Chiapas sin ley

A un mes para que deje la gubernatura de Chiapas tras seis años de una polémica administración, Rutilio Escandón heredará a su sucesor, Eduardo Ramírez Aguilar, un estado a merced de nueve Cárteles de la droga que no sólo son generadores de violencia, con más de 6 mil homicidios en seis años y con más de 40 mil chiapanecos desplazados de manera forzada, en particular en comunidades rurales, al no existir la protección de un gobierno estatal que fue rebasado e incapaz de brindar seguridad a los más de 5 millones de chiapanecos de los 124 municipios que claman con urgencia por una ayuda.

Chiapas, un estado en el que hace menos de una década se podía transitar libremente por sus zonas turísticas y pueblos a cualquier hora del día, en los últimos cuatro años vio transformar esa tranquilidad en violencia, asesinatos, feminicidios, secuestros y desplazamientos forzosos en comunidades completas, al ser dejados a su suerte por su aún gobernador, Rutilio Escandón, que a un mes de dejar el cargo, deja a los chiapanecos a su suerte y con nueve cárteles de la droga que los tienen contra la pared.

Si bien es cierto que la presencia de grupos del crimen organizado no es algo nuevo en la entidad, en la administración de Rutilio Escandón fue claro el crecimiento de los cárteles que entraron a Chiapas para disputar el mercado de las drogas y las extorsiones que se dispararon en más del 100%.

Información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y en la que coincide el DCXepartamento de Estado de EU, al menos nueve grupos del crimen organizado se disputan el control de plazas en 12 de los 124 municipios chiapanecos, sin que hasta ahora el gobierno estatal haya hecho algo para hacer valer la ley, y es que ni con la presencia de elementos del Ejército ni de la Guardia Nacional se han logrado inhibir las acciones ilícitas de los cárteles.

La disputa por el mercado de la droga y el control de las plazas se centra principalmente entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conflicto al que también se han sumado otros grupos criminales ya identificados y reportados por la DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos como el Cártel del Golfo, los Zetas, células de los Beltrán Leyva, Cártel de San Juan Chamula, así como grupos locales como El Maíz, El Machete y el Cártel de Chiapas y Guatemala.

El clamor de ayuda a las autoridades estatales comenzó desde diciembre de 2018 cuando comunidades que enfrentan conflictos territoriales buscaron la mediación del Gobernador, sin que se alcanzara algún acuerdo.

Cifras del crimen organizado en Chiapas

Un caso aparte es la presencia del narco en Chiapas, donde la fallida estrategia de “Abrazos, no balazos” de López Obrador, permitió a grupos criminales actuar a placer y sin trabas. Sobre esta crisis que abarca cada rincón del estado, desde Tapachula, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Pantelhó, Villa Corzo, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tila, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ocozocoautla de Espinosa y Palenque, chiapanecos han denunciado un aumento incontrolable de inseguridad, al grado de que habitantes de pequeñas comunidades se han visto obligados a aplicar el auto toque de queda a partir de las 7 de la noche, pues temen ser víctimas de la guerra entre estos grupos criminales, ya sea alcanzados por balas perdidas o ser secuestrados.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024, en la entidad se registraron 525 homicidios dolosos, lo que refleja un aumento del 49% frente a los 351 casos registrados en el mismo lapso del 2023.

Desde el 1 de diciembre del 2018 hasta junio del 2024, se registraron 6 mil147 casos de homicidios registrados ante la Fiscalía del estado, de los cuales 2 mil 386 fueron dolosos y 3 mil 761 culposos; feminicidios, 177; secuestros, 78; abuso sexual, 943; robos (a casas habitación, negocios, vía pública y transporte), 18 mil 550; extorsión, 319; narcomenudeo, 5 mil 795; desplazados de manera forzada, más de 40 mil personas.

La escalada de violencia en los últimos seis años ha convertido a Chiapas en uno de los estados más violentos del país junto con Tabasco, Zacatecas, Estado de México y Guanajuato.
Desplazados por el crimen organizado en Chiapas

En lo que respecta a las comunidades donde más de 40 mil personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en el sexenio de Rutilio Escandón, por amenazas de grupos criminales comprende poblados como Amatenango de la Frontera, Ejidos Nueva Morelia, Ranchería Michoacán, Ejido Pacayalito, Barrio Bienestar Social, Barrio Nueva Libertad, Barrio Flor de Mayo, Ejido Nuevo Recuerdo, Ejido Palestina, Ejido Nuevo Amatenango, Barrio Belén, Barrio Platanillo, Barrio el Pino y Barrio Nueva América, entre otras.

Información del SESNSP destaca que el epicentro de la violencia desatada entre el Cartel de Sinaloa y el CJNG se registra en los municipios chiapanecos que hacen frontera con Guatemala como Comalapa y El Porvenir, considerada como una zona clave para el trasiego de drogas, precursores químicos, secuestros y trata de personas.

En la misma línea, la DEA identifica como corredor central para el tráfico de sustancias ilegales y tráfico de migrantes hacia el centro y norte del país a los municipios de la Trinitaria, Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez.

A partir del 1 de diciembre próximo, con la entrega de Gobierno, el mandatario estatal electo, Eduardo Ramírez Aguilar, no solo tendrá que realizar una auditoría a fondo para saber en qué condiciones le deja Rutilio Escandón las arcas del gobierno, sino que uno de sus principales y graves problemas que deberá enfrentar es la pesadilla de una inseguridad y violencia desbordada, donde nueve cárteles de la droga tienen contra la pared y a su merced a más de 5 millones de chiapanecos, una misión titánica que podría ser el dolor de cabeza de su administración.

Y es que no por nada la presidenta Claudia Sheinbaum colocó a Chiapas como parte de la estrategia de seguridad de su administración, dentro de las acciones prioritarias en sus primeros 100 días de gobierno, tras reconocer que Chiapas es uno de los estados donde la violencia e inseguridad se dispararon.