturas y la Presidencia de la República.
“La democracia tiene que ver con la participación del pueblo; que el pueblo elija, que no sean las cúpulas ni del poder económico ni del poder político”, puntualizó.
La reforma al Poder Judicial, dijo, garantizará un auténtico Estado de derecho y eliminará privilegios de los altos funcionarios que invalidan legislaciones en beneficio del pueblo, como sucedió con la Ley Eléctrica, votada y aprobada por el Congreso de la Unión, pero anulada en los efectos por sólo dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante representantes de medios de comunicación expuso que un ministro de la SCJN percibe un salario mensual de 792 mil 258 pesos, superior a los 130 mil pesos que recibe el presidente de la República, lo que constituye una violación al artículo 127 de la Constitución, que establece:
«Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente».
