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Agencias
Luego de casi dos décadas de negociaciones, este sábado entró en vigor el Tratado de Biodiversidad en Alta Mar, un acuerdo internacional destinado a proteger y garantizar el uso sostenible de las aguas internacionales y del lecho marino, que concentran más de dos tercios de la superficie oceánica del planeta.
La entrada en vigor se dio tras cumplirse el plazo de 120 días posteriores a la ratificación mínima requerida. Hasta el momento, 83 países han formalizado su adhesión, lo que convierte al tratado en un instrumento jurídicamente vinculante para los Estados firmantes, obligándolos a incorporarlo a sus marcos legales nacionales.
El tratado busca salvaguardar ecosistemas marinos que representan más del 90 por ciento del hábitat de la Tierra en términos de volumen, zonas que hasta ahora carecían de un marco legal sólido para su conservación.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró la entrada en vigor del acuerdo y afirmó que se trata de una victoria histórica para los océanos y para la humanidad. Subrayó que la alta mar dejará de ser un espacio sin control y se convertirá en un ámbito de responsabilidad compartida entre las naciones.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la fecha como un hito para la protección oceánica. Señaló que el tratado establece por primera vez un marco jurídico global para conservar la biodiversidad marina fuera de las fronteras nacionales, en un contexto marcado por la crisis climática, la pérdida de especies y la contaminación.
Entre los países que ratificaron el acuerdo se encuentran economías clave como China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. La ONU destacó especialmente el respaldo chino, debido al peso de sus industrias vinculadas al océano, como la pesca, la acuicultura, la construcción naval y el sector energético marino.
Sin embargo, potencias como Estados Unidos, India, Reino Unido y Rusia aún no han ratificado el tratado. En el caso estadounidense, pese a haberlo adoptado en 2023, el proceso quedó suspendido tras el cambio de gobierno.
El acuerdo se sustenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y fortalece el marco legal para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. Además, contribuye de manera directa a los objetivos de la Agenda 2030 y al Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.
El tratado contempla cuatro ejes principales: un reparto justo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, la creación de áreas marinas protegidas, la evaluación del impacto ambiental de las actividades económicas en alta mar y el fortalecimiento de la cooperación científica y tecnológica, especialmente en favor de los países en desarrollo.
Asimismo, establece mecanismos de financiamiento, resolución de disputas y la creación de nuevas instancias, como una Conferencia de las Partes y un organismo científico y técnico. La primera reunión de la Conferencia de las Partes deberá celebrarse en un plazo máximo de un año, previsiblemente hacia finales de 2026.
