Corte analizará la Reforma de AMLO

La Suprema Corte de Justicia, con ocho votos a favor y tres en contra, decidió revisar en pleno una reforma constitucional que afecta directamente a sus integrantes. La reforma al Poder Judicial será analizada por los ministros para determinar si viola la autonomía del poder judicial.

Se trata de un triunfo para los jueces que enviaron a la presidenta de la Corte, Norma Piña, pues se abre una ligera esperanza de que aún una batalla antes de que los cargos de jueces, magistrados y ministros sean designados a quienes los ganen en urnas, una de las reformas que Andrés Manuel López Obrador impulsó al final de su mandato.

La discusión dejó ver algunos momentos civilizados, pero no por ello menos duros, sobre esas extrañas semanas en la que algunos ministros salieron a las calles para sumarse a las manifestaciones a favor y en contra de la modificación a la Constitución mexicana y la naturaleza del Poder Judicial. En algunos de ellos era evidente sus deseos de debatir esto a fondo, aún cuando la sesión del pleno de ayer sólo hubiese sido convocada para saber si una queja de los jueces detractores de la reforma judicial debía ser recibida o no.

Lo que se hizo evidente es que, incluso aunque tuvieran la intención final de votar contra la intención de revertir la reforma constitucional, había ministros que sí deseaban discutir un tema que marca un antes y un después para el Poder Judicial. Es muy factible que de esos ocho votos que optaron por darle entrada a la discusión sobre la reforma judicial haya al final algunos que expongan argumentos sobre los riesgos que se vienen encima, pero que opten por no enmendar la plana al Congreso de la Unión.

Ha sido el día especial para la ministra más cercana a la 4T (o que forma parte de ella). Lenia Batres ha estado más claridosa que nunca. Ha sido puntillosa al analizar el proyecto de acuerdo al decir que en él se busca dar curso a la petición de los jueces y magistrados inconformes con la reforma judicial ya aprobada por el Congreso de la Unión y validada por los legislativos estatales.

Irreconocible en cuanto a la claridez y fluidez de sus argumentos, hizo la exposición más larga contra la entrada de la queja y señaló, uno a uno, lo escabroso que resultaba que la Corte tratara de enmendarle la plana al Legislativo federal y los congresos estatales.

El Poder Judicial no puede otorgarse a sí mismo un puesto por encima del Legislativo, señaló.

Poco antes, Yasmín Esquivel había dado los primeros argumentos jurídicos contra la ponencia (que proponía darle paso a la discusión de fondo) y se había dado tiempo de puyar a Luis María Aguilar, a Mario Pardo Rebolledo y al ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá. A los primeros porque en el pasado había votado contra este tipo de revisiones a las reformas constitucionales. Al ponente, por querer meter a chaleco la queja de los jueces y los magistrados que, según él mismo reconocía, estaba mal planteada.

No estamos para corregiré esto a profesionales de la administración de justicia, señaló Esquivel.

Margarita Ríos Farjat se apegó al proyecto, pero al igual que el propio ponente, señaló que no se trata de prejuzgar la queja planteada por los jueces y magistrados inconformes (si la reforma viola la autonomía del Poder Judicial), sino que “es valioso el debate” y que la Corte debería darse esa oportunidad ya que se trata de un asunto sui géneris, no equiparable a otros casos, cuyo debate enriquecería al constitucionalismo mexicano.

Javier Laynez secundó la postura de Ríos Farjat y señaló que las argumentaciones que solicitaban desechar este caso, estaban tocando el fondo del asunto y no atendían el primer paso: ¿la Corte puede afrontar esta consulta y debatir el tema?

“No quiero terminar sin recordar el tema de si el tribunal constitucional puede afrontar una reforma constitucional es un asunto pendiente”. Y finalizó que negarse a esta revisión en la etapa de trámite no le parecía conveniente ya que era perder una oportunidad de abrir una rica veta de discusión sobre el constitucionalismo mexicano.

Luis María Aguilar pidió abiertamente que no se cayera en calificaciones de un ministro a otro y le espetó a Esquivel que cuando voto contra las revisiones de reformas constitucionales, había otro marco legal que no permitía evaluar la “inconstitucionalidad” de las reformas.

Aguilar (como cada uno de los ministros que se mostraron a favor de debatir la queja y, por tanto, la reforma constitucional morenista) indicó que no estaba anticipando un eventual voto al respecto, sino que estaba a favor de debatir el tema.

Y Aguilar optó por no ahorrar tiempo y se fue al fondo, señalando que hay elementos a tratar en la famosa discusión sobre derechos humanos que se deriva de convenios internacionales a los que México se ha adherido. Algunos de estos acuerdos internacionales son más garantistas que la propia Constitución mexicana, es decir, brindan un derecho más amplio a los sujetos y eso derivo en la necesidad de que la Corte debatiera, hace años, si los convenios estaban a la par de la Constitución. Decidió que sí, pero que en caso de una abierta contradicción, la Constitución mexicana debía prevalecer.

De hecho, los jueces y magistrados que se quejaron de los efectos de la reforma judicial se basan en aquel hecho para contar con una última esperanza para revertir la elección en urnas de sus puestos. De acuerdo a estos inconformes, la SCJN debe revisar la actuación del poder legislativo si en sus decisiones termina violentando, por ejemplo, el derecho a una administración de justicia verdadera (algo que México ha promulgado en el orden internacional).

En este sentido, Aguilar si mostró claras intenciones de revisar críticamente la decisión de llevar a urnas la designación de jueces, magistrados y ministros.

Por su parte, Alberto Pérez Dayán pidió adecuar el proyecto y nuevamente pidió que las discusiones de fondo se dejaran para después (en su caso).

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pidió darle entrada al debate, pero fue claro en que el proyecto de resolución le parecía falta de solidez, que el debate que deseaba era uno más proactivo, para tratar de resolver problemas de interpretación sobre la función de la Corte para velar por la autonomía del Poder al que pertenece.

Hubo segundas rondas en las que Lenia Batres comentó que cualquier calificativo usado en su exposición se refería a ponencias y no a sus compañeros. Y, siguiendo con el buen día que estaba teniendo, expuso con claridad que ella está a favor del respeto a cada ministro, algo que no siempre ha encontrado al interior de la Suprema Corte. Lenia ha sido motivo de ataque desde cuentas de redes sociales que usan los logos oficiales del Poder Judicial.

Finalmente, el proyecto fue votado y quedó claro que la mayor parte de los ministros, en caso de que la naturaleza de la Suprema Corte cambie, no desean que esto pase sin verter razonamientos al respecto en el pleno.

Sólo Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, votaron en contra.