Detectan anomalías por 51.9 mil millones de pesos en cuenta pública 2023

Dependencias federales, estados y municipios incurrieron en probables daños al erario por un monto de 51 mil 979 millones 42 mil 400 pesos durante 2023, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ese es el resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2023, que está integrada por 2 mil 369 auditorías, de las cuales 410 se aplicaron al gobierno federal, empresas productivas del Estado y organismos autónomos, y mil 959 se realizaron a gobiernos estatales y municipales.

David Colmenares, titular de la ASF, llevó a cabo la tercera entrega, que contempló mil 623 auditorías, en las que se detectaron probables daños al erario por más de 44 mil 318 millones de pesos, de los cuales se han recuperado mil 112 millones, por lo que restan 43 mil 206 millones de pesos por aclarar.

Las dependencias con más observaciones fueron la Secretaría de Turismo, por irregularidades relacionadas con la construcción del Tren Maya. En total se observaron a Sectur probables daños al erario por 2 mil 593 millones 603 mil 200 pesos.

Por su parte, a la Secretaría de Salud se le observaron mil 228 millones de pesos, principalmente por anomalías en el uso de recursos para la adquisición de medicamentos por parte de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex.

Por otro lado, al IMSS se le observaron mil 242 millones de pesos por presuntos desvíos en la implementación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico y de Anestesia. El diario El Universal documentó recientemente que el dinero de ese programa se usó para pagar deudas de otros años y costear otros programas.

Petróleos Mexicanos (Pemex) incurrió en presuntas anomalías por un monto de 105 millones 138 mil 600 pesos, principalmente en lo referente a deudas a proveedores.

Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se le observaron posibles anomalías por 8 millones 331 mil 900 pesos.

Tras la presentación de los resultados de las auditorías, los entes públicos que tuvieron observaciones cuentan con 30 días para solventarlas.