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La Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Campus Tabasco, ha dado un paso importante hacia la consolidación de su prestigio académico al participar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Los estudiantes de esta institución elaboraron un Informe de Observaciones y Argumentos en calidad de Amicus Curiae (Amigos de la Corte), en el marco de la Solicitud de Opinión Consultiva sobre “Democracia y Derechos Políticos”, promovida por la República de Guatemala.
El equipo, integrado por las estudiantes Chantal Lagunas López, Daely Villorín Reyes, Paola Viridiana Castrejón Gómez, Karla Alejandra Hernández Calcáneo y Valeria Márquez Hernández, fue coordinado por el profesor Diego Enrique Silva Díaz y contaron con el apoyo del Dr. Jose Alfredo Gil Alipi, profesor base de esta casa de estudios. El informe abordó temas clave, como los retrocesos constitucionales en América Latina y el papel de los tribunales en la defensa de la democracia.
En entrevista, la Dra. Liliana Guadalupe Raymundo López, directora del Departamento Académico de Humanidades y Ciencias Sociales de la UAG, destacó la importancia de involucrar a los estudiantes en este tipo de ejercicios académicos: «Este proyecto les permite no solo aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, sino también desarrollar una visión crítica y propositiva frente a los problemas que enfrenta nuestra región. El hecho de que nuestros estudiantes participen en un debate jurídico de esta magnitud demuestra que la academia puede ser un actor clave en la defensa de los derechos humanos y la democracia».
El profesor Diego Enrique Silva, coordinador del proyecto, también resaltó la relevancia de esta actividad: «La Opinión Consultiva sobre ‘Democracia y Derechos Políticos’ podría establecer un nuevo estándar en la protección del derecho a la democracia. Que nuestros estudiantes participen en este proceso es una oportunidad única de incidir directamente en la construcción de este paradigma jurídico».
La participación de la UAG en este ejercicio académico no solo refleja el compromiso de la institución con la formación de juristas críticos y conscientes del impacto de su trabajo, sino que también sienta un precedente sobre cómo la academia puede influir en la consolidación de estándares jurídicos interamericanos.
