La iniciativa privada (IP) de la construcción estima una inversión de 6 billones de pesos durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, monto que dependería de la estabilidad económica y el estado de derecho en el país, según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Luis Méndez Jaled, presidente del organismo privado, explicó que los recursos de las empresas constructoras se distribuyen en tres principales rubros: obra civil (45%), edificación (43%) y trabajos especializados (12%); mientras que el gasto público suele concentrar alrededor de 80% en obra civil.
“Estamos calculando que en el sexenio estemos invirtiendo 6 billones de pesos en el sexenio, alrededor de 1 billón por año. ¿Qué se necesita? Estado de derecho y certidumbre económica”, comentó el líder de la industria.
Después de un sexenio de retos debido al desplazamiento de las empresas por la asignación del desarrollo de obras públicas al Ejército, la CMIC indicó que el nuevo gobierno federal ha dado buenas señales para una mayor colaboración con el sector privado.
En este sentido, Méndez Jaled indicó que la inversión pública en infraestructura física se redujo al pasar de 600,000 millones de pesos en el 2024 a 542,000 millones de pesos para el 2025, según lo establecido en el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la semana pasada.
“Se podría decir que van mal las cosas, pero vemos mensajes buenos, como el que la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) vuelve a tener un peso importante en el monto asignado para proyectos prioritarios, lo vemos con muy buenos ojos”, añadió el empresario.
Por el momento, la CMIC mantiene mesas de trabajo con la Secretaría para evaluar la viabilidad de una cartera de más de 600 proyectos de infraestructura, de los cuales coinciden en priorizar alrededor de 250.
Colaboración en vivienda
Para la CMIC, es fundamental que los recursos del Paquete Económico 2025 se ejerzan con transparencia y con un esquema de licitaciones públicas abiertas para impulsar la participación del sector privado.
Al respecto, Méndez Jaled destacó que el incremento de 180% al presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) refleja la prioridad de reducir la brecha de vivienda adecuada para la población de bajos ingresos.
«En cuanto al millón de viviendas, el bono demográfico nos dice que se van a requerir hasta 4 millones en el sexenio, hay mucho por hacer. Existen 7,000 empresarios constructores de vivienda, vamos a colaborar de cerca para que sean estos constructores los que den la mejor opción en este sentido”, declaró.