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El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó las listas de los candidatos al Poder Judicial de la Federación que fueron entregadas por el Senado el pasado 12 de febrero. Este proceso es parte del camino hacia las elecciones extraordinarias que se celebrarán el 1 de junio de 2025. Sin embargo, la revelación de estas listas ha generado controversia debido a diversos errores y reclamaciones por parte de los implicados.
En cumplimiento con el principio de transparencia, el INE hizo públicos los nombres de las 4,224 personas postuladas, entre los que se encuentran figuras destacadas como las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. También aparecen en la lista otros nombres relevantes como Marisela Morales, ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
El desglose de los candidatos revela que 1,416 personas fueron insaculadas por el Poder Legislativo, 1,430 por el Poder Ejecutivo y 955 se inscribieron desde el Poder Judicial. Además, el 74% de los jueces en funciones que decidieron participar en el proceso judicial tendrán su nombre directamente en las boletas de votación. A pesar de este esfuerzo por garantizar una elección transparente, algunos de los listados contienen errores que ya han sido señalados públicamente.
Entre las críticas destaca la denuncia de la Magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien, a pesar de haber presentado su renuncia al proceso electoral, encontró su nombre incluido en las listas publicadas. A través de un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), López Benítez expresó su sorpresa al ser incluida en la relación de personas postuladas para la elección, ya que había informado previamente al Senado y al Consejo de la Judicatura Federal de su declinación. “Mi posición siempre ha sido clara: no a la reforma ni al desaseo que últimamente estamos presenciando”, mencionó la funcionaria, visibilizando su rechazo a la reforma judicial.
Esta situación ha puesto en evidencia los errores en el manejo de los listados por parte del Senado, y ha generado dudas sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral. A pesar de las inconformidades, el INE continúa con la preparación de la elección, que se llevará a cabo en junio, en la que los ciudadanos deberán elegir a las personas que ocuparán importantes cargos dentro del sistema judicial del país.
El Consejo General del INE tiene previsto aprobar un proyecto para recibir formalmente el informe sobre las actividades realizadas respecto a la recepción de los listados, lo que consolidará el proceso rumbo a las elecciones extraordinarias. A medida que el 1 de junio se acerca, la convocatoria a la participación ciudadana será clave para asegurar la legitimidad y efectividad del proceso electoral.
