Columna: Prospectiva

Por: Emilio de Ygartua M.

Dilema de la Vejez en México: Entre el Trabajo Continuo y la Dependencia de Ayudas Públicas

El envejecimiento poblacional en México presenta un panorama complejo donde millones de adultos mayores enfrentan la disyuntiva entre continuar trabajando hasta el final de sus días o depender de sistemas de apoyo gubernamental que hay que reconocer es una gran ayuda, sí, pero es insuficiente. Por ello, es necesario analizar la realidad de la vejez en México, las vulnerabilidades del sistema de pensiones, los programas sociales existentes, y los desafíos que el país enfrenta ante una población que envejece con mayor longevidad y necesidades crecientes.

La situación se agrava cuando consideramos que aproximadamente el 70% de los adultos mayores en México no cuenta con una pensión contributiva que les permita cubrir sus necesidades básicas. Muchos de ellos se ven obligados a permanecer en el mercado laboral, frecuentemente en condiciones precarias y dentro de la economía informal, donde los ingresos son inestables y carecen de protección social.

Los programas sociales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores han representado un alivio significativo para millones de familias. Sin embargo, las cantidades otorgadas resultan insuficientes para garantizar una vida digna, especialmente cuando enfrentan gastos médicos crecientes o requieren cuidados especializados. Esta realidad revela las profundas desigualdades socioeconómicas que se acentúan durante la vejez.

El dilema se extiende también a las familias mexicanas, que tradicionalmente han asumido el rol de cuidadoras principales. Los cambios en la estructura familiar, la inserción de las mujeres en el mercado laboral y la migración han modificado estas dinámicas de cuidado, creando nuevas tensiones y vacíos en la atención a los adultos mayores. Es evidente que México requiere un replanteamiento integral de sus políticas públicas para enfrentar el reto demográfico que ya está aquí y seguirá intensificándose en las próximas décadas.

El Envejecimiento Poblacional en México: Una Realidad Inminente. México atraviesa una transformación demográfica sin precedentes. Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2050 casi una cuarta parte de la población mexicana tendrá más de 60 años, comparado con el 12% actual. Este cambio estructural responde a dos factores fundamentales: la disminución sostenida en la tasa de natalidad, que ha pasado de 7 hijos por mujer en los años sesenta a 1.8 en la actualidad, y el aumento en la esperanza de vida, que hoy alcanza los 75 años.

El proceso de envejecimiento poblacional avanza de manera acelerada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 México contaba con aproximadamente 15.4 millones de personas mayores de 60 años, cifra que se duplicará en menos de tres décadas. Este fenómeno, denominado «envejecimiento demográfico», representa uno de los mayores desafíos socioeconómicos para el Estado mexicano.

Las implicaciones de esta transición son multidimensionales. Por un lado, supone una presión creciente sobre los sistemas de salud, que deberán adaptarse para atender enfermedades crónico-degenerativas cada vez más prevalentes. Por otro lado, representa un reto mayúsculo para los sistemas de seguridad social y pensiones, diseñados originalmente para una estructura poblacional predominantemente joven con una esperanza de vida sustancialmente menor.

El envejecimiento poblacional no es un proceso homogéneo en todo el territorio nacional. Estados como Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca presentan índices de envejecimiento más elevados, mientras que entidades como Quintana Roo y Chiapas mantienen estructuras poblacionales relativamente más jóvenes. Esta heterogeneidad complica aún más la implementación de políticas públicas efectivas a nivel nacional.

La Precariedad Laboral y su Impacto en la Vejez. El mercado laboral mexicano se caracteriza por altos niveles de informalidad que dejan a millones de trabajadores fuera de los sistemas contributivos de seguridad social. Según datos del INEGI, aproximadamente el 56% de la población económicamente activa en México trabaja en condiciones de informalidad, sin acceso a prestaciones sociales como servicios de salud, incapacidad por enfermedad o planes de jubilación.

Esta realidad laboral tiene consecuencias devastadoras para la vejez de los mexicanos. Sin cotizaciones a sistemas de pensiones durante su vida productiva, millones de adultos mayores se ven obligados a continuar trabajando mucho después de la edad tradicional de jubilación, frecuentemente en condiciones precarias y con remuneraciones insuficientes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), más del 40% de las personas mayores de 65 años permanecen económicamente activas, cifra significativamente superior al promedio de los países de la OCDE (15%).

Trabajo informal. Más de la mitad de los adultos mayores que continúan trabajando lo hacen en el sector informal, principalmente en actividades como comercio ambulante, servicios domésticos o agricultura de subsistencia.

Ingresos insuficientes. El ingreso promedio de los adultos mayores que trabajan es aproximadamente 30% inferior al salario medio nacional, lo que perpetúa ciclos de pobreza.

Jornadas extensas. A pesar de su edad, muchos adultos mayores trabajan jornadas completas de más de 40 horas semanales para poder subsistir.

La precariedad laboral no afecta únicamente a quienes hoy son adultos mayores, sino que augura un futuro sombrío para las generaciones actuales de trabajadores. La persistencia de altos niveles de informalidad y salarios bajos compromete la capacidad de ahorro y previsión para la vejez, perpetuando un ciclo donde el trabajo hasta edades avanzadas no es una opción, sino una necesidad imperante.

El Sistema de Pensiones en México: Insuficiente e Inequitativo. El sistema de pensiones en México ha atravesado transformaciones significativas en las últimas décadas, pasando de un esquema de beneficio definido a uno de contribución definida mediante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Esta transición, iniciada en 1997, buscaba garantizar la sostenibilidad financiera del sistema ante el envejecimiento poblacional, pero ha dejado importantes vacíos en la protección social de millones de mexicanos.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), apenas el 30% de la población económicamente activa cotiza de manera regular en alguna Afore. Más preocupante aún, se estima que solamente uno de cada cuatro trabajadores actuales logrará acumular los recursos suficientes para financiar una pensión equivalente al 30% de su último salario, muy por debajo del 70% recomendado por organismos internacionales.

Institución	Tipo de pensión	Cobertura (millones)	Monto promedio mensual
IMSS	Contributiva	4.2	$5,600
ISSSTE	Contributiva	1.3	$7,200
Bienestar	No contributiva	10.5	$3,000

El sistema actual enfrenta múltiples deficiencias estructurales. Las bajas tasas de aportación (6.5% del salario frente al 20% promedio en países de la OCDE), los elevados costos administrativos de las Afores, y los bajos rendimientos en un contexto de volatilidad económica comprometen severamente la capacidad del sistema para garantizar pensiones dignas. Adicionalmente, el requisito de 1,250 semanas de cotización (aproximadamente 24 años) resulta inalcanzable para muchos trabajadores que alternan entre formalidad e informalidad.

La desigualdad es otra característica sobresaliente del sistema. Mientras algunos regímenes especiales (como los de PEMEX, CFE o fuerzas armadas) mantienen condiciones privilegiadas, la mayoría de los pensionados del IMSS o ISSSTE reciben montos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esta disparidad profundiza las brechas sociales y cuestiona la equidad del sistema en su conjunto.

Programas Sociales: La Red de Protección para la Vejez. Ante las deficiencias estructurales del sistema contributivo de pensiones, los programas sociales se han convertido en el principal mecanismo de protección para millones de adultos mayores en México. El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, implementado a nivel federal, constituye la piedra angular de esta estrategia no contributiva.

Inicialmente dirigido a personas mayores de 65 años, el programa redujo progresivamente la edad de elegibilidad hasta los 65 años, y amplió su cobertura hasta alcanzar a más de 10.5 millones de beneficiarios en 2023. El monto de la pensión ha experimentado aumentos graduales, situándose actualmente en aproximadamente 3,000 pesos mensuales, entregados de manera bimestral. Sin embargo, pese a estos incrementos, la cantidad sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un adulto mayor, especialmente en entornos urbanos con alto costo de vida.

Registro en el programa. Inscripción mediante presentación de documentos de identidad y comprobante de domicilio

Emisión de tarjeta bancaria. Entrega de tarjeta para recibir los depósitos bimestrales de la pensión

Depósito bimestral. Transferencia electrónica del monto correspondiente a dos meses de pensión

Verificación de supervivencia. Comprobación periódica de que el beneficiario sigue con vida mediante visitas domiciliarias

A nivel local, diversos estados han implementado programas complementarios con cobertura y beneficios variables. La Ciudad de México, por ejemplo, mantiene el programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, que ofrece una tarjeta para compra de alimentos. En Jalisco, el programa Jalisco Te Reconoce proporciona apoyos en especie como despensas y atención médica básica.

Si bien estos programas han contribuido significativamente a reducir la pobreza extrema entre los adultos mayores, enfrentan desafíos importantes en términos de sostenibilidad fiscal. El creciente número de beneficiarios, producto del envejecimiento poblacional, junto con la presión para aumentar los montos, plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de este enfoque asistencial como principal mecanismo de protección social para la vejez.

Las Afores: Promesas y Realidades del Sistema de Ahorro Individual. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) representan el pilar central del sistema de pensiones por contribución definida implementado en México desde 1997. Su funcionamiento se basa en cuentas individuales donde se acumulan las aportaciones tripartitas (trabajador, empleador y Estado) para financiar la jubilación futura de los trabajadores formales. Sin embargo, a más de 25 años de su creación, los resultados han quedado muy por debajo de las expectativas iniciales.

Según datos de la CONSAR, a finales de 2023 las Afores administraban aproximadamente 5.2 billones de pesos, equivalentes al 18% del PIB nacional. Sin embargo, este volumen considerable de recursos no se ha traducido en perspectivas de pensiones suficientes para la mayoría de los ahorradores. De hecho, las simulaciones actuariales indican que los trabajadores que ingresaron al sistema de Afores obtendrán, en promedio, una tasa de reemplazo (porcentaje del último salario) cercana al 30%, muy por debajo del 70% recomendado internacionalmente para mantener un nivel de vida digno.

Factores que limitan las pensiones en el sistema de Afores

• Baja tasa de contribución (6.5% del salario)
• Elevadas comisiones administrativas
• Densidad de cotización insuficiente (periodos sin aportaciones)
• Rendimientos financieros volátiles
• Salarios base de cotización reducidos
• Informalidad laboral persistente

Reformas recientes al sistema. En 2020 se aprobó una reforma que incrementará gradualmente la aportación patronal hasta alcanzar el 13.875% en 2030, reducirá el requisito de semanas cotizadas de 1,250 a 1,000, y disminuirá las comisiones que cobran las Afores. Aunque estos cambios representan mejoras significativas, diversos especialistas coinciden en que resultan insuficientes para garantizar pensiones dignas a la mayoría de los trabajadores.

La reforma también estableció una pensión mínima garantizada que aumentará progresivamente, proporcionando un piso de protección para quienes no alcancen a acumular recursos suficientes en sus cuentas individuales.

Un aspecto particularmente problemático es la baja densidad de cotización. Estudios de la CONSAR revelan que el trabajador promedio cotiza apenas 56 de cada 100 semanas laborables debido a la intermitencia entre empleos formales e informales. Esta discontinuidad erosiona significativamente la capacidad de acumulación de recursos y compromete la posibilidad de alcanzar los requisitos mínimos para obtener una pensión.

El sistema de Afores ha beneficiado principalmente al sistema financiero, que ha encontrado en estos fondos una fuente importante de capitalización y ganancias, mientras que para los trabajadores el resultado ha sido una promesa de seguridad en la vejez que difícilmente se materializará en condiciones dignas para la mayoría.

La Salud en la Vejez: Un Sistema Fragmentado y Deficiente. La atención a la salud durante la vejez constituye un aspecto fundamental del bienestar integral de los adultos mayores en México. Sin embargo, el sistema sanitario presenta importantes deficiencias estructurales que comprometen la calidad de vida de este grupo poblacional creciente. La fragmentación institucional, la insuficiencia presupuestaria y la falta de un enfoque geriátrico integral son algunas de las principales problemáticas.

El acceso a servicios de salud para los adultos mayores está condicionado principalmente por su historia laboral y contributiva. Quienes cotizaron en sistemas como IMSS o ISSSTE mantienen cobertura después de su jubilación, mientras que quienes trabajaron en la informalidad dependen del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) o programas estatales específicos. Esta segmentación genera importantes disparidades en la calidad y oportunidad de la atención médica.

Las enfermedades crónico-degenerativas representan la principal carga de morbilidad entre los adultos mayores mexicanos. Diabetes, hipertensión, cardiopatías y padecimientos osteoarticulares afectan a más del 60% de este grupo poblacional. Sin embargo, el sistema de salud ha mantenido un enfoque predominantemente curativo, con insuficiente desarrollo de estrategias preventivas y de mantenimiento funcional adaptadas a las necesidades específicas de la vejez.

La escasez de personal especializado en geriatría agudiza esta problemática. México cuenta con apenas 0.7 geriatras por cada 100,000 adultos mayores, muy por debajo de los 4.6 recomendados por organismos internacionales. Esta carencia limita severamente la capacidad del sistema para proporcionar atención especializada y comprensiva que aborde las múltiples dimensiones de la salud durante el envejecimiento.

El gasto catastrófico en salud constituye otra realidad alarmante para muchas familias con adultos mayores. A pesar de la existencia de cobertura pública, los desembolsos directos por medicamentos, tratamientos especializados o cuidados prolongados representan una carga económica insostenible para numerosos hogares, profundizando situaciones de vulnerabilidad financiera en esta etapa de la vida.

Longevidad vs. Calidad de Vida: El Desafío del Envejecimiento Digno. El aumento en la esperanza de vida de los mexicanos, que ha pasado de 41 años en 1940 a aproximadamente 75 años en la actualidad, representa sin duda un logro significativo en términos de desarrollo social. Sin embargo, esta mayor longevidad no siempre se ha traducido en una mejora proporcional en la calidad de vida durante la vejez. La distinción entre «vivir más» y «vivir mejor» constituye una de las reflexiones centrales en el análisis del envejecimiento poblacional en México.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento (ENASEM), los mexicanos viven en promedio los últimos 10 años de su vida con alguna discapacidad o limitación funcional significativa. Esta realidad plantea interrogantes fundamentales sobre el concepto de envejecimiento digno y los recursos necesarios para garantizarlo. La expectativa de vida saludable (años vividos sin discapacidad) se sitúa aproximadamente 9-10 años por debajo de la expectativa de vida total, evidenciando un periodo prolongado de dependencia y necesidad de cuidados.

Dimensión económica. Un envejecimiento digno requiere seguridad financiera que permita cubrir necesidades básicas sin depender exclusivamente de terceros. Sin embargo, solo el 23% de los adultos mayores en México cuenta con ingresos suficientes para mantener autonomía económica.

Dimensión sanitaria. El acceso a servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación constituye un factor determinante para la calidad de vida en la vejez. La fragmentación del sistema sanitario mexicano genera importantes brechas de atención.

Dimensión social. La integración comunitaria, las redes de apoyo y la prevención del aislamiento representan elementos esenciales para el bienestar psicoemocional. La urbanización y los cambios en las estructuras familiares han debilitado estos mecanismos tradicionales de soporte.

La autonomía funcional representa un componente esencial del envejecimiento digno. Sin embargo, las políticas públicas han prestado insuficiente atención al mantenimiento de la funcionalidad y la prevención de la dependencia. Programas de actividad física adaptada, estimulación cognitiva y adecuación de espacios públicos para adultos mayores siguen siendo iniciativas marginales, principalmente concentradas en entornos urbanos privilegiados.

El edadismo (discriminación por edad) persiste como un fenómeno sociocultural que impacta negativamente en la calidad de vida durante la vejez. Estereotipos sobre la «improductividad» o «incapacidad» de los adultos mayores limitan sus oportunidades de participación social, laboral y comunitaria, reforzando ciclos de exclusión y aislamiento. La construcción de una sociedad verdaderamente incluyente requiere transformar estas percepciones y reconocer el valor de la experiencia y contribuciones de las personas mayores.

El Impacto Fiscal del Envejecimiento Poblacional. El progresivo envejecimiento poblacional en México plantea desafíos significativos para las finanzas públicas. La creciente proporción de adultos mayores genera presiones fiscales en múltiples dimensiones, principalmente a través del incremento en el gasto para pensiones no contributivas, servicios de salud especializados y otros programas sociales dirigidos a este grupo etario.

Según proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto público destinado a programas para adultos mayores podría incrementarse del actual 2.5% del PIB hasta aproximadamente el 5.8% para 2050. Esta tendencia se explica fundamentalmente por dos factores: el aumento en el número absoluto de beneficiarios y la presión política para incrementar los montos de las transferencias, especialmente de la Pensión para el Bienestar.

La sostenibilidad de este creciente gasto social plantea interrogantes sobre la capacidad fiscal del Estado mexicano. Con una recaudación tributaria cercana al 16% del PIB, significativamente por debajo del promedio de la OCDE (34%), México enfrenta limitaciones estructurales para financiar adecuadamente sus sistemas de protección social. La baja base tributaria, la elevada informalidad económica y la considerable evasión fiscal constituyen restricciones importantes para ampliar el espacio fiscal necesario.

Diversos analistas señalan la necesidad de implementar una reforma fiscal integral que permita incrementar los ingresos públicos de manera sostenible. Sin embargo, la sensibilidad política de este tema ha dificultado el avance de propuestas ambiciosas. En ausencia de cambios significativos en la estructura de ingresos, existe el riesgo de que el financiamiento del envejecimiento poblacional genere presiones deficitarias que comprometan la estabilidad macroeconómica o reduzcan la inversión pública en otros sectores prioritarios.

La Familia Como Red de Apoyo Principal. En el contexto mexicano, la familia continúa desempeñando un papel fundamental como principal red de apoyo para los adultos mayores. Este fenómeno, profundamente arraigado en la cultura y tradiciones del país, responde tanto a valores de solidaridad intergeneracional como a las limitaciones de los sistemas formales de protección social. Sin embargo, los cambios demográficos y socioeconómicos están transformando progresivamente estas dinámicas familiares.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), aproximadamente el 65% de los adultos mayores en México vive con familiares, principalmente hijos adultos. Esta cohabitación responde a diversos factores, incluyendo necesidades económicas, requerimientos de cuidado y aspectos culturales. Las redes familiares proporcionan no solo apoyo financiero, sino también cuidados directos, acompañamiento emocional y asistencia práctica en actividades cotidianas.

Las mujeres continúan asumiendo mayoritariamente la responsabilidad del cuidado de los adultos mayores en el entorno familiar. Hijas, nueras y nietas proporcionan aproximadamente el 80% de las horas de cuidado no remunerado, según estimaciones del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Esta distribución desigual genera importantes costos de oportunidad para las cuidadoras, incluyendo limitaciones en su desarrollo profesional, reducción de ingresos y afectaciones a su propia salud física y emocional.

Sin embargo, los cambios demográficos están modificando progresivamente la capacidad de las familias para proporcionar cuidados. La disminución en el número de hijos por familia, el incremento en la participación laboral femenina y la mayor movilidad geográfica reducen el «potencial de cuidado familiar» disponible. Esta realidad plantea la necesidad urgente de desarrollar sistemas formales de cuidados que complementen el apoyo familiar tradicional, garantizando la atención digna de una población adulta mayor en crecimiento.

Desigualdades en el Envejecimiento: Género, Etnicidad y Territorio. El proceso de envejecimiento en México no se desarrolla de manera homogénea, sino que está atravesado por profundas desigualdades estructurales. Factores como el género, la pertenencia étnica y el territorio de residencia condicionan significativamente las experiencias y oportunidades durante la vejez, generando patrones diferenciados de vulnerabilidad y acceso a recursos.

La dimensión de género resulta particularmente relevante en el análisis del envejecimiento. Las mujeres mexicanas presentan mayor longevidad (promedio de 77.9 años frente a 72.2 años para los hombres), pero enfrentan condiciones económicas más precarias durante la vejez. Esta aparente paradoja se explica por múltiples factores, incluyendo trayectorias laborales interrumpidas por responsabilidades de cuidado, mayor participación en el sector informal y menores oportunidades educativas en generaciones anteriores.

Brechas de género en la vejez

• Solo el 22% de las mujeres adultas mayores recibe una pensión contributiva, frente al 40% de los hombres
• El monto promedio de las pensiones femeninas es 35% inferior al de las masculinas
• Las mujeres mayores presentan mayor prevalencia de discapacidad (32% frente a 26% en hombres)
• El 65% de las mujeres mayores depende económicamente de familiares o programas sociales

Desigualdades territoriales. El envejecimiento se experimenta de manera significativamente distinta según el contexto territorial. En entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, caracterizadas por altos niveles de marginación, los adultos mayores enfrentan limitaciones extremas en el acceso a servicios básicos, infraestructura adecuada y oportunidades económicas.

Las zonas rurales presentan particularidades adicionales: mayor aislamiento geográfico, menor cobertura institucional y fenómenos de despoblamiento debido a la migración, que reduce las redes familiares de apoyo. Sin embargo, en algunos contextos rurales prevalecen formas comunitarias de solidaridad que compensan parcialmente estas carencias.

La pertenencia a pueblos indígenas constituye otro factor determinante. Los adultos mayores indígenas, que representan aproximadamente el 7% del total nacional, experimentan niveles de pobreza multidimensional significativamente superiores (78% frente al 43% del promedio nacional). Adicionalmente, enfrentan barreras lingüísticas y culturales en el acceso a servicios públicos, incluyendo programas sociales y atención sanitaria.

Estas desigualdades estructurales demuestran la insuficiencia de políticas universales que no consideren las condiciones específicas de grupos particularmente vulnerables. Un enfoque de equidad en las políticas públicas para el envejecimiento requiere no solo garantizar derechos básicos, sino también implementar mecanismos compensatorios que reduzcan brechas históricas y atiendan necesidades diferenciadas.

Experiencias Internacionales: Lecciones para México. El fenómeno del envejecimiento poblacional no es exclusivo de México, sino una tendencia global que diversos países han enfrentado previamente. El análisis de experiencias internacionales, particularmente de naciones que han implementado sistemas exitosos o innovadores de protección social para la vejez, ofrece lecciones valiosas para el diseño de políticas públicas en el contexto mexicano.

Modelo escandinavo. Países como Suecia, Dinamarca y Noruega han desarrollado sistemas integrales de bienestar basados en alta recaudación fiscal (superior al 40% del PIB) que financian servicios públicos universales de calidad, incluyendo pensiones dignas, atención sanitaria geriátrica especializada y servicios domiciliarios de cuidado.

Experiencia asiática. Japón y Corea del Sur, que enfrentan procesos de envejecimiento acelerados, han implementado sistemas de seguro de cuidados de largo plazo, financiados mediante cotizaciones específicas, que garantizan servicios profesionales de atención domiciliaria y residencial según el nivel de dependencia funcional.

Iniciativas latinoamericanas. Uruguay y Costa Rica han desarrollado modelos mixtos que combinan pensiones contributivas fortalecidas, pisos básicos no contributivos y servicios comunitarios de cuidado, adaptados a contextos socioeconómicos más similares al mexicano.

Entre las lecciones más relevantes destaca la importancia de adoptar enfoques integrales que trasciendan la visión puramente económica del envejecimiento. Las experiencias exitosas demuestran que garantizar ingresos suficientes mediante sistemas de pensiones sólidos es fundamental, pero igualmente importante es desarrollar servicios socio-sanitarios adaptados a las necesidades cambiantes de los adultos mayores y promover entornos físicos y sociales que faciliten un envejecimiento activo y participativo.

La prevención aparece como un elemento estratégico en el abordaje del envejecimiento poblacional. Países como Australia y Canadá han implementado programas de preparación para la jubilación que comienzan décadas antes de la edad de retiro, incluyendo educación financiera, promoción de hábitos saludables y planificación de la transición laboral. Estas iniciativas han demostrado resultados positivos en términos de mayor bienestar económico, mejor salud y reducción de la dependencia durante la vejez.

Un aspecto particularmente relevante para México es el desarrollo de sistemas formales de cuidados para adultos mayores que complementen el apoyo familiar tradicional. Países como España, Francia y Alemania han implementado diferentes modalidades de «sistemas nacionales de cuidados» que reconocen formalmente la labor de cuidadores familiares, ofrecen respiros y apoyos técnicos, y desarrollan servicios profesionales accesibles mediante distintos mecanismos de financiamiento público, privado y mixto.

Propuestas para un Sistema Integral de Protección a la Vejez. Ante los múltiples desafíos que plantea el envejecimiento poblacional en México, resulta imperativo diseñar e implementar un sistema integral de protección social para la vejez que supere las limitaciones y fragmentaciones actuales. Este sistema debería articular coherentemente diversas dimensiones para garantizar un envejecimiento digno, activo y participativo.

Bienestar integral. Envejecimiento digno, activo y participativo

Sistema Nacional de Cuidados. Red de servicios formales de cuidado y apoyo

Seguridad económica. Pensiones dignas universales y mecanismos complementarios de ahorro

Marco institucional. Estructuras de gobernanza y financiamiento sostenible. En materia de seguridad económica, es fundamental avanzar hacia un sistema de pensiones verdaderamente universal que garantice un ingreso básico digno para todos los adultos mayores, independientemente de su trayectoria laboral. Este pilar no contributivo debería complementarse con mecanismos flexibles de ahorro individual y colectivo adaptados a las realidades del mercado laboral mexicano, incluyendo la elevada informalidad. La reciente reforma que incrementa las aportaciones patronales representa un avance, pero resulta insuficiente sin una transformación más profunda.

La creación de un Sistema Nacional de Cuidados emerge como una propuesta prioritaria. Este sistema debería garantizar servicios accesibles y de calidad en diferentes modalidades: atención domiciliaria, centros de día, residencias temporales y permanentes, y programas de respiro para cuidadores familiares. Su implementación requeriría una inversión significativa pero generaría múltiples beneficios: mejora en la calidad de vida de los adultos mayores, reducción de la carga de cuidado sobre las familias (especialmente las mujeres), creación de empleo formal y profesionalización del sector de cuidados.

Reforma fiscal progresiva. Ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación progresiva para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de protección social

Marco jurídico actualizado. Revisar y fortalecer la legislación específica sobre derechos de las personas mayores, incluyendo protección contra discriminación y mecanismos efectivos de acceso a la justicia

Enfoque territorial. Adaptar las políticas a las realidades locales, fortaleciendo capacidades municipales y reconociendo particularidades rurales, urbanas y comunitarias

Perspectiva de curso de vida. Implementar estrategias preventivas desde etapas tempranas para promover un envejecimiento saludable y económicamente seguro

La participación activa de los propios adultos mayores en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas resulta imprescindible. Su experiencia, conocimientos y perspectivas deben ser incorporados sistemáticamente mediante mecanismos formales de consulta y representación. Este enfoque participativo no solo mejoraría la pertinencia de las intervenciones sino que también contribuiría a transformar la visión social sobre el envejecimiento, reconociendo a las personas mayores como sujetos de derechos y agentes activos de su propio bienestar.

Visión prospectiva: Hacia un Nuevo Pacto Social para el Envejecimiento. El envejecimiento poblacional en México representa uno de los mayores desafíos socioeconómicos del siglo XXI. La disyuntiva actual entre trabajar hasta morir o depender de sistemas de protección social frecuentemente insuficientes refleja las limitaciones de un modelo que no ha logrado adaptarse a la nueva realidad demográfica. Sin embargo, este desafío también constituye una oportunidad para repensar el contrato social y establecer nuevas bases para la solidaridad intergeneracional.

A lo largo de este documento se han analizado las múltiples dimensiones del envejecimiento en México: desde las deficiencias estructurales de los sistemas de pensiones y salud, hasta las desigualdades que atraviesan las experiencias de vejez según género, territorio y condición socioeconómica. También se han examinado experiencias internacionales relevantes y propuestas para un sistema integral de protección social que garantice un envejecimiento digno para todos los mexicanos.

La transformación necesaria trasciende las reformas paramétricas o los ajustes incrementales. Se requiere un nuevo pacto social para el envejecimiento que articule coherentemente tres pilares fundamentales: seguridad económica mediante pensiones dignas y mecanismos complementarios de ahorro; servicios sociosanitarios accesibles y de calidad, incluyendo un sistema formal de cuidados; y entornos físicos y sociales que promuevan la participación e inclusión de las personas mayores.

El envejecimiento poblacional no debe percibirse como una carga inevitable, sino como el resultado de avances sociales significativos que requieren nuevos arreglos institucionales y culturales para materializar su potencial positivo.

Este nuevo pacto exige también una transformación en la visión social sobre la vejez, superando estereotipos negativos y reconociendo la diversidad de experiencias y contribuciones de las personas mayores. La construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva requiere valorar el conocimiento, memoria y capacidades que los adultos mayores aportan a sus comunidades.

Finalmente, abordar adecuadamente el envejecimiento poblacional demanda un compromiso político sostenido que trascienda ciclos electorales y visiones cortoplacistas. La magnitud y complejidad del desafío requieren un esfuerzo nacional coordinado que involucre a todos los niveles de gobierno, sector privado, sociedad civil y, fundamentalmente, a las propias personas mayores como protagonistas de las transformaciones necesarias.

México tiene la oportunidad de convertir el envejecimiento poblacional en un proceso virtuoso de desarrollo social, pero esto solo será posible mediante acciones decididas que coloquen la dignidad y los derechos de las personas mayores en el centro de la agenda pública.

El Humanismo Inclusivo en el Siglo XXI: Un Imperativo para

la Cuarta Transformación y la Formación Ciudadana

En el contexto actual de México, marcado por la Cuarta Transformación y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el concepto de humanismo adquiere una relevancia renovada. Este humanismo, lejos de ser un vestigio del Renacimiento, se presenta como un modelo inclusivo que busca generar oportunidades para todos los sectores de la sociedad, especialmente para aquellos que enfrentan mayores dificultades. El humanismo mexicano contemporáneo se construye sobre principios fundamentales de justicia social, equidad, bienestar colectivo y respeto a la dignidad humana, adaptándose a los desafíos propios del siglo XXI.

Esta corriente humanista que impulsa la Cuarta Transformación no solo representa una filosofía política, sino una praxis transformadora que busca reconstruir el tejido social dañado por décadas de políticas neoliberales. Desde esta perspectiva, el Estado asume un rol activo como garante de derechos fundamentales, promoviendo políticas públicas centradas en el bienestar de las mayorías sin descuidar el desarrollo individual. La visión humanista de la actual administración plantea una reconciliación entre el progreso económico y la justicia social, entendiendo que ambos aspectos deben coexistir armónicamente para lograr un desarrollo nacional genuino y sostenible.

Las instituciones educativas, particularmente las universidades, juegan un papel crucial en la consolidación de este proyecto humanista. Como espacios de generación y transmisión de conocimiento, tienen la responsabilidad de formar ciudadanos críticos, conscientes de su realidad social y comprometidos con la transformación de su entorno. La educación superior, desde este enfoque, trasciende la mera capacitación técnica para convertirse en un vehículo de formación integral que cultiva tanto habilidades profesionales como valores cívicos y éticos. ¿Cuál debe ser la naturaleza del humanismo en el siglo XXI, su relación con la transformación social y la responsabilidad de las universidades en la promoción de una formación ciudadana sólida que respalde los principios democráticos?

El Humanismo en el Siglo XXI. El humanismo es un enfoque filosófico que enfatiza la dignidad y el valor del ser humano, así como la capacidad para el razonamiento y la búsqueda de un propósito en la vida. En el Renacimiento, el humanismo se centró en recuperar la cultura clásica y el potencial humano, pero en el siglo XXI, este concepto debe adaptarse a los desafíos contemporáneos.

En este sentido, el humanismo no solo debe ser un ideal teórico, sino un compromiso práctico con la inclusión, la equidad y la justicia social. Un humanismo inclusivo implica reconocer la diversidad de nuestra sociedad, considerando las voces y las necesidades de todos los grupos, especialmente aquellos que históricamente han sido marginados.

Para lograr esto, es esencial que la política y la educación trabajen en conjunto para derribar las barreras que han perpetuado la desigualdad.

Fundamentos del Humanismo Contemporáneo

Dignidad Humana. Reconocimiento del valor inherente de cada persona, independientemente de su origen, condición social o económica.

Inclusión Social. Compromiso con la participación plena de todos los sectores de la sociedad, especialmente aquellos históricamente marginados.

Justicia Social. Búsqueda de la equidad en la distribución de recursos, oportunidades y derechos para todos los ciudadanos.

Pensamiento Crítico. Desarrollo de la capacidad de análisis y cuestionamiento de las estructuras sociales existentes.

Estos fundamentos constituyen la base de un humanismo renovado que responde a las necesidades y desafíos del México contemporáneo, promoviendo una sociedad más justa y equitativa para todos.

La Cuarta Transformación y el Humanismo Inclusivo. La Cuarta Transformación, como proyecto político, busca no solo cambiar estructuras gubernamentales, sino también fomentar una cultura de participación y responsabilidad social. En este marco, el llamado de Claudia Sheinbaum a sustentar el segundo piso de esta transformación en un modelo humanista resuena con la necesidad de construir una sociedad más justa y solidaria.

Este enfoque humanista se distingue por poner en el centro de la política pública el bienestar integral de las personas, especialmente aquellas que históricamente han sido marginadas. No se trata únicamente de un discurso ideológico, sino de una praxis política que reconoce la dignidad inherente de cada individuo y su derecho a una vida plena. El humanismo inclusivo representa un giro radical en la concepción tradicional del poder, donde el gobierno existe para servir al pueblo y no al revés.

En el contexto específico de Tabasco, este enfoque cobra especial relevancia dado los desafíos históricos de desigualdad, vulnerabilidad ante desastres naturales y acceso limitado a servicios básicos que ha enfrentado la región. La Cuarta Transformación propone un modelo de desarrollo que no solo atienda estas problemáticas, sino que empodere a las comunidades locales para ser protagonistas de su propio desarrollo.

Este enfoque humanista debe traducirse en políticas públicas que prioricen la creación de oportunidades para todos. Esto significa implementar programas que faciliten el acceso a la educación, la salud y el empleo, sobre todo para aquellos en situación de vulnerabilidad. Un gobierno que se compromete a este modelo no solo debe hablar de derechos, sino también garantizar su cumplimiento.

La perspectiva humanista también implica una nueva relación entre el gobierno y la ciudadanía, basada en la transparencia, el diálogo constante y la participación efectiva. Las decisiones gubernamentales deben ser resultado de procesos deliberativos donde las voces de diversos sectores sociales sean escuchadas y valoradas. Solo así se podrá construir una democracia verdaderamente participativa que responda a las necesidades y aspiraciones de la población.

El humanismo inclusivo de la Cuarta Transformación también reconoce la importancia de la diversidad cultural y la riqueza de las tradiciones locales. En un estado como Tabasco, con un patrimonio cultural e histórico significativo, es fundamental que las políticas públicas fomenten la preservación y promoción de estas expresiones culturales como parte integral del desarrollo humano de la región.

Políticas Públicas con Enfoque Humanista

Educación Universal. Garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los mexicanos, independientemente de su condición socioeconómica.

Salud Integral. Desarrollar un sistema de salud que atienda las necesidades de toda la población, con énfasis en la prevención y el acceso equitativo.

Empleo Digno. Promover la creación de empleos bien remunerados y con condiciones laborales justas que permitan el desarrollo pleno de las personas.

Desarrollo Comunitario. Impulsar programas que fortalezcan el tejido social y promuevan la participación ciudadana en la solución de problemas locales.

Las Universidades como Motor de Cambio. Las universidades desempeñan un papel fundamental en la formación de ciudadanos conscientes y responsables. Para que este humanismo inclusivo se materialice, las instituciones educativas deben revisar sus modelos de enseñanza, incorporando principios éticos y democráticos en sus curricula.

Esto implica promover una educación que no solo impulse habilidades técnicas, sino que también fomente la reflexión crítica, el respeto por la diversidad y el compromiso cívico. Las universidades no pueden limitarse a ser centros de transmisión de conocimientos; deben transformarse en verdaderos laboratorios sociales donde se cultiven valores humanistas.

La responsabilidad social universitaria debe manifestarse tanto en sus programas académicos como en sus proyectos de extensión. Es necesario que las universidades establezcan vínculos más estrechos con las comunidades locales, desarrollando iniciativas que aborden problemáticas sociales concretas y que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales.

El legado del ex gobernador de Tabasco, don Enrique González Pedrero, al abogar por un apego y aprecio por la democracia «de carne y hueso», debe ser un faro para las universidades. La formación ciudadana debe ir más allá de la teoría política; debe involucrar a los estudiantes en experiencias prácticas que les permitan comprender el funcionamiento de la democracia y su papel como agentes de cambio.

En este sentido, las universidades tabasqueñas tienen una oportunidad histórica para liderar un proceso de renovación educativa que coloque al humanismo como eje central. Esto requiere no solo de voluntad institucional, sino también de docentes comprometidos con esta visión y de estudiantes dispuestos a asumir un rol activo en su proceso formativo.

La implementación de metodologías participativas, como el aprendizaje-servicio o el aprendizaje basado en proyectos, puede ser una vía efectiva para integrar la dimensión humanista en la educación superior. Estas metodologías permiten a los estudiantes desarrollar competencias profesionales mientras contribuyen a resolver problemas sociales, fortaleciendo así su compromiso con el bien común.

Modelos de Formación Ciudadana en Universidades. Para que las universidades puedan promover un verdadero humanismo inclusivo, deben implementar varios modelos de formación ciudadana:

Educación Interdisciplinaria. Integrar diferentes áreas del conocimiento para abordar problemas sociales complejos desde múltiples perspectivas. Esto ayudará a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico más robusto.

Proyectos de Servicio Comunitario. Fomentar la participación activa de los estudiantes en proyectos que aborden necesidades reales en sus comunidades, promoviendo la empatía y el sentido de responsabilidad social.

Debates y Foros Públicos. Crear espacios donde los estudiantes puedan discutir y debatir sobre temas de actualidad, fortaleciendo sus habilidades de argumentación y su entendimiento del pluralismo.

Continuación de Modelos de Formación Ciudadana. Formación en Derechos Humanos. Incluir en el plan de estudios temas que enfoquen en el respeto y promoción de los derechos humanos, preparando a los estudiantes para ser defensores activos de la justicia y la equidad.

Instalación de Consejos Estudiantiles. Fortalecer la participación estudiantil en la toma de decisiones dentro de las universidades, fomentando así una cultura democráticamente activa desde la vida académica.

Aprendizaje Basado en Problemas Sociales. Implementar metodologías educativas donde los estudiantes aborden problemáticas sociales reales de Tabasco, desarrollando soluciones prácticas que integren conocimientos técnicos con sensibilidad humanista.

Diplomacia y Negociación. Establecer programas que entrenen a los estudiantes en habilidades de negociación, mediación y resolución de conflictos, preparándolos para ser agentes de paz y consenso en una sociedad democrática.

Alfabetización Mediática y Digital. Desarrollar competencias para el análisis crítico de la información, combatiendo la desinformación y promoviendo un uso ético de las tecnologías digitales como herramientas de participación ciudadana.

Estos modelos de formación ciudadana son fundamentales para crear una cultura democrática sólida dentro de las instituciones educativas, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos activos y comprometidos con el bienestar colectivo.

La implementación efectiva de estos modelos requiere un compromiso institucional profundo y una coordinación estrecha entre directivos, docentes y estudiantes. Las universidades tabasqueñas tienen la oportunidad de convertirse en laboratorios vivos de democracia, donde la teoría y la práctica del humanismo inclusivo se entrelazan para formar ciudadanos integrales.

Asimismo, es esencial que estos modelos no funcionen de manera aislada, sino que se integren de forma transversal en todas las disciplinas académicas, reconociendo que la formación ciudadana no es responsabilidad exclusiva de las ciencias sociales, sino un compromiso compartido por toda la comunidad universitaria.

Impacto del Humanismo en la Sociedad Mexicana

Reducción de Desigualdades. Disminución de brechas sociales y económicas entre diferentes sectores de la población

Participación Ciudadana. Mayor involucramiento de la sociedad en asuntos públicos y toma de decisiones

Solidaridad Social. Fortalecimiento del tejido social y de los lazos comunitarios

Desarrollo Integral. Crecimiento que considera aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales

El humanismo inclusivo tiene el potencial de transformar profundamente la sociedad mexicana, creando un entorno donde todos los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar colectivo.

Desafíos para la Implementación del Humanismo Inclusivo

Resistencia al Cambio. Estructuras e intereses establecidos que se oponen a transformaciones profundas en el sistema social y político.

Limitaciones Presupuestarias. Recursos financieros insuficientes para implementar programas y políticas con enfoque humanista a gran escala.

Polarización Social. Divisiones ideológicas y políticas que dificultan el diálogo constructivo y la búsqueda de consensos.

Desigualdades Estructurales. Condiciones históricas de inequidad que requieren esfuerzos sostenidos y multidimensionales para ser superadas.

Superar estos desafíos requiere un compromiso firme de todos los sectores de la sociedad, así como una visión a largo plazo que trascienda los ciclos políticos y priorice el bienestar colectivo sobre intereses particulares.

El Papel de la Ciudadanía en la Construcción del Humanismo

Concientización. Desarrollar una comprensión profunda de los principios humanistas y su importancia para la sociedad.

Participación Activa. Involucrarse en espacios de toma de decisiones y en la implementación de iniciativas comunitarias.

Colaboración. Trabajar conjuntamente con diversos actores sociales para abordar problemas comunes.

Transformación. Contribuir a cambios estructurales que promuevan una sociedad más justa e inclusiva.

La construcción de un humanismo inclusivo no es responsabilidad exclusiva del gobierno o las instituciones educativas, sino que requiere la participación activa y comprometida de toda la ciudadanía.

Visión prospectiva. El humanismo inclusivo propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum no solo es un ideal necesario, sino una guía esencial para construir un México más justo y democrático. Este enfoque representa una evolución necesaria del pensamiento social mexicano, integrando las lecciones históricas con las realidades contemporáneas y los desafíos emergentes. La visión humanista reconoce que el desarrollo nacional debe centrarse en las personas, sus necesidades y sus aspiraciones colectivas.

En este siglo XXI, las universidades deben ser el centro de este cambio, formando ciudadanos comprometidos con la transformación social y la defensa de la democracia. Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de reimaginar sus programas académicos, metodologías pedagógicas y vínculos comunitarios para alinearse con estos principios humanistas. La formación universitaria debe trascender la mera capacitación técnica para abarcar una educación integral que desarrolle el pensamiento crítico, la sensibilidad social y la capacidad de agencia ciudadana.

Al adoptar un enfoque humanista en la educación, se puede fomentar no solo el desarrollo individual, sino también el bienestar colectivo, logrando así una sociedad en la que todos tengan la oportunidad de prosperar, contribuyendo al verdadero sentido de la Cuarta Transformación. Este proceso implica reconceptualizar el éxito no solo en términos económicos, sino como la construcción de comunidades solidarias donde la dignidad humana y el cuidado mutuo sean valores fundamentales.

La implementación efectiva del humanismo inclusivo requerirá transformaciones profundas en múltiples niveles. A nivel institucional, será necesario desarrollar marcos normativos y políticas públicas que prioricen el bienestar humano sobre los indicadores económicos tradicionales. A nivel social, implica fomentar una cultura de solidaridad, respeto a la diversidad y participación ciudadana activa. A nivel educativo, requiere metodologías pedagógicas que cultiven tanto competencias técnicas como valores éticos.

Mirando hacia el futuro, el humanismo inclusivo ofrece un horizonte prometedor para superar las crisis de representatividad política, desigualdad económica y fragmentación social que afectan a muchas democracias contemporáneas. Al colocar a las personas y sus comunidades en el centro del proyecto nacional, se establece una base sólida para la cohesión social y la legitimidad democrática en las próximas décadas.

Los retos para materializar esta visión son considerables, pero no insuperables. Requerirán un compromiso sostenido entre generaciones, sectores y regiones del país. El diálogo intercultural, la colaboración interdisciplinaria y la participación multiactor serán herramientas esenciales para traducir los principios humanistas en realidades tangibles que mejoren la vida cotidiana de todas las personas en México.

El humanismo inclusivo del siglo XXI representa la convergencia entre los ideales democráticos y la búsqueda de justicia social, constituyendo un pilar fundamental para la construcción de un México donde la dignidad humana sea el centro de todas las políticas públicas y acciones ciudadanas.