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La reforma al Poder Judicial es una realidad a punto ser promulgada, pero las advertencias y cuestionamientos por su aplicación futura continua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado donde asegura que esta podría tener un impacto negativo en la independencia judicial, el Estado de Derecho y el acceso a la justicia.
Desde Washington, la CIDH destacó diferentes puntos de la reforma al Poder Judicial que podrían terminar siendo perjudiciales para el país. «La Comisión Interamericana comparte que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros.»
Según este organismo, la reforma fue aprobada con un proceso acelerado a pesar de los diálogos nacionales para la participación ciudadana que se realizaron entre febrero y abril de este 2024.
«la CIDH observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, , tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas. En este mismo contexto, preocupa las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma.» explica en el comunicado.
Aunque, reconoce que es importante encontrar acciones que fortalezcan el sistema de justicia de México cuestionó que la reforma aprobada recientemente responda directamente a las problemáticas actuales de acceso a la justicia y que no abarca todas las áreas de mejora posibles.
«Una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio (…) Ello, con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos. En todo caso, una reforma comprensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas.»
También, señala que la implementación de «Jueces sin rostro» en casos de delincuencia organizada va en contra del de la Convención Americana según lo acordado por los órganos del sistema interamericano.
La CIDH no es la primera organización ni personalidad que expresa preocupación y cuestionamientos a la reforma al Poder Judicial. El embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar le expresó al presidente Andrés Manuel López Obrador que la reforma podría contravenir lo acordado en el T-MEC , generando incertidumbre en las inversiones extranjeras en nuestro país.
En otro tenor, instituciones como la IBERO y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han advertido que no sólo se podría afectar la impartición de justicia, sino la calidad democrática en el país con un Poder Judicial sujeto a tomar decisiones por popularidad y no por el apego a las leyes.
Adrea Pochak ve una «oportunidad perdida» tras la aprobación a la reforma al Poder Judicial
En entrevista con Carmen Aristegui, la relatora para México de la CIDH profundizó los temas planteados en el comunicado.
«La CIDH desde hace varios años viene advirtiendo de la necesidad de una reforma. Sin embargo lo que advertimos luego de haber seguido muy de cerca este proceso legislativo es que esta reforma no es la que México necesita. Tiene serias deficiencias en materia de garantías de independencia judicial, de acceso a los cargos con base en el mérito y tiene serias deficiencias en régimen disciplinario», declaró Pochak.
Explicó también que habían solicitado que esta reforma abarcara otras áreas y no únicamente a jueces, ministros y magistrados.
«Nos preocupa que esta reforma no esté partiendo de un diagnostico profundo. Cualquier reforma judicial para México necesitaba incorporar sí o sí a la fiscalía general, a las fiscalías estatales, a las defensorías públicas. Entonces nos parece que no responde a las necesidades reales en México».
Además, contrario a lo que ha declarado el presidente, la representante de la CIDH señaló que sí habrá afectaciones a quienes trabajan en el Poder Judicial y que la elección no sólo no garantiza la correcta impartición de justicia, sino que la pone compromete a una situación de popularidad que puede ser contraria a las leyes.
«El cese masivo de todos los jueces, magistrados y ministros es preocupante porque que no corresponde a los compromisos internacionales de Derechos Humanos. Luego, el procedimiento de elección popular no garantiza que la elección se realiza con base en el mérito y la idoneidad de quienes vayan a ocupar estos cargos públicos tan importantes»
«Esta reforma altera significativamente las expectativas de ascenso en la carrera judicial. Estudiantes que ya no tienen chance de esforzarse y aspirar a un cargo de importancia. Trabajadores y trabajadoras que llevan años y ya no ven expectativa de ascender. Es algo desalentador», concluyó.
Por otra parte, también criticó al actual Poder Judicial por las acciones e ineficiencias que justificaron esta reforma. «Ha sido un despropósito que durante mucho tiempo el propio Poder Judicial no estuviera a la altura de la circunstancias y no aceptara ningún tipo de reforma. Se resistió a la democratización y a hacerse más eficiente y menos corrupto, como ocurre en muchos países. Definitivamente esta es una oportunidad perdida.»
