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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de las 22 empresas y sujetos señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, entre ellos se encuentra la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo. Agregó que analizará la información financiera de estas personas y, de ser necesario, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).
En el marco de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió más de una hora después a lo publicado por sus pares estadunidenses en que identificaban siete personas y 15 empresas de vínculos con Los Mayos, facción del cártel de Sinaloa.
“En el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, reportó la Secretaría de Hacienda en un comunicado que no fue simultáneo, sino una respuesta al del Tesoro.
“Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano”, puntualizó la unidad de Hacienda. “La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional”, abundó.
En el mismo comunicado, las autoridades mexicanas subrayaron que “la UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la FGR para los efectos legales conducentes”.
Enfatizó que la integración a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva, lo que no quiere decir en automático que una persona sea culpable de una conducta ilícita o de alguna responsabilidad penal si antes no hay elementos que lo prueben.
