A más de 16 años de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños informó que Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil, fue detenida en el centro de detención de Eloy, Arizona, derivado de una orden de reaprehensión emitida en México.
La organización, conformada por familiares de los 49 niños fallecidos y más de 100 lesionados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención para garantizar que Téllez Nieves sea extraditada y cumpla con la sentencia definitiva emitida en su contra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política, como pretenden posicionarla sus abogados en Arizona”, expresó Juana Luna Hernández, presidenta del colectivo, a través de una carta pública. El grupo exige a las autoridades mexicanas que no permitan que se encubra con un argumento político a quien consideran una responsable directa del crimen que marcó al país.
De acuerdo con la misiva, la detención se habría dado tras activarse una ficha roja de la Interpol, derivada de la resolución judicial que obliga a Téllez Nieves a enfrentar la condena dictada en México. Sin embargo, denuncian que ninguna autoridad mexicana ha comunicado de manera oficial a las víctimas o sus representantes legales sobre este hecho, lo que calificaron como un “silencio altamente sospechoso”.
La tragedia de la Guardería ABC ocurrió cuando un incendio, presuntamente iniciado en una bodega contigua perteneciente a la Secretaría de Hacienda estatal, se propagó a las instalaciones de la estancia subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dejando 49 menores muertos y más de un centenar con lesiones graves y permanentes.
Desde el inicio, el caso ha estado envuelto en señalamientos de encubrimiento e impunidad. Los propietarios de la guardería mantenían vínculos estrechos con funcionarios de los tres niveles de gobierno durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y durante años las familias han denunciado trabas legales, protección política y un sistema judicial indiferente ante sus demandas de justicia.
En la actualidad, señalan que una firma de abogados en Estados Unidos promueve una solicitud de asilo político en favor de Téllez Nieves, alegando persecución por parte del Estado mexicano, lo que ha generado alarma entre los colectivos de víctimas.
“Apelamos a la empatía y solidaridad de la presidenta Sheinbaum para que este crimen de Estado no quede impune. Es urgente que la Fiscalía General de la República actúe y garantice su extradición, que sea ingresada al penal correspondiente y cumpla la sentencia por la muerte y lesiones de nuestros hijos e hijas”, reitera el documento firmado por el grupo de familiares.
Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno de México ni de la Fiscalía General de la República en torno a esta detención. Las familias, sin embargo, advierten que seguirán luchando para que la justicia, tantas veces postergada, finalmente alcance a las y los responsables de la tragedia infantil más grave en la historia de México.