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En el Zócalo de Ciudad de México, principal plaza pública del país, el mandatario se despedirá de miles de seguidores arropado por una aprobación popular del 73% al cierre de su mandato único de seis años, según una reciente encuesta.
Entregará el mando el 1 de octubre a su copartidaria Claudia Sheinbaum, primera presidenta de la historia de México, elegida con un aluvión de casi 36 millones de votos (60% de los sufragios) en los comicios del pasado 2 de junio.
Sheinbaum heredará también un paquete de reformas constitucionales entre las que destaca una polémica reforma del poder judicial, que opositores ven como un nuevo y preocupante lance autocrático del oficialismo.
La columna vertebral del proyecto plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular, una propuesta que desató además una huelga de los trabajadores del sector.
El gobierno izquierdista alega que la reforma busca acabar con los privilegios del poder judicial que, asegura, está al servicio de los élites. Sus detractores replican que politizará la justicia y minará su independencia.
Presión externa
Para Estados Unidos, principal socio comercial de México por ser destino de 83% de sus exportaciones, la reforma representa un «riesgo» para la democracia y «amenaza» el acuerdo comercial (T-MEC) vigente entre ambos países y Canadá, según afirmó el embajador estadounidense, Ken Salazar.
En respuesta, López Obrador decretó una «pausa» en su relación con Salazar, que no se extiende al conjunto de la administración de Joe Biden, precisó.
El proyecto también preocupa a los mercados. La bolsa perdió un 2,8% en agosto y el peso se depreció, acercándose a la barrera psicológica de 20 unidades por dólar.
El embajador de Canadá en México, Graeme Clark, resumió la incertidumbre de los inversionistas. «Están preocupados, quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas», dijo el diplomático.
Supermayorías
Aunque la propuesta de reforma llegó al Congreso hace meses, será debatida y aprobada por la nueva legislatura que se instala este domingo.
En el nuevo parlamento, el partido oficialista Morena y sus aliados estrenarán las supermayorías que lograron en las elecciones de junio, con dos terceras partes de los escaños en diputados y a solo un asiento de lograr la misma proporción en el Senado.
La llamada «mayoría calificada» los habilita para modificar la Constitución sin necesidad de los votos de la oposición.
Un gobierno mexicano con supermayorías en el Congreso es una situación inédita en lo que va del siglo XXI. Su antecedente se remonta a la década de 1990, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún mantenía la hegemonía política que ostentó por más de 70 años.
Esto alertó a opositores y analistas que temen que el oficialismo intente formalizar un régimen autocrático.
La oposición denunció ante el tribunal electoral mexicano irregularidades tanto en los comicios presidenciales como en el reparto de asientos en el Congreso.
Alegaron intromisiones de López Obrador a favor de Sheinbaum durante la campaña, además de una sobrerrepresentación ilegal de la alianza oficialista en el Parlamento.
Ambas demandas fueron desestimadas por el tribunal que terminó de certificar la semana pasada los resultados.
El informe presidencial es un ejercicio tradicional en la política mexicana, consistente en un repaso anual de los avances de la gestión.
López Obrador los ha dedicado principalmente a realzar los logros de su política social, basada en vastos programas de apoyo económico a sectores pobres y vulnerables, y ocasionalmente a lanzar discursos con carga nacionalista, ideológica e histórica.
«Lo hicimos entre todos. Gracias», repite el mandatario al cierre de una serie de avisos promocionales del informe en los que repasa los resultados de su gobierno.
