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La ecuación es muy simple: TV Azteca no paga una deuda que contrajo con inversionistas extranjeros por 400 millones de dólares porque un Juez en México le ha permitido “patear el bote” e ir de recurso legal en recurso legal. Como su dueño, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho con los adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero ahora un Juez de Nueva York le ha ordenado a la televisora que retire las demandas que mantiene en un juzgado mexicano, lo que significa que tendrá que pagar 580 millones de dólares, que es el monto actualizado de la deuda, según los tenedores.
Si Salinas Pliego acata esta orden en Estados Unidos (EU), básicamente tendrá que pagar lo que debe, más recargos. Si cae en desacato, le puede ir peor. Apenas la semana pasada, el empresario estuvo a punto de ser detenido en EU por desacato en otro litigio, éste con AT&T, y tuvo que pagar una fianza superior a los 25 millones de dólares.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que sobre este caso hay un arbitraje internacional en el marco del TMEC para que el Estado mexicano intervenga, por eso mismo reiteró este lunes que si existe una deuda debe de pagarse.
“Por eso es relevante para nosotros, porque se está llevando a cabo este arbitraje internacional. El que se diga que tiene que pagar y que debe resolverse, pues es relevante para este caso y para el arbitraje internacional. ¿Qué dice el Gobierno de México? Pues, en efecto, si hay una deuda tiene que pagarse y en todo caso los tribunales tienen que resolverlo en este sentido.
TV Azteca utilizó un «procedimiento secreto» para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para alargar el pago de 580 millones de dólares a inversionistas en EU, pese a presentar «motivos falsos y fácilmente refutables» como señalar que debido a la pandemia de la COVID-19 no podía pagar su deuda, denunció en días pasados Akin, la firma legal que asesora a los afectados.
No obstante, en una orden dictada el 22 de septiembre, citada por el diario Reforma, el Juez Paul Gardephe aclaró que cuando se emitió la deuda en 2017, TV Azteca aceptó someterse «única y exclusivamente» a la jurisdicción de las cortes de Nueva York. En ese sentido, si TV Azteca no acata la orden, puede ser sancionada con multas u órdenes de arresto contra sus principales ejecutivos.
La deuda inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de 7 mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que ha ido aumentando hasta la fecha.
Por la falta de pago, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno federal bajo el marco del T–MEC y ahora piden diálogo directo con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.
Sobre por qué los acreedores han solicitado una comunicación directa con el gobierno mexicano, la asesora legal de los afectados, Katherine P. Padgett, respondió la semana pasada, previo a la orden del Juez, a SinEmbargo:
“Buscamos forjar un camino de colaboración que sirva a los intereses de México, su gente y sus socios e inversionistas internacionales. En vista del Sr. Salinas Pliego y su importante deuda fiscal no pagada, creemos firmemente que nuestros intereses generales están estrechamente alineados. No creemos que sea del interés del Gobierno mexicano seguir gastando sus recursos en la defensa de un arbitraje derivado de las acciones ilegales del Poder Judicial mexicano para proteger los intereses privados del Sr. Ricardo Salinas Pliego y de sus empresas por sus obligaciones legales de pagar la deuda, en contravención de las obligaciones de México en virtud de tratados internacionales”.
Además de este adeudo, Salinas Pliego debe al fisco mexicano más de 74 mil millones de pesos, que continúa litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para alargar el pago el mayor tiempo posible.
De igual forma, la semana pasada la agencia de noticias Bloomberg dio a conocer que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar su arrestó por una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc. Esta deuda, diferente a las otras, se originó en el año 2014, cuando la estadounidense AT&T compró la telefónica Iusacell, entonces propiedad de Salinas Pliego, la intención de la empresa extranjera era ingresar al mercado mexicano.
Sin embargo, Iusacell mantenía un crédito fiscal millonario con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, del que no informó a AT&T. Por ello, en 2020, AT&T demandó a Grupo Salinas ante una corte de Nueva York, Estados Unidos, en donde el falló fue en favor de la empresa estadounidense y se determinó que Salinas Pliego tenía que pagarle a AT&T lo que ésta había pagado al SAT, resolución que el dueño de TV Azteca impugnó, por lo que la Jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Andrea Masley, declaró desacató.
“El ultimátum [a Salinas Pliego] sobre su arresto surgió a raíz de otra disputa relacionada con una supuesta deuda, esta vez con AT&T. La compañía compró el negocio mexicano de telecomunicaciones de Salinas en 2014 y presentó una demanda en 2020, alegando que se le debía dinero por impuestos que no pagó y que databan de la propiedad anterior. Las empresas de Salinas impugnaron esto, pero perdieron y se les declaró en desacato”, explicó Bloomberg.
El «Juez amigo»
TV Azteca, que actualmente ya no publica sus reportes financieros en la Bolsa Mexicana de Valores, utilizó un «procedimiento secreto» para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para no pagar a sus prestamistas en EU, pese a presentar «motivos falsos y fácilmente refutables», informó Akin, la firma legal que representa a los afectados.
Este Juez en 2020 concedió una medida que impedía a Diamond Films ejecutar las reclamaciones contra TV Azteca en un litigio fuera de México y el 9 de mayo de 2023 dictó otra medida precautoria —sin notificar ni dar oportunidad de defensa a las contrapartes— permitiendo que TV Azteca se abstuviera de divulgar información financiera legalmente exigida como empresa que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores.
«Esta orden judicial permite a la empresa blindar información de su desempeño financiero real y continuar fingiendo que ha sufrido dificultades debido a la pandemia de COVID-19. Convenientemente, esto también significa que no hay base para que los prestamistas digan que TV Azteca ciertamente puede pagar la deuda que ahora debe en su totalidad, así como las obligaciones fiscales impagas que también está desafiando», plantea el comunicado de los fondos de inversión.
Entonces, el arbitraje presentado en 2023 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial busca que el Estado mexicano repare con 220 millones de dólares por «la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares por parte de los inversionistas estadounidenses».
Esta acción de Salinas Pliego la califican en el documento del caso CIADI No. ARB/23/33 como un «intento abusivo que lamentablemente fue exitoso» en tribunales mexicanos.
Katherine P. Padgett, asesora legal de los demandantes en este arbitraje contra el Estado mexicano, comentó que en lugar de cumplir con sus obligaciones de pago bajo los términos del préstamo, TV Azteca optó por «jugar» con el sistema judicial.
«México es responsable del mal uso de su sistema judicial a favor de TV Azteca, lo que ha resultado en una clara denegación de justicia para los inversionistas estadounidenses. El arbitraje internacional es la única vía para que los inversionistas hagan valer sus derechos», expuso a SinEmbargo. «Dicho esto, buscamos dialogar con las autoridades gubernamentales mexicanas porque consideramos importante que el poder judicial mexicano actúe conforme a la ley y los principios internacionales del debido proceso».
En 2022 TV Azteca inició un procedimiento secreto ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México solicitando que declarara que la pandemia del COVID-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía a la televisora cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas.
Cinco días después, el Juez Miguel Ángel Robles Villegas les otorgó medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los inversionistas, dictaminando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia, a pesar de que las actividades del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX se habían reanudado por completo seis meses antes, en marzo de 2022.
Cuando los prestamistas buscaron que se levantara la medida cautelar después de que la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública, el Sexagésimo Tercer Tribunal Superior negó esa solicitud con el argumento de que «solo se declararon terminadas las acciones extraordinarias, pero todavía hay casos del virus COVID 19».
Además, el 30 de enero de 2024 la Tercera Sala del Tribunal de apelaciones sostuvo que la medida cautelar debe mantenerse hasta que sea TV Azteca la que notifique a los 35 acusados, lo que, a consideración de los demandantes, no ha sucedido ni sucederá.
«El Tribunal inexplicablemente ha permitido que TV Azteca mantenga esos procedimientos en espera indefinida. La justicia retrasada es justicia denegada. La solicitud de arbitraje se basa específicamente en aquellas irregularidades a las que los inversionistas estadounidenses han sido sometidos involuntariamente», dijo la representante legal Padgett.
Este monto de 500 millones de dólares por bonos de deuda que la televisora emitió continúa aumentando porque aún hoy, a tres años del litigio, TV Azteca permanece protegida de responsabilidad debido a las «acciones indebidas» de los tribunales mexicanos locales, reitera el comunicado.
Piden diálogo con el Ejecutivo
La representante legal Katherine P. Padgett explicó que el arbitraje internacional contra el Estado mexicano, bajo el T–MEC, se presentó porque el proceso judicial en México se llevó a cabo sin respetar los derechos básicos del debido proceso como su derecho a ser notificados.
«México es responsable, bajo el derecho internacional, ante los inversionistas estadounidenses por el mal uso de su sistema judicial en contra de sus intereses y a favor de TV Azteca y del Sr. Ricardo Salinas», se argumenta en el comunicado.
Y agregan en el documento del caso: «¿Para qué servir sumisamente al Sr. Salinas en lugar de trabajar para abordar los graves errores judiciales que el sistema judicial mexicano sigue infligiendo a los demandantes y a los Tenedores de Notas bajo su control?».
En octubre de 2024 la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, informó que los fondos de inversión reclaman al Gobierno federal 220 millones de dólares a manera de indemnización, pues aseguran que la medida cautelar otorgada por un Juez de la Ciudad de México es violatorio al T–MEC, pero, de acuerdo con el Gobierno mexicano, esta indemnización no se le puede imputar al Estado mexicano.
En esta ocasión, y para evitar un litigio y encontrar una solución a esta disputa, la representación legal pidió diálogo con el Poder Ejecutivo para que escuche a los inversionistas de EU porque no creen que el Gobierno de México quiera utilizar recursos públicos para defender una demanda que «intenta justificar acciones del Poder Judicial que protegen ilegalmente a las empresas del Grupo Salinas, además de la incertidumbre que conlleva cualquier litigio de esta naturaleza».
La abogada Padgett agregó por correo electrónico que, aunque el arbitraje internacional es la única vía para que los inversionistas hagan valer sus derechos, «buscamos forjar un camino colaborativo hacia adelante que sirva a los intereses de México, su gente y sus socios e inversionistas internacionales. En vista del Sr. Salinas Pliego y su importante deuda fiscal no pagada, creemos firmemente que nuestros intereses más amplios están estrechamente alineados».
