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La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la posibilidad, por primera vez, de una discusión interna que incluya en igualdad de condiciones a los ministros antireforma y a aquellos que están a favor de la iniciativa. La ruta que los conduce a esa discusión es un tanto complicada jurídicamente y se apoya en solicitudes formales de jueces y magistrados que han encabezado el paro de labores en los juzgados distritales.
Norma Piña es la promotora de analizar los documentos que contienen las solicitudes de los paristas, mismos que se pueden resumir en la petición de que la Corte declare que el proceso de reforma es inviable al afectar derechos humanos y tratados internacionales a los que México se ha adherido.
Piña es una abierta detractora de la Reforma al Poder Judicial, pero por turno los documentos paristas deberán ser analizados y llevados a una primera dictaminación por la amlista Lenia Batres. Es decir, Batres deberá (en teoría) presentar un razonamiento a los otros 10 ministros sobre lo que debe hacerse con estas peticiones.
Es ingenuo suponer que Piña no supiera que corresponde a Batres un primer análisis, por lo que puede decirse que esta es la primera vez que hay signos de debate abierto entre ministros con posturas radicalmente opuestas.
Batres, que la tarde de este jueves se encontraba encabezando mítines proreforma judicial junto a Loretta Ortiz, podría dinamitar la discusión entre ministros negándose a darles cause. Como argumento principal tiene el hecho de que la reforma no ha surtido efecto y de que, cuando esté cabalmente aprobada, su incorporación a la Carta Magna hará legal el método de selección por urnas de los jueces.
Esos argumentos pueden prevalecer aún cuando acepte discutir con sus pares la actitud que debe tomar la Corte ante la reforma judicial.
Los documentos entregados entre los días 2 y 4 de septiembre pasados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación piden que se tomen medidas cautelares que impidan el proceso legislativo, esto bajo el argumento de que conducen a establecer normas que afectan derechos humanos, laborales y de acceso a la justicia, algo incompatible con los tratados internacionales que México ha firmado.
La Asociación de Jueces y Magistrados de Distrito federales ya habían entregado un alegato de esta naturaleza a la Corte, en el que hicieron explícita la solicitud de que la Corte de aleje de históricas decisiones tomadas en el año 2011. En ese año, la Corte reconoció que las disposiciones de los tratados internacionales firmados por México adquieren el mismo nivel del articulado constitucional, aunque no hayan sido anexados a la Carta Magna… Pero con una excepción: cuando la disposición internacional se contradiga con limitaciones que la Constitución mexicana impone a esos derechos, la Constitución tendrá mayor valor.
Los paristas y demás detractores de la Reforma Judicial están apelando a que esta jurisprudencia se abandone, anteponiendo los tratados internacionales a la Constitución en lo que se refiere al tipo de sistema judicial establecido en México.
En efecto, tratados firmados por México (comerciales, de derechos humanos, entre otros) se tornan incompatibles en general con el fin de la carrera judicial (seleccionar jueces por méritos y no por urnas), pero si la elección popular de juzgadores está en la Constitución, entonces los tratados podrían dejarse de lado por la preeminencia de la Carta Magna sobre ellos.
La Corte sólo podría actuar contra la Reforma al Poder Judicial si abandona la histórica decisión que tomó en 2011 y que en su momento se vio como una postura de avanzada.
Más allá de lo abigarrado de esta ruta legal, los ministros favorables y contrarios a la Reforma tendrán por vez primera una ocasión de encontrarse (no en privado, sino en el pleno) para discutir el futuro del Poder de la Unión que ellos encabezan actualmente.
