Aunque la temporada decembrina trae a comerciantes de los mercados públicos de la capital un aumento en las ventas debido a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, este auge económico también viene acompañado de un incremento en las extorsiones, según denuncian los vendedores.
La Ciudad de México cuenta con 353 mercados públicos, distribuidos en diversas alcaldías, que se convierten en focos de actividad durante las festividades decembrinas. Según autoridades, durante esta temporada, los mercados se convierten en una mina de oro para los extorsionadores, que ven en el aumento de las ventas una oportunidad para exigir “derechos de piso”, amenazas y cobros ilegales.
Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, afirmó que en lo que va del año se ha logrado la detención de 305 personas vinculadas a este delito. Además, la Secretaría ha atendido 1,874 casos de extorsión telefónica y ha incautado más de 2,500 dispositivos celulares en centros penitenciarios de la ciudad, lo que refleja la dimensión de un problema que afecta tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresarios del sector.
El modus operandi de los extorsionadores suele comenzar con amenazas directas o llamadas telefónicas, en las que los delincuentes exigen pagos por “protección”. Estas demandas son aún más comunes durante la temporada alta, ya que los mercados experimentan un aumento de clientes y, por lo tanto, de ingresos. Los extorsionadores conocen bien el contexto económico y aprovechan la incertidumbre y el temor que genera el poder de su amenaza.
El impacto económico de la extorsión
El economista César Francisco Manzano Rodríguez, investigador de la UNAM, destaca que la extorsión tiene un efecto devastador sobre los pequeños negocios. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, durante 2023 se registraron 747 mil delitos de extorsión en el país, de los cuales 113 mil involucraron cobros de piso o actos directos en establecimientos. En la Ciudad de México, el costo promedio del delito ascendió a 63,645 pesos por establecimiento, afectando principalmente a las micro y pequeñas empresas.
“Este delito genera un aumento en los costos operativos de los comercios, pues no solo implica pagos directos a los extorsionadores, sino también gastos adicionales en medidas de prevención, como cámaras de seguridad. Esto incrementa los precios de los productos, afecta la competitividad de los mercados y limita la expansión de los negocios”, señala Manzano Rodríguez.
Además, la percepción de inseguridad puede modificar el comportamiento de los consumidores. “Es posible que los clientes eviten acudir a mercados o tianguis en zonas consideradas peligrosas, lo que disminuye el nivel de ventas y agrava aún más el problema económico”, añade el especialista.
La dinámica de la extorsión en mercados
En el Mercado Juan de la Barrera de Iztapalapa, varios comerciantes comparten sus historias de miedo. Rosa, una vendedora de juguetes, comenta que, cada año, en diciembre, las extorsiones aumentan considerablemente. “Me piden dinero para ‘protegerme’, como si fuera un derecho, pero en realidad es un robo. Si no pago, me amenazan con quemar mi puesto o hacerle daño a mi familia”, cuenta, con una mirada preocupada mientras organiza sus mercancías.
El “derecho de piso” que deben pagar muchos comerciantes es solo la punta del iceberg. En algunos casos, los extorsionadores llegan a intimidar físicamente a los vendedores, dañando sus productos o incluso agrediéndolos para asegurar el cobro. Esta violencia se intensifica durante las festividades, cuando los comercios se encuentran a su máxima capacidad y la falta de medidas de seguridad adecuadas los hace más vulnerables.
Un carnicero del Mercado de San Juan, también relata su experiencia. “El dinero que gano en diciembre, que debería ser para mejorar mi negocio, se va en pagos a los extorsionadores. No solo se nos pide dinero en efectivo, también te exigen que compres ciertos productos a precios inflados. Si no lo haces, las amenazas se intensifican”, explica, y una vez más evidencía cómo los comerciantes se ven atrapados entre las expectativas económicas de la temporada y la necesidad de protegerse.
Sin denuncias: obstáculo en la lucha contra la extorsión
Ulises Lara López, de la Fiscalía General de Justicia, enfatiza que la denuncia por extorsión sigue siendo baja, con aproximadamente 3,500 carpetas de investigación en 2023.
La cifra negra del delito es alarmante: 90.3% de los casos no se denuncian. Manzano Rodríguez atribuye esta problemática a la corrupción y la impunidad.
“La desconfianza en las autoridades y la percepción de que las denuncias no generan resultados desalientan a los comerciantes a denunciar”.
Respuestas institucionales
Para combatir este fenómeno, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado una estrategia integral que incluye reformas legislativas, una línea telefónica para denuncias (5550363301) y la creación de la Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión.
Clara Brugada, jefa de Gobierno, subrayó: “Lo más importante para este gobierno es la seguridad de las personas; no daremos tregua en la lucha contra este delito”.
Problema estructural
Para los comerciantes y especialistas, el impacto de la extorsión no solo se refleja en los ingresos de los mercados, sino también en la economía de local.
“Los costos adicionales afectan la competitividad de los mercados, aumentan los precios y reducen la contratación de personal, lo que agrava el desempleo. Es importante implementar estrategias de prevención ante el delito de extorsión y también de acompañamiento y vigilancia constante en los establecimientos comerciales para que las personas se sientan seguras ante cualquier amenaza”, concluye Manzano Rodríguez.