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Desde el pasado 21 de agosto, la comunidad totonaca de Ojital Viejo, en el municipio de Papantla, Veracruz, ha estado lidiando con las graves consecuencias de un derrame de hidrocarburos que ha contaminado 12 kilómetros de un arroyo que desemboca en el Río Cazones. Durante este tiempo, las autoridades han sido acusadas de omisión, discriminación y negligencia en la atención del incidente, lo que ha provocado la muerte de especies nativas y animales domésticos, así como la contaminación de pozos artesianos y parcelas de cultivo.
La Alianza Mexicana contra el Fracking realizó una inspección el 28 y 29 de septiembre, encontrando que el derrame sigue sin atención adecuada. Un reducido grupo de ocho empleados de Pemex, que carecían de equipo de seguridad y herramientas adecuadas, se limitó a retirar el suelo contaminado y depositarlo al costado del arroyo, lo que empeora la situación, especialmente con las lluvias recientes.
Los habitantes de las comunidades afectadas han denunciado un trato discriminatorio y una evidente negligencia por parte de Pemex y otras instancias responsables. Hasta la fecha, no han recibido información sobre el alcance del derrame ni las medidas de remediación necesarias. Esto ha generado preocupación entre los residentes, quienes han organizado esfuerzos de atención a la fauna afectada y han llamado a la sociedad a unirse en apoyo a su causa.
El derrame fue detectado por la comunidad tras un fuerte olor a azufre, lo que llevó a los vecinos a identificar el punto de fuga en uno de los oleoductos que atraviesan la zona. Estos oleoductos, junto con gasoductos, tienen más de 70 años de antigüedad sin recibir el mantenimiento adecuado. Los residentes recordaron incidentes previos de derrames, lo que plantea serias dudas sobre la seguridad de estas instalaciones.
La situación actual no es un hecho aislado, sino parte de una serie de incidentes que evidencian la falta de atención a las comunidades que han sido declaradas en tres ocasiones como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, para Pemex y las autoridades, esta área parece ser considerada una «zona de sacrificio», donde los impactos de la actividad petrolera son continuos y graves.
Frente a esta crisis, las comunidades totonacas, junto con diversas organizaciones como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, exigen lo siguiente:
Remoción inmediata de los lodos y materiales contaminados por parte de Pemex, así como su responsabilidad en la restauración de los ecosistemas y cultivos afectados.
Mantenimiento constante a las instalaciones de Pemex, especialmente aquellas que cruzan comunidades.
Implementación de medidas de prevención y garantías de no repetición.
Sanciones ejemplares a Pemex por las autoridades responsables de regular su operación.
Que el Fondo Mexicano del Petróleo destine recursos para la remediación de los sitios contaminados.
La comunidad y las organizaciones firmantes continúan haciendo un llamado urgente a las autoridades para que asuman su responsabilidad y tomen acciones concretas que garantice la salud, la integridad de las poblaciones afectadas y la protección del medio ambiente en esta zona de gran importancia cultural y ecológica.
